Las audiencias serán el 26, 27 y 30 de este mes en la sede del escuadrón 34 de Gendarmería. Temen que haya protestas de agrupaciones mapuches.
La causa se llama “Jaramillo Luciana Martha y otros s/ usurpación”, pero para todos en Sur de la Argentina comienza el juicio por las tomas de tierras de Villa Mascardi. Un trance que, amparado por el Estado, perduró durante casi cinco años convirtiendo a la Patagonia en una imagen cruda del reino del revés: los usurpadores de origen mapuche se sentaron sobre la propiedad privada de otros y no dejaban que los verdaderos dueños, espectadores desde la ruta del despojo que padecían, pudieran volver a sus casas. La locura recién terminó cuando cambió la política.
Los días 26, 27 y 30 de septiembre se desarrollará en el Juzgado Federal de Bariloche, trasladado para la ocasión físicamente a la sede del Escuadrón 34 de Gendarmería Nacional, el primer juicio oral y público contra miembros de la comunidad mapuche “Lof Lafken Winkul Mapu”, por los delitos de atentado a la autoridad y usurpación entre los años 2017 y 2022 de dos predios ubicados en el kilómetro 2006 de la Ruta Nacional 40, pertenecientes a la Administración de Parques Nacionales.
Los imputados son Martha Luciana Jaramillo, María Isabel Nahuel, Romina Rosas, Betiana Ayelén Colhuan, Mayra Aylén Tapia, Joana Micaela Colhuan, Cristian Germán Colhuan y Gonzalo Fabián Coña. El juez del caso es Hugo Horacio Greca. El fiscal, Rafael Vehils Ruiz. Como querellantes aparece la Administración de Parques Nacionales, representada por los abogados Nicolás Vinuesa y Natalia Cardozo. Estará presente en las audiencias el presidente de APN, Cristian Larsen.
La historia es bien sabida. El día 10 de noviembre de 2017, un grupo de personas que se autodenominó como perteneciente a la comunidad mapuche “Lof Lafken Winkul Mapu”, ingresó a un predio ubicado en el km. 2006 de la Ruta Nacional 40 Sur propiedad de la Administración de Parques Nacionales.
Una vez en el interior, sus miembros talaron diversos árboles con los cuales construyeron cierres al lugar y colocaron una gran bandera blanca con una leyenda indicando el nombre con el que el grupo se identificaba y que se trataba de “territorio mapuche recuperado”. Más tarde argumentaron que una de las imputadas, la machi Betiana Colhuan, había tenido una epifanía, una revelación acerca de que sus lotes ocupados habían pertenecido a sus ancestros y debían retornar a ellos. El Gobierno kirchnerista no solo les creyó, sino que además está probado que los amparó, asistiendo la toma de Instituto Nacional de Asuntos Indígenas y desde la Secretaría de Derechos Humanos.
Desde el primer momento, la Administración de Parques Nacionales procuró la restitución del predio, realizó las correspondientes denuncias penales y encomendó a personal de la Institución que determine los alcances de la usurpación, quienes recibieron agresiones y amenazas por parte de los ocupantes, que en todo momento estaban encapuchados y portaban elementos contundentes.
El 13 de noviembre por la mañana, la agrupación allí instalada desabasteció de energía eléctrica a Villa Mascardi, circunstancia que motivó que operarios de la empresa de electricidad local se hicieran presentes en el lugar y fueran agredidos por los ocupantes.
Al día siguiente, el Juez Federal y la Fiscal Federal de Bariloche se hicieron presentes en el lugar junto a la Policía Federal Argentina, a fin de constatar personalmente el estado de cosas en el predio e intentar visualizar en forma aérea la situación en el terreno usurpado, pero también fueron agredidos por los ocupantes quienes mediante pedradas provenientes del interior del predio destruyeron vehículos oficiales, lo que motivó que la medida deba ser suspendida.
Días más adelante, el Juzgado Federal ordenó el allanamiento de lugar, oportunidad en la que las Fuerzas Federales de Seguridad que intervinieron fueron agredidas por los ocupantes. Lograron finalmente detener en el interior del predio a parte del grupo usurpador, identificados como Luciana Martha Jaramillo, María Isabel Nahuel, Yessica Fernanda Bonnefoi, Mayra Aylen Tapia y Romina Rosas, y de Betiana Aylén Colhuan, menor de edad en aquel momento.
El día 25 de noviembre de 2017, entre las 4 y las 5 de la tarde, diversos miembros del grupo que habían permanecido ocultos en la zona montañosa lindante al predio buscaron retomar la ocupación. Eso derivó en un enfrentamiento con miembros del grupo Albatros de la Prefectura Naval Argentina, quienes debieron replegarse hacia la ruta y abandonar el lugar. El lugar volvió a ser ocupado por la comunidad mapuche, pero en ese enfrentamiento armado murió un miembro de la agrupación llamado Rafael Nahuel, causa que tramita en forma separada a esta.
Tras el violento episodio, la situación fue aprovechada por los restantes miembros de la agrupación para volver a usurpar el terreno recuperado dos días antes, tomando nuevamente el control y manteniéndose allí hasta el mes de octubre de 2022, cuando los terrenos de Parques Nacionales junto con otros tantos terrenos lindantes tales como el Ex Hotel IOS -sede de la futura Escuela de Guardaparques, también de Parques Nacionales, cuya causa tramita en forma separada a esta- y las Estancias La Escondida, Los Radales, Estancia La Cristalina pertenecientes a diversas entidades públicas, sindicales, religiosas y personas particulares, fueron desalojados. Llegó la hora del capítulo judicial.