La Bonaerense, la Gendarmería y distintos municipios ya usan las cámaras en aparatos a control remoto. Y la policía porteña anunció que está probando el “Metrocóptero”. El llamado de atención de legisladores y especialistas.
Los drones son la nueva moda. Versátiles y accesibles, estos aparatos voladores que no necesitan ser tripulados surgieron en la industria militar. Ahora son el fetiche de la era de la vigilancia. En el camino de consolidarse como una fuerza con una imagen moderna, la Policía Metropolitana dio a conocer que están probando un dispositivo experimental de vuelo: el Metrocóptero. Desde la oposición porteña encendieron las luces de alarma apuntando contra el secretismo del proyecto, un capítulo más en la “guerra de los drones”.
A nivel nacional no es una novedad el usos de unidades de vuelo no tripuladas para combatir el delito: ya la Bonaerense los usa, como pudo verse en operativos efectuados en el marco del Plan de Emergencia en Seguridad. Y la Gendarmería ostentó estos modernos aparatos en el masivo operativo que hizo para contener al narcotráfico en Rosario. Ya los venía usando la Agencia de Recaudación bonaerense para encontrar a contribuyentes en infracción. El municipio de Tigre publicita los dos drones que compró en Holanda para fines policiales, igual que el gobierno puntano. En 2011, los ministerios nacionales de Defensa y de Seguridad habían firmado un acuerdo para desarrollar vehículos aéreos no tripulados.
Lo novedoso que aporta la ciudad de Buenos Aires es que la propia Metropolitana está desarrollando un modelo original. “No existe un límite de posibilidad al cual debamos referirnos, ya que esto es tecnología y con recursos suficientes podrían brindar un sinfín de propósitos. Sólo nos limita nuestra capacidad, imaginación y recursos”, dijo un vocero policial, según consignó el sitio que dio la primicia, iProfesional. Según trascendió, el prototipo “posee dos cámaras, una de ellas transmite video en tiempo real con el objetivo de observar situaciones puntuales. Si se lo requiere, esta información puede ser enviada al destino que se desee”, explicaron las fuentes, que aclararon que las imágenes son de alta calidad pero no despejaron la gran duda: ¿qué harían con las imágenes que registran?
¿Quién dispondrá de ellas y para qué?
Ante la novedad de que la Metropolitana estaba generado su propio dron, un grupo de legisladores opositores puso el grito en el cielo. El bloque Verde al Sur, que coordina el diputado Pablo Bergel, presentó un proyecto de ley para evitar su uso hasta que esté regulado. “Es preocupante porque no está regulado: ellos mismos dicen que el único límite es la imaginación. La ciudad debería esperar a la normativa nacional. Su uso debe ser prohibido hasta que se regulen –planteó el sociólogo Andrés Pérez Esquivel, nieto del Premio Nobel de la Paz y asesor del bloque–. La tecnología no es una solución mágica. Faltan políticas de planificación a mediano plazo para la seguridad democrática. Nuestro proyecto no es tecnofóbico. Es un gran riesgo que no esté regulado el uso de drones que pueden traer problemas, desde la intromisión en la privacidad de la persona hasta potenciales conflictos diplomáticos. No es un problema sólo de la Argentina, sino internacional. España prohibió el uso civil de drones hasta que no quede clara la regulación”, ejemplificó el experto, que alertó que aun las unidades pequeñas pueden ser usadas para agredir a los ciudadanos: “Los drones tienen muchos usos. Pueden tirar gases lacrimógenos. En Estados Unidos se incorporan armas: hay un modelo que se llama Cupid y trae un Taser, una descarga eléctrica”.
El pedido de informes y el proyecto para regular los drones fue acompañado por legisladores de distintos sectores, entre ellos el diputado porteño Pablo Ferreyra: “La utilización de drones en manifestaciones públicas por parte de la Policía Metropolitana es de extrema gravedad. De acuerdo a lo manifestado oficialmente, su uso debería estar acotado a situaciones de emergencia, como incendios y derrumbes”, dijo Ferreyra, dirigente del Movimiento Seamos Libres. Ferreyra, que integra la Comisión de Seguridad y preside la Comisión Especial de Seguimiento y Prevención de la Violencia Institucional, mostró su preocupación por los drones, ya que “la fuerza de seguridad podría estar utilizándolos para realizar tareas de espionaje, algo expresamente prohibido por la Ley de Seguridad Pública de la ciudad. Todo esto se agrava si tenemos en cuenta las intervenciones de la Policía Metropolitana en conflictos recientes. Lejos de avanzar en políticas integrales y efectivas de seguridad democrática, con cada medida en este sentido el gobierno porteño fortalece la ‘policialización’ de la seguridad pública”.
Los usos parecen infinitos y la regulación es escasa. Más allá de los militares y policiales, son utilizados desde para delivery hasta el registro de fotos. Y hasta se habla del periodismo “dron”. En el Mundial de Brasil sobrevuelan los estadios para tomar imágenes. Pero también generaron polémica, luego de que el entrenador francés Didier Deschamps denunciara que uno de esos dispositivos espió un entrenamiento de su selección. “Es muy difícil pelear contra eso por estos días. Aparentemente, se usan cada vez más”, dijo el DT.
