El fiscal Garganta que lo investiga por lavado pedirá la declaración de Wagner. Sospecha que en la Provincia funcionaba otro sistema de recolección.
El ex gobernador y actual diputado Daniel Scioli está a punto de quedar implicado en el caso de los cuadernos de las coimas. Tras la declaración como arrepentido del empresario Carlos Wagner, el fiscal platense Álvaro Garganta tomó la decisión de enviarle un oficio al juez Claudio Bonadio para que le mande la declaración completa del ex presidente de la Cámara de la Construcción. Garganta, que investiga a Scioli en un mega expediente sobre lavado de dinero, detectó que en esa causa -que está a punto de elevar a juicio oral- figura una declaración testimonial del financista Leonardo Fariña en la que describe que Wagner, Scioli y el ex ministro de Planificación Julio De Vido habían armado un sistema de reparto irregular de obras públicas para que siempre las ganen las mismas empresas. El fin último de esa estructura era “vaciar” el Estado, aseguró el ex valijero.
Esa declaración de Fariña, según Garganta, es muy similar a la que dio Wagner como arrepentido sobre el “Club de la Obra Pública” con las obras nacionales. El oficio que firmó el fiscal solicitando la declaración de Wagner es el primer paso para arrancar una investigación que vincule a Scioli con el caso de los cuadernos. ¿Acaso el sistema de recolección también tenía ramificaciones en la Provincia? Es una de las preguntas que intentará responder el fiscal.
Fariña declaró como testigo -estaba obligado a decir la verdad- en el expediente de lavado que involucra a Scioli en el año 2016. El valijero aseguró que en la provincia se había montado un cartel entre empresarios y funcionarios que estaba estructurado para armar licitaciones irregulares en la provincia. “La obra pública en la provincia se manejaba entre Wagner, que era el presidente de la Cámara de la Construcción, el gobernador de la provincia y el ministro de Planificación que era De Vido. Estos modelos se replicaban en otras provincias”, declaró ante la Justicia.
Según Fariña, el gobierno de Scioli no quería que Lázaro Báez ingresara a hacer obras en Buenos Aires y le ponían todo tipo de trabas. Por esos días, Fariña trabaja junto al empresario K. Además de implicar a Wagner, el financista nombró como partícipe de la movida a Gustavo Weiss, quien lo reemplazó al frente de la Cámara de la Construcción.
En su testimonio judicial, el financista aseguró que el sistema de reparto de licitaciones se armó entre el 2010 y el 2011. “En la Cámara Argentina de la Construcción se armaban obras en comisión o subcomisiones. Estas se dividían en viales, infraestructura y conurbano. Y allí mismo se elegía la empresa que iba a ser la adjudicataria de la obra en cuestión” aseguró. Y fue más allá: “Se ponían de acuerdo una determinada cantidad de empresas ya sabiendo quién iba a ser adjudicataria y cuatro ofertaban por encima de la quinta que iba a ser la ganadora”.
En su declaración como arrepentido, Wagner reveló la trama de las adjudicaciones irregulares y los retornos. Las similitudes con las afirmaciones de Fariña son sorprendentes: “Las empresas se reunían en los lugares establecidos y determinaban el ganador de la licitación en función de su interés por la obra y del volumen de trabajo que tenían. Una vez adjudicada la obra, el compromiso era abonar para gastos políticos, para necesidades políticas, el anticipo que estaba establecido en los pliegos”, dijo el empresario.
La constructora de Wagner, Esuco, ganó varias licitaciones durante la gestión de Scioli. Una de ellas, la canalización del arroyo El Gato, estuvo rodeada de polémicas por los constantes atrasos. El proyecto se la habían otorgado a fines de 2013 tras las inundaciones de La Plata que dejaron casi un centenar de muertos. Pero en 2014, un concejal del GEN, Gastón Crespo, pidió que se investiguen los anticipos que le habían entregado porque la obra no avanzaba. Eran $ 50 millones que le había enviado la Provincia.
Según declaró Wagner en el expediente de las coimas, esos anticipos financieros eran “el retorno” que debían entregarle a los funcionarios nacionales. La Justicia platense buscará determinar si en la gestión Scioli pasaba lo mismo.