El operativo incluyó un amplio despliegue policial y fue avalado por el municipio, a pesar de que las tierras estarían fuera de su jurisdicción. La defensa habló de «exceso» en la ejecución.
El Ministerio Público Fiscal de Río Negro lideró este martes un operativo para retirar una tranquera que los integrantes de la comunidad Lof Buenuleo instalaron en el único acceso al predio que usurparon desde 2019. En ese sentido, las 92 hectáreas fueron restituidas a su propietario.
El operativo contó con la presencia de un centenar de efectivos de la Policía de Río Negro y de trabajadores del municipio, quienes retiraron los obstáculos del trayecto, que en los registros catastrales figura como camino público.
La Justicia ordenó el desalojo de las 92 hectáreas que en 2019 usurpó la familia Buenuleo y otras personas que se autoproclaman mapuches. Condenó a algunos de sus integrantes y ordenó la restitución al denunciante, Emilio Friedrich, quien acreditó y documentó la posesión del lugar durante el juicio.
A fines de la semana pasada, los mapuches acataron la orden de retirarse voluntariamente del predio que ocupaban. Sin embargo, para impedir al denunciante a que tome posesión de las tierras que habían usurpado, se instalaron en un camino vecinal que es el único ingreso al sitio.
El abogado querellante Alejandro Pshunder cuestionó a los mapuches por esa decisión y anticipó nuevas presentaciones judiciales para lograr que se retiren.
La fiscal jefe de Bariloche, Betiana Cendón, encabezó este martes una diligencia para garantizar al dueño del lugar que acceda a su territorio, teniendo en cuenta la orden de la jueza Romina Martini para expulsar a los intrusos.
“Los caminos no pueden estar obstruidos porque en este caso se trata del único acceso, nosotros nos manejamos con la institucionalidad y la que responde al ingreso es la Municipalidad de San Carlos de Bariloche quien nos entregó una orden indicando que se debía liberar el paso”, aseguró la fiscal
Camiones del municipio local formaron parte del operativo y retiraron una tranquera que estaba allí. Es que, de acuerdo a la información que aportó Cendón, el sitio donde se instalaron es una calle vecinal y obstaculizarla, es otro delito.
Durante el operativo, uno de los integrantes del lof fue detenido por intentar embestir a uno de los efectivos policiales que formaba parte del despliegue de uniformados que dispuso la Policía de Río Negro.
En declaraciones mediáticas, los abogados de la defensa defendieron el comportamiento de los mapuches y afirmaron que la orden de desalojo sólo contemplaba las 92 hectáreas que habían desocupado, aunque no así el resto del predio.
La medida judicial de este martes echó por tierra el argumento de los letrados. Cuando los intrusos tomaron posesión del camino vecinal, Pshunder anunció que radicaría una nueva denuncia por turbación de la posesión y falsedad ideológica, por intentar permanecer en el territorio “haciendo alusión de normativa inexistente o que perdió vigencia”.
En el transcurso de 2024, la Justicia de Bariloche condenó a cinco integrantes de esa comunidad mapuche por la usurpación de las tierras e imputó a dos de ellos por obstaculizar una audiencia pública a través de una amenaza de bomba.
Durante el juicio, los investigadores confirmaron la preexistencia del grupo en la zona – que incluso se denomina “Pampa de Buenuleo” aunque fueron condenados por ingresar con “con violencia y clandestinidad”.
Los antecesores de quienes integran el lof en la actualidad, concretaron distintas operaciones inmobiliarias que son desconocidas por los herederos, quienes tratan de recuperarlas a partir de una supuesta “recuperación ancestral”.
La ex titular del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), Magdalena Odarda, defendió el accionar de los usurpadores al argumentar su preexistencia en el territorio: “Están hace más de 130 años”, aseguró la ex funcionaria, quien fue citada como testigo durante el juicio.
Durante el juicio, declaró a favor de los mapuches. Defendió además una resolución emitida durante su gestión a través de la cual reconoció al lof Buenuleo como propietaria de más de 600 hectáreas, dentro de las cuales se encuentran las 92 que desaojaron la semana pasada.
Dicha resolución fue refrendada dos años más tarde por el sucesor de Odarda, aunque Ariel Avruj, actual presidente del organismo, anuló dicho reconocimiento.