El asesinato de un agente de Inteligencia: una causa “a medida” de la policía provincial y un violento accionar del Grupo Halcón terminaron con el agente de inteligencia Pedro “Lauchón” Viale acribillado de once balazos en su propia casa.
Noche cerrada de invierno en La Reja, partido de Moreno. Todo era silencio en la madrugada de un día feriado, 9 de julio. De pronto un grupo camuflado y fuertemente armado de la Bonaerense destruye la puerta de una casa. Ingresa disparando sin identificarse. El dueño de la casa, quien dormía junto a su esposa, se levanta y toma un arma ante lo que cree es un asalto violento. Deja a su mujer a cubierto y sale de la habitación. Termina recibiendo varios disparos a corta distancia. Los agujeros en las paredes de la casa dejan al descubierto la gran cantidad de balazos que resonaron en la noche silenciosa. El cuerpo, tirado a la salida de la habitación, tenía once disparos. Así murió Pedro Tomás Viale.
Los diez policías del Grupo Halcón que participaron del asesinato de Viale están detenidos acusados de “homicidio agravado por abusar de sus funciones o cargo, siendo miembros integrantes de una fuerza policial”, delito por el cual se fija una pena de prisión perpetua. “La forma de ingreso (del Grupo Halcón) a la vivienda (…) rememora prácticas de antaño, propias de gobiernos de facto, cuyas nefastas consecuencias aún hoy seguimos lamentando”, escribió en su fallo el juez federal de Morón, Juan Pedro Salas.
Hay policías detenidos y algunos desplazados, pero da la impresión de que el poder político en la provincia de Buenos Aires –desde el propio gobernador hacia abajo– no tomó conciencia de la gravedad institucional de este asesinato, ya que más allá de las decisiones de un magistrado, no ha tomado otras medidas fuertes en la Bonaerense más allá de algún desplazamiento.
¿Por qué la gravedad de este caso? Este asesinato podría leerse como un caso más de gatillo fácil de la Policía Bonaerense. Pero hay más: la víctima, Pedro Viale, era un agente de la Secretaría de Inteligencia (SI). Los policías lo sabían al momento de ingresar por la fuerza en la casa. Y lo mataron de once disparos a corta distancia. ¿Qué más hay detrás de esta muerte?
“Da la impresión de que el poder político en la provincia de Buenos Aires –desde el propio gobernador hacia abajo– no tomó conciencia de la gravedad institucional de este asesinato”
Las escuchas
Todo comenzó cerca de tres años atrás, cuando en una investigación sobre presunto tráfico de drogas se pusieron en marcha escuchas telefónicas que tenían como principal sospechoso a un sujeto de nombre Rodolfo Carricaburo. Todo transcurría por los carriles habituales hasta que aparece, como uno de quienes se comunican telefónicamente con el investigado, Pedro Tomás Viale.
Santiago Blanco Bermúdez, abogado que representa a la familia de Viale, explicó a Veintitrés que “la investigación se inicia en el juzgado de Tres de Febrero, a cargo del juez Juan Manuel Culotta. De las escuchas se desprende, después de varios meses, que Carricaburo podía estar tratando de obtener documentación o información sobre unos terrenos y, según dice la policía, también aparecían algunas escuchas relacionadas con la posible venta de estupefacientes. Carricaburo hablaba con varias personas y una de ellas era Viale. El tema es que Viale jamás habló con Carricaburo de estupefacientes, eso queda claro en la declaración del policía que investigaba las escuchas. Allí, en esas escuchas, se lo identifica a Viale como agente de inteligencia”.
Según explica el abogado, las conversaciones de Viale con Carricaburo estaban relacionadas con unos terrenos lindantes con su domicilio, que Viale estaba ocupando desde hacía varios años y tenía como objetivo en esas conversaciones lograr alguna actividad de gestoría tendiente a que el pago de los impuestos de esos terrenos estuviera a nombre de uno de sus hijos, cosa que finalmente ocurrió.
Desde ese momento Viale pasó a ser objeto de investigación de la Bonaerense, sabiendo que se trataba de un agente de Inteligencia. Pero lo que queda en claro tanto en las declaraciones como en el fallo del juez Salas es que las conversaciones de Viale nunca estuvieron relacionadas con el tráfico de estupefacientes, sino simplemente con trámites para quedarse legalmente con unos terrenos.
