El juez Marcelo Martínez De Giorgi quiere evitar que los inmuebles se vendan antes de la finalización del proceso.
El kirchnerismo trata de explicar que los casos de corrupción producidos entre 2003 y 2015 que se revelaron –algunos de ellos llegaron a juicio oral y público- son producto de una persecución política-judicial-mediática a la que llamaron “lawfare”. El relato señala que no hubo corrupción sino que los casos fueron armados sin pruebas y tenían como finalidad manchar la imagen de un gobierno “nacional y popular” rechazado por los poderes concentrados.
En ese relato es difícil hacer encajar el caso del súbito e ilícito enriquecimiento de Daniel Muñoz, un oscuro empleado público fallecido en marzo de 2016 cuyos únicos ingresos registrados fueron los que obtuvo como secretario privado de Néstor y Cristina Kirchner.
Como consecuencia de lo revelado en el Caso Cuadernos, Muñoz fue señalado como el receptor primario de los bolsos repletos de dólares en los que se cargaban las coimas que los empresarios de varios sectores de la economía les pagaban a los funcionarios del gobierno kirchnerista. Muñoz recibía bolsos que tenían como destinatarios a sus jefes. Así y todo en su papel de intermediario menor en el delivery de coimas Muñoz amasó una fortuna (detectada) de unos 70 millones de dólares.
El contador de los Kirchner, Alejandro Manzanares confesó haber armado sociedades para que Muñoz lavara dinero proveniente de la corrupción. Parte de esa fortuna construida en la ilegalidad está en las islas de Turks and Caicos donde el ex funcionario público adquirió tierras frente al mar para construir un complejo turístico. Esos terrenos están valuados en 30 millones de dólares que el Estado argentino intenta recuperar.
El capítulo del bolsero Muñoz, derivado del Caso Cuadernos, estuvo en manos del juez Claudio Bonadio hasta su fallecimiento en febrero del año pasado. Subroga desde entonces el juzgado 11 el juez Marcelo Martínez De Giorgi.
El 23 de diciembre pasado el juez Martínez de Giorgi ordenó el embargo de varias propiedades que- se demostró- había comprado la banda de Muñoz en distintos lugares de la Argentina. En una resolución a la que accedió Infobae señaló que se embargaban los bienes de la asociación ilícita que condujo Muñoz, porque pueden llegar a ser vendidos antes de que llegue una posible condena. El juez dijo que “debe tenerse presente que, a partir de la modalidad económica de los delitos aquí pesquisados, existe una fundada sospecha de que los nombrados dispongan de los bienes que integran su patrimonio, con anterioridad al dictado de una eventual sentencia. Además, en cuanto a los bienes de los imputados y de las empresas vinculadas, que fueron adquiridos en algunos casos paralelamente y en otros con posterioridad a esos hechos, es posible sostener que fueron adquiridos con el producido del delito, por el cual se encuentran procesados”. El Caso Cuadernos y el de la banda de Muñoz ya fueron enviados a juicio oral y público.
En la resolución por la que embargó e inmovilizó 26 bienes, Martínez De Giorgi hizo un listado con tres grupos de propiedades que compró la banda de Muñoz. En el primero se anotaron los bienes que ya fueron decomisados. Allí se listaron 28 bienes, entre garajes, un departamento de Puerto Madero, una casa de Mar de las Pampas, y otras propiedades en Capital y en Santa Cruz, la tierra prometida del kirchnerismo.
El segundo grupo de 26 bienes está integrado por los que fueron identificados en los últimos tiempos de acuerdo a los informes que mandaron al juzgado los distintos registros de la propiedad inmueble y automotor. Esos son los embargados y sobre los cuales se dispone la prohibición de innovar.
El tercer grupo es el de los bienes que fueron incorporados al patrimonio de los imputados durante el lapso en que se sospecha que lavaron dinero de la corrupción pero que en ese mismo período fueron transferidos a terceros. Esos bienes llegan al número de 33. En ese grupo hay autos, terrenos en Mar del Plata, departamentos en Capital, cabañas en Lago Puelo, quince departamentos en una torre de Vicente López, estancias en Santa Cruz y un inmueble en la calle Néstor Kirchner de Río Gallegos.
La banda de Muñoz compró propiedades en Estados Unidos. Eligió las ciudades de Miami y Nueva York para invertir el dinero ilegal. Luego se vendieron y el dinero obtenido tuvo diferentes destinos. Con algo de lo que se hicieron compraron bienes en el país y algo viajó a Turks and Caicos. Todo fue hecho por Muñoz, sus testaferros y empresarios que contribuyeron a la estructura de lavado de dinero de quien fuera el recolector de los bolsos de las coimas que según las denuncias eran llevados a donde vivían los Kirchner.