Se trata de Ana María Figueroa, quien obtuvo el apoyo del kirchnerismo para seguir 5 años más como vocal en la Cámara de Casación Penal.
La camarista Ana María Figueroa, la jueza que debe decidir si se reabre la causa Hotesur y lleva a juicio oral a Cristina Kirchner volvió a ratificar este miércoles en el Senado que hay un “ensañamiento” contra la vicepresidenta al tiempo que deslizó que “muchas veces le llegan causas armadas” vinculadas a conflictos de la política.
Figueroa, quien en agosto cumplirá 75 años, edad límite para su cargo, obtuvo el apoyo del kirchnerismo para seguir otros cinco años como camarista durante la segunda jornada de audiencias públicas en la que se trató un paquete de 47 pliegos enviados en abril por Alberto Fernández.
Vestida con una camisa blanca con volados en los puños, un trajecito de color verde oscuro, con una cartera y zapatos al tono, la jueza llegó al Senado acompañada de tres colaboradores. Se sentó en la última fila de los lugares asignados a los candidatos y siguió con atención las exposiciones de aspirantes a jueces, fiscales y defensores.
El pliego que da continuidad a Figueroa como vocal de la Cámara Federal de Casación Penal llegó sin impugnaciones al Senado, pese a que en el Consejo de la Magistratura hay una denuncia por la demora en su pronunciamiento al pedido del fiscal ante la Cámara de Casación, Mario Villar, para anular el sobreseimiento de la vicepresidenta y que vaya a juicio oral.
Justamente el clima de la audiencia se tensó cuando desde la oposición le preguntaron por esta causa que involucra a Cristina, junto a sus hijos Máximo y Florencia, quienes fueron imputados por presunto lavado de activos, consignados a través de inmuebles y hoteles a nombre de la familia Kirchner por los empresarios Lázaro Báez y Cristóbal López.
La senadora Guadalupe Tagliaferri (Juntos por el Cambio) se sirvió de unas declaraciones que la jueza hizo en diciembre del año pasado, cuando dijo que “hubo casos de ensañamiento judicial” contra la vicepresidenta durante la gestión de Mauricio Macri. Por eso, la legisladora le preguntó si esa situación está condicionando su opinión en la causa Hotesur.
Fue así que la magistrada ratificó sus dichos de que “no es habitual, no es razonable, no hubo ningún otro caso que a alguien se lo cite a ocho declaraciones indagatorias”, en referencia a las citaciones de Claudio Bonadío. Aunque la ex presidenta fue indagada en ocho hechos de tres causas y no respondió preguntas y solo entregó un escrito con su descargo.
Respecto de la acusación presentada en su contra por retener la causa Hotesur, la jueza dijo que “eso es absolutamente mentira”. Explicó que está tratando de “llegar a consensos” con los otros miembros de la cámara, pero que “en temas tan delicados y tan graves que afectan a cuestiones del país, no es sencillo”. “No tengo ningún feedback con el Poder Ejecutivo para que yo dé mi fallo si me dan el acuerdo o no”, remarcó la magistrada.
Luego fue el radical Julio Martínez quien señaló el llamativo interés del oficialismo para que siga y le preguntó, más precisamente, si tuvo contacto con dirigentes del kirchnerismo y del Gobierno. “No conozco ni dónde funciona el Instituto Patria, ni estuve en contacto con el Poder Ejecutivo”, respondió.
Y cuando el senador riojano le preguntó sobre la discrecionalidad del kirchnerismo para que unos jueces sigan y otros no al pasar la edad jubilatoria, Figueroa contestó que “eso se lo debe responder Alberto Fernández”. Fue en ese tramo que se quejó porque hay conflictos de la política que se judicializan. “Muchas veces nos llegan causas armadas que debieron haberse resuelto en el ámbito de la política”, completó la jueza.
El kirchnerismo no tiene inconveniente para emitir dictamen de comisión a favor de los pliegos enviados por el Gobierno porque con 10 senadores tiene la mayoría contra 7 de la oposición.
Por eso, el oficialismo hizo circular todos los pliegos enviados por el Gobierno para la firma del dictamen y luego decidirá cuáles son rechazados. Es que hay diferencias sobre los cinco postulantes que recibieron impugnaciones, por lo que decidieron tomarse unas 48 horas. Sin embargo, José Mayans dejó en claro que van a acompañar la continuidad de Figueroa.
Vale aclarar que el Frente de Todos no tiene garantizado que los pliegos vayan a ser validados en el recinto, dado que al perder la primera minoría deberá buscar un acuerdo con la oposición para conseguir el quórum.