“Se incluyó el domicilio de Viale (en las órdenes de allanamiento del 9 de julio de 2013) con el objeto de principalmente incautar documentación (…) no existían elementos que permitieran presumir que en el lugar podrían hallarse sustancias estupefacientes”, declaró ante el juez Salas el oficial principal de la Bonaerense Damian Ezequiel Parola, quien llevó adelante las investigaciones del caso.
Para dejarlo más claro, el juez Salas afirma que Viale “no estaba directamente vinculado con actividades de narcotráfico, sino que fue ligado a la investigación por la ocupación de inmuebles libres o herencias vacantes y su posterior regularización documental”.
Pese a todo esto, de los 18 allanamientos ordenados el 9 de julio, sólo en el del domicilio de Viale se utilizó al Grupo Halcón, y terminó con una muerte. “La decisión fue tirar a mansalva”. “Fueron muchos los disparos que se hicieron a corta distancia. Ese es uno de los puntos que tenemos como un elemento más de sospecha de que esto fue una ejecución”, explicó el abogado Blanco Bermúdez.
“Es que el Grupo Halcón –continuó– cuenta con mucho mayor poder de fuego y además están protegidos por escudos. Prácticamente no corrían riesgos porque eran siete los que ingresaron a la vivienda, tenían tiempo de haber parado el tiroteo si hubieran querido, pero no, la decisión que tomaron fue tirar a mansalva sobre el cuerpo de Viale”.
–¿Qué declararon los testigos?
–Tanto los testigos como la esposa de Viale nos informan que el procedimiento fue ilegal porque no se anunció la presencia de la policía, no se anunció que se iba a desarrollar un procedimiento. Sin ningún motivo que lo justificara hubo una irrupción violenta. No cabía esperar del otro lado ningún tipo de resistencia si se hubieran anunciado. Ellos sabían que si entraban de esa manera podía haber algún tipo de respuesta, que tiene que ver con el instinto de defensa, más tratándose de un integrante de una fuerza del Estado.
–¿Qué suponían que iban a encontrar?
–La orden de allanamiento incluía la posibilidad de encontrar documentación relacionada con terrenos o sustancias estupefacientes. Lo cierto es que no había ningún elemento que permitiera sospechar que en el interior podía haber estupefacientes. El uso de la fuerza excesiva no fue autorizado por el juez como se pretende amparar el Grupo Halcón, porque el juez lo que ordenó fue un allanamiento y habilitó el uso de la fuerza pública para el caso que fuera necesario, a punto tal que la orden judicial habla de la convocatoria de un cerrajero, lo dice expresamente, no tirar abajo la puerta sin anunciarse como hicieron.
–¿Qué necesidad había de realizar los operativos ese día y en horas de la madrugada?
–No había. Cuando se ordenan los allanamientos, el comisario Enrique Maldonado –uno de los detenidos acusados de homicidio– toma la declaración de Parola, quien dice que estaban esperando un cargamento de drogas. Nosotros todavía nunca vimos esa grabación. Pero el tema es que esa conversación que tiene Carricaburo con dos personas más relacionada con la droga, no tenía absolutamente nada que ver con Viale. Sin embargo, cuando Maldonado le pide la orden de allanamiento al juez, se la pide en 18 domicilios como si todos estuvieran involucrados en el tráfico de drogas, es decir que se mete en la misma bolsa a todos, incluido a Viale que nunca había hablado de drogas.
De los 18 allanamientos en la madrugada del 9 de julio, el único en el que participa el Grupo Halcón es en el domicilio de Viale. “Una decisión que no fue casual ni caprichosa”, advierte Blanco Bermúdez. Finalmente, tras los allanamientos no se secuestró ningún cargamento, apenas aparecieron en poder de algunos de los investigados unos panes de marihuana. Y respecto de la documentación que involucraría a Viale, en la causa todos recibieron la falta de mérito porque no se encontró nada ilegal.
Para agregar más irregularidades en el caso, también le allanaron el domicilio al hijo de Pedro Viale a cuyo nombre estaban los terrenos en cuestión. En ese allanamiento, la policía está acusada de robarle dinero que tenía el hijo de Viale en su poder tras haber cobrado una indemnización. Se abrió una investigación sobre el caso.
Como en la dictadura
El juez Salas, quien determinó la detención de los policías involucrados en la muerte de Viale, es contundente en su fallo. Aquí van algunas definiciones que aparecen en su decisión:
– “Maldonado requirió sin autorización previa ni consulta al tribunal el apoyo del Grupo Halcón”.
