A lo largo del último siglo se ha investigado a fondo la inquisición española. Cuando los historiadores se pusieron a ello se encontraron con que no era un asunto especialmente complicado. Todo estaba en los archivos esperando a ser escrutado por ellos. La inquisición española era tan burocrática y formalista que sus escribanos lo apuntaban absolutamente todo, incluidos los detalles más nimios.
De estos estudios se extrae que, a lo largo de los 344 años de existencia del Santo Oficio, se ejecutó a un máximo de tres mil personas, la mayor parte de ellas concentradas durante su primer medio siglo de historia. A partir de mediados del siglo XVI, cuando los judaizantes desaparecen, las condenas a muerte son aisladas: 1.340 entre 1540 y 1700 sobre un total de 44.674 causas juzgadas, es decir, el 3%.
No es de extrañar un porcentaje tan bajo a poco que se examine el procedimiento empleado por la inquisición española, extremadamente garantista para la época y único en Europa. Tanto que los condenados al garrote o a la hoguera podían esquivar la pena si se arrepentían. El arrepentimiento no era necesario que fuese sincero, bastaba con declararlo y que eso constase por escrito. Por el cadalso pasaban los llamados relapsos, es decir, los que se negaban a retractarse.
Podríamos pensar que, tal y como se desprende de la documentación de la época, la inquisición no mató mucho pero que a cambio se entregó a una orgía de sádicas torturas. Tampoco es cierto. Conforme a los trabajos de los expertos la tortura se empleaba de manera excepcional. Los inquisidores se valieron del llamado “tormento” en sólo un 2% de los causas durante tres siglos y medio.
Pero un 2% de sufrimientos indecibles, cuerpos mutilados y miembros amputados sigue siendo mucho. El tormento estaba bien pautado en la normativa interna. No podían torturar hasta la muerte, se hacía siempre con un galeno delante y las sesiones no podían durar más de quince minutos. El manual de procedimiento inquisitorial era tan exhaustivo que prohibía expresamente aplicar tormento a los niños y a las mujeres embarazadas. Un inquisidor podía, claro está, excederse, pero sabía que si persistía en esas prácticas se las tendría que ver con sus superiores.
No había en toda Europa otro tribunal que en los siglos XVI o XVII se anduviese con esos remilgos. En la Europa medieval y moderna se torturaba con fruición y sin tasa para el torturador. Ahí tenemos el variado material de tortura que se conserva en los museos como demostración.
La inquisición española no empleó algunos de los más célebres instrumentos de tortura como la dama de hierro, un invento alemán que fue empleado por primera vez a principios del siglo XVI en Núremberg para ejecutar a un falsificador de moneda. Si los alemanes del sur administraban la espeluznante dama de hierro a un simple falsificador, ¿qué no harían con un hereje?
La teocracia de Calvino
Torturar y ejecutar a la gente por motivos religiosos era la norma en la Europa de aquel entonces. Puede parecernos algo propio de unos bárbaros, y sin duda lo es, pero nuestros antepasados pensaban así y así actuaban. El pasado es el que es, no el que nos gustaría que fuese.
En esto no hubo diferencias entre católicos y protestantes. Ambos persiguieron con igual determinación a sus respectivos herejes. No hay nada similar a un protestantismo ilustrado y tolerante frente a un catolicismo inculto y fanático tal y como posteriormente difundió la leyenda áurea de la Reforma. En algunos lugares como la Ginebra de Calvino los reformadores llegaron incluso a instaurar una teocracia no muy diferente a la que hoy persiguen los fundamentalistas islámicos.
Calvino creo un Consistorio con plenos poderes para reprimir la herejía y vigilar la observancia estricta de la nueva ley impuesta por la Reforma. Se prohibieron el juego, el baile, el teatro, los juramentos y las canciones que no fuesen de temática religiosa. Era obligatorio asistir a los oficios y aprender el catecismo calvinista. No se podía rezar en latín, tampoco emborracharse y, por descontado, poner en duda doctrinas como la de la predestinación era pasaporte seguro a un proceso sumario.
Las penas administradas por el Consistorio de Calvino hubieran hecho palidecer al más bragado miembro del Consejo de la Suprema Inquisición. A James Gruet, por ejemplo, lo torturaron con saña durante todo un mes en el potro por decir que los textos de Calvino eran tonterías. Después de eso le clavaron los pies a una estaca y lo decapitaron tirando de su cabeza hasta desprenderla del resto del cuerpo.
A los hermanos Comparet los desmembraron y arrojaron sus restos junto al camino de entrada en la ciudad. Su pecado había sido quejarse públicamente del exceso de extranjeros que acudían a Ginebra al llamado de Calvino, que decía estar levantando la ciudad de Dios en la Tierra.
