La decisión judicial pone fin a una crisis política en uno de los países más estables de una región acostumbrada a conflictos y golpes militares.
La justicia de Samoa puso fin este lunes a semanas de crisis política al confirmar los resultados electorales del pasado 9 de abril, lo que puede suponer el desalojo del poder del actual primer ministro tras 22 años y abre la puerta a la primera mujer al frente del Gobierno en esta nación insular del Pacífico.
El Tribunal Supremo de Samoa consideró que el jefe de Estado de Samoa, Tuimalealiifano Va’aleto’a Eti Sualauvi II, no tenía autoridad para convocar nuevos comicios, después de que el viernes anunciara nuevas elecciones para el 21 de mayo, según informó el portal del Samoa Observer.
El Supremo también dio al Parlamento un plazo de 45 días, que se cuentan desde los comicios del 9 de abril, para reanudar sus sesiones legislativas, fecha en que se prevé que la líder opositora Fiame Naomi Mata’afa sea elegida como primera ministra, la primera en la historia del país.
La decisión judicial pone fin a una crisis política en uno de los países más estables de la región, que se generó a raíz de la ajustada victoria por tan solo un escaño del partido opositor, contra el primer ministro, Tuilaepa Aiono Sailele Malielegaoi, quien gobierna el país desde 1998.
El partido de Tuilaepa obtuvo un escaño adicional gracias a la decisión de la Comisión Electoral de añadir un nuevo asiento bajo el pretexto de mantener la representación mínima legal de cinco mujeres en el hemiciclo (no alcanzada en las votaciones), una decisión que suponía un empate entre los dos partidos y que también ha sido anulada por el Tribunal Supremo.
La crisis en Samoa, país estable en una región insular acostumbrada a conflictos y golpes militares, se da en un contexto en el que Tuilaepa busca que el Parlamento apruebe leyes que “socavarían la independencia judicial y el Estado de derecho” en el país, según un artículo de la abogada samoana Fiona Ey en la revista ‘The Interpreter’.
La división política en Samoa es atípica en la historia de este país, habitado por casi 200.000 habitantes, y donde gobierna desde 1982 el Partido para la Protección de los Derechos Humanos, liderado desde 1998 por Tuilaepa, quien en los comicios de 2016 fue reelegido con el 94% de los votos.
En los últimos años, la oposición ha acusado al primer ministro, quien se presenta como “el enviado de Dios”, de prácticas poco democráticas y culpa de la mala gestión del brote de sarampión en 2019 que causó 83 fallecidos.