– “Sin que mediaran los motivos de orden público ni urgencia por los que el magistrado autorizara el uso de la fuerza pública o los servicios de un cerrajero, ingresaron violentamente mediando la efracción de la puerta, no identificándose como policías, provocando la reacción del imputado y a pesar de que este solicitara que se identificaran como policías, y abusando de su función, dieron muerte a Pedro Tomás Viale”.
– “Tanto la utilización del Grupo Halcón como el modo en que se desarrolló el accionar del mismo, tuvo en miras el daño final causado, y que nunca existió en la intención de los autores la sola idea de la correcta ejecución de una orden ajustada a los estándares que posibilitaran la realización de un procedimiento regular e incruento”.
– “La experiencia indica que es un verdadero milagro que haya muerto sólo una persona”.
– La pertenencia de Viale a un organismo de Inteligencia “fue determinante a punto tal que, en el curso de las pesquisas, Maldonado como responsable de las investigaciones decidió no pedir la intervención telefónica (de Viale)”.
– “Esa circunstancia no podía pasar desapercibida para un experimentado policía (habla de Maldonado), empero, ello se dejó de lado ex profeso, para poder así avanzar en el procedimiento que se había pergeñado y en el que decididamente se abusó del uso de la fuerza pública”.
– “A modo de colofón, sólo resta señalar que la forma de ingreso (a la vivienda) rememora prácticas de antaño, propias de gobiernos de facto, cuyas nefastas consecuencias aún hoy seguimos lamentando”.
Los responsables. La impresión de quienes siguen de cerca el caso es que detrás de todo está el armado de una causa para tener una cobertura legal para ingresar a una vivienda y matar a una persona.
“No hay ninguna duda de que hay una íntima vinculación del objetivo logrado de la muerte de Viale y su pertenencia a la Secretaria de Inteligencia. Le pusieron el ojo por eso. No sabemos los motivos específicos, pero sí estamos convencidos de que su carácter de miembro del SI fue una de las cosas que accionó el obrar de esta gente”, señaló Blanco Bermúdez.
–¿Qué consideración le merece la actuación del juez Culotta?
–Nosotros entendemos que las decisiones que tomó Culotta no son del todo afortunadas. Por el momento no tenemos elementos para suponer que formó parte del plan operativo que terminó en la muerte de Viale. Más allá de que obviamente estoy totalmente en desacuerdo con algunas decisiones que creemos que si no se hubieran tomado no habrían tenido este terrible final.
–¿Ustedes creen que desde el momento en que se escucha el nombre de Viale y que se sabe que es agente de Inteligencia, cambia el rumbo de la investigación?
–Creo que sí, es lo que permite sospechar de que la causa tiene mayor trascendencia a partir de la presencia en las conversaciones de Viale. De lo contrario, si uno analiza el contenido de las escuchas estamos hablando de un presupuesto fenomenal para una investigación que terminó en la nada. Cuando se escuchan muchos teléfonos durante mucho tiempo es porque hay algo que permite sospechar que alguien está en algo grande, y cuando se piden allanamientos porque va a venir un cargamento tienen que tener datos concretos. No hubo escuchas que dijeran eso. Reitero: la presencia de Viale en las conversaciones era el único motor que tenía esta investigación. A ver si le podían encontrar algo raro, y no le pudieron encontrar nada raro.
–El comisario Maldonado está detenido, ¿ahí se termina la cadena de mandos o va más hacia arriba?
–Nosotros creemos que Maldonado por la suyas, solo, no lo pudo haber pergeñado. Creemos que contó con la colaboración y aquiescencia de alguien más del organigrama policial, o más que policial, no lo sabemos. Pero de algo estamos seguros: hay alguien por arriba de él que sabía que esto estaba pasando y siguió adelante.
Días después del allanamiento y el asesinato de Viale, el Ministerio de Justicia y Seguridad bonaerense relevó al jefe de la división Narcotráfico, Marcelo Peña. Según un comunicado del ministerio, “los procedimientos no contaron con la supervisión directa ni directivas del funcionario policial relevado tendientes a evitar el riesgo de vida del imputado y del personal policial interviniente”. Fue un desplazamiento, pero el poder político provincial no tomó aún medidas más contundentes en un caso de gran gravedad institucional.
Por el momento, diez policías están detenidos acusados por el asesinato de Pedro Viale. Pero queda más por investigar. Se sabe cómo murió el agente de Inteligencia en esa madrugada de julio de 2013, pero no todavía cuáles fueron las razones del asesinato.