En Juntos por el Cambio siguen con atención la maniobra del kirchnerismo. Es que en paralelo, el Frente de Todos apura una sesión previa para habilitar el tratamiento en comisión de un segundo paquete de pliegos que ingresó el 10 de mayo y entre los que figuran varios candidatos afines al kirchnerismo.
Se trata de 18 pliegos que esperan que se convoque a una sesión en lo inmediato para que así puedan ser tratados en la comisión de Acuerdos, que preside la camporista Anabel Fernández Sagasti. Pero entre los postulantes está Juan Rafael Stinco, un abogado cercano a Axel Kicillof, cuya postulación fue cuestionada por “inconstitucional”.
Tres abogadas que habían sido ternadas para ocupar el cargo le enviaron al presidente Alberto Fernández un recurso de consideración mediante el cual pidieron la suspensión de la designación y el retiro del pliego.
A esto se agrega que en el mismo paquete está María Laura Manín, subsecretaria de gestión administrativa del Ministerio del Interior y con llegada a Eduardo “Wado” de Pedro. La funcionaria fue designada para la sala de Defensa de la Competencia de la Cámara Nacional Civil y Comercial.
En la oposición especulan que el objetivo del oficialismo es reunir todos los pliegos, casi un centenar entre los que ingresaron este año y los pendientes de septiembre de 2022, para aprobarlos en una sola sesión, ya que es un esfuerzo reunir el quórum, más en época de campaña electoral.
“Es un manotazo de ahogado a cinco meses de dejar el Gobierno”, sintetizó una senadora del PRO, quien confirmó que en Juntos por el Cambio no hay intención de acompañar al oficialismo.
Entre los postulantes hubo cinco pliegos con impugnaciones
Este miércoles se presentaron 23 postulantes para vacantes de tribunales de la Ciudad de Buenos Aires y de la provincia de Buenos Aires, de un paquete de 47 pliegos que envió en abril el Poder Ejecutivo.
Del total de postulantes hubo cinco que recibieron impugnaciones. Uno de los más cuestionados fue el juez Hernán Diego Papa, que como ya informó este diario fue quien al estar a cargo del Juzgado Comercial Nro. 12 decretó la quiebra del Banco Finansur S.A. propiedad del empresario K Cristóbal López.
Papa, que fue relacionado con el entonces vicepresidente Amado Boudou y ahora está propuesto como vocal de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial, fue denunciado ante la Magistratura por la Unión de Empleados de la Justicia Nacional (UEJN).
En una denuncia presentada el 16 de mayo, la organización sindical acusó al juez de “abuso de autoridad, amenaza, agresión física y maltrato laboral cotidiano resultando configurativos de violencia y acoso por razón de género”. En la presentación se ofreció el testimonio de casi 50 empleados que dijeron ser víctimas o testigos del accionar del juez.
También existe una impugnación presentada por la jueza Julia Villanueva, de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial de la Capital Federal, casi en los mismos términos que la denuncia realizada por el sindicato de los judiciales. Sin embargo, Papa rechazó las acusaciones y dijo que todo es “falso”.
Gerardo Pettigiani, quien fue propuesto para la Cámara del Tribunal Oral de Menores nro. 3 de la Capital Federal, también recibió dos impugnaciones y se lo acusa de “actitudes de destrato laboral lindantes con la falta de ética”. Pero al candidato también negó las imputaciones.
Diego Martin Matteucci, quien fue propuesto como juez de Cámara del Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Jujuy, fue cuestionado por el faltante de casi 60 kilos de cocaína en un depósito judicial ocurrido en 2018, cuando se desempeñaba como secretario penal del Juzgado Federal de Primera Instancia Nº 1 de Jujuy.
La jueza Carina Gregoraschuk, propuesta para el juzgado federal de Primera Instancia de Jujuy, fue impugnada por hechos ocurridos durante su trabajo en la justicia penal de San Luis, donde en 2008 ordenó la detención del entonces ministro de Seguridad, coronel retirado Guillermo López.
Un año antes Gregoraschuk había sido reprobada en un examen para ascender al cargo de camarista penal, luego de que el tribunal examinador notara que se había copiado una sentencia. Aunque la jueza lo rechazó en el Senado.
El último de los postulantes que recibió impugnaciones es Fernando Poviña, quien fue propuesto para la Cámara de Apelaciones de Tucumán y fue cuestionado por incumplir un dictamen del un tribunal de Comodoro Py en una causa por contaminación.