A diferencia de Calvino y su consejo, la Suprema de la Inquisición española jamás tuvo capacidad de moldear la sociedad a su antojo o de cambiar las leyes. Más bien al contrario, fue la Corona la que hizo un uso intensivo de esa institución como policía auxiliar con la ventaja de que estaba presente en todos sus reinos, incluidos los de Indias.
No hay comparación con los genocidios del siglo XX
Con todo, tres mil muertos en 340 años sigue siendo mucho. Hoy algo similar sería intolerable. Pero es que la inquisición no se abolió ayer, sino hace dos siglos. Sólo en el campo de Treblinka los alemanes asesinaron a unas 800.000 personas en poco más de un año entre el verano de 1942 y el otoño de 1943. Podríamos continuar con cualquiera de los campos de la Operación Reinhard o con el de Auschwitz, en el que fueron exterminados más de un millón de inocentes hace poco más de setenta años.
En el último siglo hubo genocidios premeditados en Alemania, en Ucrania, en Armenia, en los Balcanes, en Ruanda, en la China Popular, en el Kurdistán y en Camboya. Todos de naturaleza política y algunos muy recientes.
La inquisición española se abolió oficialmente en 1820 pero ordenó su última ejecución en 1781, un año antes de que en el cantón protestante de Glaris, en Suiza, se decapitase a la última bruja de Europa occidental. En la Europa oriental se seguirían ejecutando brujas unos cuantos años más.
El ensañamiento de protestantes y católicos con las brujas en la Europa de los siglos XVI y XVII es digno de estudio, pero curiosamente nunca despertó tanto interés como la inquisición española de esa misma época.
Entre mediados del siglo XVI y finales del XVIII fueron ejecutadas más de 50.000 brujas, la mayor parte de ellas en Alemania, en grandes juicios como los de Tréveris de 1581, los de Fulda de 1603 o los de Bamberg de 1626. Pero los alemanes no fueron los únicos. Se persiguió a las de brujas de un modo sistemático y organizado en Inglaterra, en Escocia, en Suecia, en Francia, en Suiza y, por supuesto, en las colonias inglesas de Norteamérica como la de Massachusetts, donde se desató una caza de brujas en la última década del siglo XVIII, los famosos juicios de Salem en los que fueron condenadas a muerte veinte mujeres entre 1692 y 1693.
Los jueces coloniales británicos en Massachusetts no escatimaron imaginación para administrar las condenas. Giles Corey, una anciana de 81 años acusada de brujería, fue ejecutada mediante una pena conocida como “peine forte et dure“, consistente en tumbar al reo e ir depositando pesadas losas de piedra sobre su pecho hasta que muriese por asfixia. Corey tardó dos días en morir, tras lo cual sus bienes fueron incautados por la corona inglesa.
¿Y en España?, ¿se persiguió a las brujas en España? Si, naturalmente, pero sin demasiado entusiasmo. La inquisición condenó a la hoguera a 59 mujeres brujas en tres siglos y medio. Habida cuenta de que en todo este tiempo pasaron por la Suprema 125.000 causas la incidencia de la brujería es puramente anecdótica: sólo un 0,05% de los condenados por la inquisición fueron brujas.
La razón por la cual los inquisidores pasaron por la pira a tan pocas brujas reside en el mismo procedimiento inquisitorial y en todas las garantías que entrañaba para el reo. Veamos un ejemplo. En 1525, a raíz de un episodio de brujería en los pueblos y aldeas del Pirineo navarro, el inquisidor general Alonso Manrique convocó una junta de teólogos y juristas para deliberar antes de precipitarse y desatar el terror en aquellos remotos valles. Los expertos concluyeron que si se podía probar algún asesinato por inspiración diabólica la investigación correspondía a la jurisdicción real, no a la eclesiástica.
Todo lo más que podía hacer la Iglesia era predicar y sacar al pueblo del “error en que han estado dichas brujas y como han sido engañadas por el demonio“. Acordaron también “hacerles algunos sermones en su lengua“, es decir, en el vascuence de las montañas. Los inquisidores, por lo general gente leída que había pasado por la universidad, entendían que la brujería en ciertas zonas montañosas se debía más a la ignorancia de las gentes que al hecho de que el maligno anduviese enredando por ahí.
Estos detalles tan ilustrativos de la inquisición son inexplicablemente desconocidos y suele comprarse la versión simple pero falsa, apuntalada por siglos de propaganda, de que se trataba de una cuadrilla de psicópatas que manejaba a su gusto todos los asuntos del reino y, sobre todo, que su razón de ser -la persecución religiosa- fue una peculiaridad española mientras en el resto de Europa imperaba la tolerancia. Nada de ello es cierto, pero no hay planta que eche raíces más profundas que un buen relato lleno de mentiras y bien contado.