Como dice el abogado de la familia Viale: “Tenemos que seguir investigando y podemos llegar hasta lo más alto, a ver quién pudo haber ordenado esto y por qué. Estas son dos respuestas que todavía no tenemos”.
Leonardo Viale: “Esto va más arriba que la corrupción policial”
“La verdad es que esperaba este momento. Nada me devuelve a mi viejo pero obviamente esto es un adelanto en la causa y lo estábamos esperando hace mucho tiempo”, señaló a Veintitrés Leonardo Viale, hijo de Pedro Viale, asesinado por policías bonaerenses hace poco más de un año.
Leonardo comparte con su madre y su hermano el convencimiento de que este caso no fue un simple hecho de gatillo fácil. Por eso se alegran de que el juez Juan Pablo Salas haya decidido encarcelar a los diez efectivos de la Bonaerense, pero están convencidos de que la causa no se cierra con estas detenciones.
“Ya sabíamos, estábamos seguros que el Grupo Halcón había actuado mal cuando entraron por la fuerza en la casa de mis padres, pero lo que queremos saber ahora, y no vamos a detenernos, es saber quién mandó a matar a mi papá”, agregó Leonardo.
–Están convencidos que esto no se termina con los efectivos del Grupo Halcón.
–Es así. Ahora queremos saber quién fue el que mandó a matar a mi papá. Porque seguro existió un autor intelectual detrás de esto y nosotros no vamos a parar hasta encontrarlo. Voy a llegar más arriba, porque esto va más arriba que la corrupción policial.
–¿Sospechan de alguien? ¿Tienen alguna idea de por qué lo mataron así?
–No, la verdad es que no tenemos idea de por qué pasó esto. Pero lo que estamos seguros es que esto no fue casualidad o un error, a mi papá lo fueron a buscar y lo ajusticiaron. De esto estoy seguro.
Leonardo no estaba presente en la casa de sus padres cuando llegaron los efectivos de la Bonaerense e ingresaron a la vivienda tirando a mansalva, pero sí pudo leer toda la causa, seguir la investigación y oír las escuchas telefónicas que determinaron el allanamiento. “Las escuché y no hay nada que justifique el allanamiento, por eso insisto con que hay que llegar hasta el fondo en la investigación. Hasta bien arriba”, aseguró.
Fernando Burlando – El abogado de la maldita policía
El abogado mediático Fernando Burlando siempre estuvo ligado al poder judicial y policial, a partir del legado de su padre, Julio Desiderio Burlando, juez penal de La Plata y docente de la escuela de policía Juan Vucetich. Desde ese entonces, el apellido Burlando figura en distintos episodios del fuero criminal defendiendo a los principales exponentes de la Policía Bonaerense.
Su llegada a los medios se remonta a su labor en la defensa de “Los Horneros” –una banda de ladrones de la localidad platense de Los Hornos, que “trabajaban” para la Bonaerense y estaban ligados a una unidad básica y a la hinchada de Estudiantes, club del que es hincha–, luego condenados como coautores del asesinato del fotógrafo José Luis Cabezas. De aquella cruzada judicial, Burlando terminaría admitiendo su relación con el comisario Mario “Chorizo” Rodríguez, exponente de la “maldita policía” y jefe de la DDI de La Matanza durante los ’90, a quien califica como “un hermano”.
La cercanía con las causas policiales le permitió al mediático abogado conseguir buenos negocios para los que necesitaba el apoyo de los uniformados. Dicen que presentar el nombre de Burlando ante los efetivos de la Bonaerense abre muchas puertas.
En consonancia con estas defensas controvertidas y otras relacionadas con personajes más mediáticos, como el homicidio cometido por el empresario Horacio Conzi, de quien Burlando fue abogado defensor, sus últimas apariciones están generalmente vinculadas a situaciones de inseguridad, tales los casos de Carolina Píparo –baleada en una salidera bancaria– o el asesinato de la niña Candela Sol Rodríguez –donde la Policía Bonaerense quedó sospechada por irregularidades en la investigación–. Burlando fue abogado de la madre de la niña asesinada, supuestamente a pedido de otro polémico personaje, que hoy está tras las rejas: el cura Julio César Grassi.
Ante semejante foja de servicios, a nadie le sorprenderá encontrarse a Burlando como abogado defensor de los diez policías bonaerenses que fueron procesados y detenidos en la causa en la que se investiga el crimen de Pedro Viale.