El fiscal prepara una batería de medidas en el caso Ciccone y en otra causa.
Apenas termine la feria judicial, dentro de una semana, la situación de Amado Boudou saldrá del limbo veraniego. El fiscal federal Jorge Di Lello prepara una solicitud con una batería de medidas de prueba para avanzar en las causas en las que el Vicepresidente -hoy en ejercicio del Poder Ejecutivo por el viaje de la presidenta Cristina Kirchner a Cuba- es investigado, por su incremento patrimonial y porque supuestamente intentó quedarse con la imprenta Ciccone a través de testaferros.
Fuentes cercanas al expediente dijeron a La Nación que la fiscalía impulsará un pedido con decenas de declaraciones testimoniales. Di Lello intenta precisar con ellas la ruta del dinero que llegó a las arcas de la ex imprenta Ciccone, con el propósito de sanearla y evitar su quiebra.
Además, la fiscalía prepara otra medida para relanzar el caso en el que se investiga a Boudou por enriquecimiento ilícito. El juez federal Ariel Lijo ha recabado ya centenares de documentos sobre los bienes del Vicepresidente, sus declaraciones juradas y las de sus familiares cercanos, además de la información fiscal de su novia, Agustina Kämpfer.
A fines del año pasado, el juez Lijo ordenó en el expediente hacer un peritaje, pero nunca lo puso en marcha. Di Lello quiere motorizar esa parte de la causa, por lo que pedirá la designación de un perito contador con la intención de iniciar el análisis de las cuentas de Boudou, sin perjuicio de la documentación pedida por el juzgado mediante centenares de exhortos enviados a fines del año pasado. Las respuestas a esos exhortos aún no llegaron a los tribunales.
En silencio, durante las vacaciones de verano y cuando casi no hay gente en los pasillos de los tribunales federales de Retiro, hay una actividad inusual en la fiscalía. En el quinto piso, cerca de la ventana que da sobre el Río de la Plata, secretarios que usualmente no están en enero en tribunales caminan con pilas de papeles de un despacho a otro. El fiscal se tomó los primeros días del año, pero ya volvió al trabajo y mantiene el secreto sobre lo que prepara. Un funcionario judicial que sigue cuerpo a cuerpo la causa dejó de lado el verano para pulir el escrito que prepara la fiscalía.
Entre los testigos que el fiscal quiere escuchar se cuentan los titulares de las mutuales y cooperativas de crédito que aparecen aportando los fondos que le permitieron a la ex Ciccone zafar de la quiebra y mantener su giro comercial, pagando sueldos y sin despedir empleados.
Se trataría, al menos, de $ 50 millones. Esos fondos, según Alejandro Vandenbroele, abogado monotributista y ex director de la ex Ciccone hasta su estatización, provino de la Cooperativa de Crédito Marítima del Sur, Federalia Sociedad de Finanzas y Maxifarm. Todos esos aportes de dinero están unificados en cabeza de Mayer Business Corporation, propiedad del banquero Raúl Moneta y la misma sociedad que realizó el primer aporte de capital en The Old Fund, a través de la accionista uruguaya Dusbel, en octubre de 2010.
Otra alternativa que se investiga es si los fondos no fueron aportados por el banquero Jorge Brito, del Banco Macro, cuya declaración testimonial también pidió el fiscal Di Lello. En esta hipótesis, Moneta solo habría hecho el fronting para que Brito aportara el dinero. El Banco Macro acumula vínculos con el caso Ciccone. Entre otros, allí operan las cuentas de The Old Fund y de su ex socio minorista Sergio Martínez, quien estuvo prófugo de la justicia de Estados Unidos y pagó dos camionetas Kia para la precandidatura porteña de Boudou con cheques de ese banco. Además, el ex alto ejecutivo del Banco Macro, Máximo Lanusse, ingresó a la nueva Ciccone como su número dos.
El fiscal quiere, además, que desfilen por tribunales los titulares de las cooperativas de crédito y mutuales que aparecen en el pase de manos del dinero que aterrizó en la ex Ciccone. Y quiere que expliquen cómo fue la asistencia financiera a la empresa y de quién era la plata.
The Old Fund es la misteriosa firma que aportó dinero para evitar la quiebra de la ex Ciccone. Detrás de ella aparecieron el fondo holandés Tierras International Investments CV y, luego, la firma uruguaya Dusbel SA, con acciones al portador.
Ciccone estaba en problemas con la AFIP por una deuda impositiva impagable que la ponía al borde de la quiebra. Según declaró Nicolás Ciccone, uno de los fundadores de la imprenta, a la Justicia, buscaron acercarse a Boudou para evitar la quiebra de la firma. Dijo que a través de Guillermo Reinwick, un intermediario, yerno de los Ciccone, lo cruzaron en Telefé, cuando el vicepresidente daba una entrevista.
Reinwick, Ciccone y su hija Olga Beatriz afirmaron que Boudou deslindó en su socio y amigo, el marplatense José María Núñez Carmona, las negociaciones; y dijeron que lo que les proponían era salvar la empresa a cambio de quedarse con el 70% de las acciones.
El primer paso para sanear la empresa fue un aporte de The Old Fund, que se quedó con el control de la ex Ciccone hasta su estatización. Esa firma, presidida por Vandenbroele, colocó al menos $ 50 millones que permitieron darle oxígeno, empezar a pagar a la AFIP y operar.
Simultáneamente, la ex Ciccone dirigida por Vandenbroele obtuvo un plan de facilidades inédito para afrontar la deuda. En el expediente de la AFIP en el que se tramitó el beneficio, suscrito por Ricardo Echegaray, el vicepresidente Boudou fue convocado por el titular del organismo recaudador para que dictamine si correspondía beneficiar a la imprenta.
Vandenbroele y Boudou juran que no se conocen, a pesar de que el abogado vivió en el departamento de Puerto Madero del Vicepresidente, pagó el cable y las expensas. La ex mujer de Vandenbroele, Laura Muñoz, declaró que para ella su ex esposo era testaferro de Boudou. La Justicia confirmó la validez de ese testimonio. Tras la feria de verano podría quedar más claro cuál era en realidad el vínculo entre ambos.