Y no le falta razón. Lo que había empezado como un “chiche” militar, que permite a las grandes potencias entrar irregularmente en territorio extranjero y liquidar enemigos sin declarar la guerra ni sufrir bajas, se masificó. Los precios oscilan de 400 dólares por los más básicos a 80.000. Para 2020 habrá alrededor de 30 mil drones en el espacio aéreo de los Estados Unidos, según calculan los expertos. A nivel internacional, se estima una inversión mundial cercana a los 89 mil millones de dólares. Estos dispositivos tienen entre 15 y 20 kilómetros de autonomía. Y logran una altura de 100 metros en pocos segundos, pudiendo llegar a un kilómetro. Están equipados con 4, 6 y hasta ocho hélices y se manejan a distancia, pudiendo tomar imágenes de alta calidad así como transportar distintos objetos. Pesan de 4 a 20 kilos y su longitud puede alcanzar un metro.
La proliferación de drones llevó a que un conjunto de intelectuales y estudiosos en la materia, entre ellos Juan Gabriel Tokatlian y Horacio Verbitsky, elevaran un texto al Consejo de Defensa Suramericano en donde expresaban su preocupación por esta nueva “guerra”. Pero no sólo las fuerzas policiales y militares usan esta tecnología. En el punto de mayor movilización del movimiento contestatario en las entrañas de Estados Unidos, Occupy Wall Street, llegaron a hacer volar su propio dron, que se encargó de tomarle fotografías al de la policía, en un duelo inédito librado en pleno cielo neoyorquino.
En Mendoza está la única firma argentina dedicada exclusivamente a estos aparatos. Gustavo Aguilar, uno de los titulares de la empresa Cóndor, explicó a Veintitrés los pormenores del negocio en el país. “Se inundó el cielo de drones, pero los usan para jugar. Encima es gente que nunca voló ni un avión de aeromodelismo. Nosotros hacemos unidades profesionales”, contó Aguilar, que junto a su socio Enrique Ruiz comenzó hace tres años con este emprendimiento pionero. “Vendimos nuestros modelos a la gobernación de San Luis, a una empresa cinematográfica y a otra que saca fotografías en eventos. También le vendimos uno a una empresa de seguridad que custodia un country en Santiago de Chile. Los drones profesionales pueden costar entre 5 mil y 60 mil dólares. Nosotros vendemos plataformas volantes: las armamos a medida, dependiendo para qué se necesitan. Recibimos cada vez más consultas. Tiene múltiples usos en el estudio de los suelos, de los cultivos y la topografía. Estamos creando uno que sería utilizado para estudiar glaciares”, adelantó Aguilar, que detalló que “en San Luis adquirieron dos. Fueron usados en incendios, en el caso de un niño que se perdió en la sierra y para inteligencia previa a allanamientos. Nos pagaron 10 mil dólares cada uno. El costo incluye la formación para ocho personas del Ministerio de Seguridad provincial”.
Opinión
Costoso efecto simbólico
Por Mario Juliano
Director ejecutivo de la Asociación de Pensamiento Penal
En la medida en que va transcurriendo el tiempo podemos ver los efectos reales de estas medidas que se anuncian. Dicen que las toman para traer más seguridad a la ciudadanía. Pero no lo logran. Sólo alcanzan a generar efectos que son más simbólicos que reales en cuanto a la seguridad. El contexto general nos hace poner en duda que estas inversiones costosas para los ciudadanos tengan consecuencias reales en la vida cotidiana. Desde la Asociación de Pensamiento Penal apoyamos la iniciativa de darles un marco regulatorio a los drones. Es muy importante que detrás de estos instrumentos no se configure un enorme negocio, como suele ocurrir en perjuicio de los ciudadanos. Mal que nos pese, la modernidad nos trae aparejada la sociedad vigilada. Observando el mundo contemporáneo, dudo que esto se revierta. Pero por lo menos tenemos que controlarlo. Tenemos que saber de qué hablamos cuando hablamos de estas medidas de seguridad. Evitar que ocurra lo que suele ocurrir en la industria del delito, o sea que detrás de esto se configuren enormes negociados. Los políticos electoralistas no establecen una agenda de temas de Estado para tratar problemas graves. Entre esos problemas está la seguridad, pero tienen que ser tratados de modo constante y con seriedad. Tiene que existir un marco regulatorio.
Cámaras secretas
¿Dónde están las cámaras de la Metropolitana? ¿Por qué se niegan a inscribirlas en la Defensoría del Pueblo, como obliga la Ley de Protección de Datos Personales? ¿Son realmente 2.000? ¿Por qué cuestan 125.000 pesos cada una? ¿Por qué entregan imágenes a la TV si la ley dice que es información confidencial? ¿Por qué producen en secreto drones que filman?”, pregunta Andrés Pérez Esquivel, que a raíz de estos interrogantes inició una demanda para obligar a la Metropolitana a cumplir la ley 2.602, de videocámaras, que obliga a publicar su ubicación. La Justicia porteña le dio razón al planteo. El juez en lo Contencioso Darío Reynoso ordenó al gobierno de Mauricio Macri que brinde en 30 días la ubicación física de las cámaras de videovigilancia privadas incorporadas a la red pública. “La Metropolitana tiene que cumplir con la ley”, reclamó el sociólogo. “Lejos de planificar, el ministro de Seguridad Guillermo Montenegro propone a los vecinos votar por Facebook y Twitter dónde quieren poner cámaras, sin ningún tipo de correlación con el mapa de criminalidad. Incluso, en varias esquinas instalaron cámaras en los mismos sitios que ya tenía Nación”, se quejó.