La mayoría de los reclusos de las cárceles argentinas son menores de 35 años, alcanzaron como nivel máximo de instrucción la escuela primaria, están presos por robo, no tenían oficio al momento de ser detenidos y actualmente no cuentan con una condena firme, según un estudio difundido por el Ministerio de Justicia.
Los datos surgen del Sistema Nacional de Estadísticas sobre Ejecución de la Pena (SNEEP), que al analizar la situación de los penales a diciembre de 2015 reveló, además, que la población carcelaria era por entonces de 71.464 internos, la cifra más alta de los últimos diez años.
De todos modos, el número representa uno de los índices más bajos de la región, con 169 detenidos cada 100.000 habitantes, ya que por ejemplo en Chile esa tasa asciende a 241 cada 100.000 habitantes, en Uruguay a 291 y en Brasil trepa a 307.
El informe, presentado por el subsecretario de Política Criminal, Martín Casares, destacó que del total de presos que estaba en la cárcel al 31 de diciembre de 2015, el 96% eran varones, el 94% era argentino y 62% de ellos tenía menos de 35 años: en total sumaban 68.468 hombres, 2.963 mujeres y 33 trans.Otro dato relevante es que sólo el 38% de ese universo había finalizado la escuela primaria, el 28% la tenía incompleta, apenas un 26% acreditaba el nivel secundario completo o incompleto y sólo había un 2% de universitarios.
Siguiendo “una tendencia histórica muy marcada”, según destaca el informe, los principales delitos imputados son robos y/o tentativas de robo (28.863 casos), seguidos de homicidios dolosos (10.282), en tanto la infracción a la ley de drogas (8.193) aparece en el tercer lugar, y en el cuarto las violaciones (6.545).
El estudio aclara que “esta característica responde fundamentalmente al funcionamiento del sistema de justicia penal y a la gravedad de las figuras delictivas” pero que “no es equiparable a la estadística general sobre delitos registrados”.
Carlos González Guerra, director nacional de Política Criminal y uno de los funcionarios que presentó el trabajo, destacó que “el SNEEP sirve para transmitir a los operadores de los sistemas judicial y penitenciario, y especialmente a los responsables de las políticas públicas, la cantidad de personas detenidas en nuestro país y diversas muestras de información sobre ellas”.
“Por ejemplo, la cantidad de hombres y mujeres detenidos, el tipo de delito, la cantidad de personas según país de procedencia. Es un abanico de información que sirve también para investigadores universitarios. Sin la estadística de personas detenidas es imposible gestionar una política criminal seria”, remarcó el funcionario.
Un dato que también sobresale del informe, que incluye un censo a los reclusos, es que el 45% de los presos (31.325 internos) estaba desocupado al momento de ser detenido, mientras que el 40% (27.227) eran trabajadores de tiempo parcial y sólo un 15% (10.079) tenían un trabajo de tiempo completo.
Sobre la capacitación laboral de la población carcelaria, al momento de hacerse el análisis, el 52% (36.399 presos) no tenía ningún oficio o profesión, el 34% realizaba alguno y sólo el 14% tenía una profesión.
A esto hay que sumarle que una vez dentro de la cárcel, el 79% no participó, al menos durante el año pasado, de ninguna capacitación laboral y el 49% no lo hizo en ningún programa educativo; en tanto, de los que trabajan en la cárcel, el 59 % no recibe ninguna remuneración.
Una situación que se mantiene en los últimos años es que el 50% de los presos (35.779 reclusos) no tiene condena firme, que también se considera una “tendencia histórica”, que fue más pronunciada hasta 2010 y desde entonces se evidencia de forma menos categórica.
También es similar a años anteriores la cantidad de extranjeros en prisión, sólo el 6% del total de la población carcelaria, con una mayoría de paraguayos por sobre el resto de las nacionalidades.
Acerca de la reincidencia, el 71% de la población carcelaria había delinquido por primera vez, mientras que el 22% tenía alguna sentencia previa y sólo una pequeña porción era reincidente múltiple.
Respecto del cumplimiento de las penas, el 35% llevaba en prisión entre 3 y 6 años; el 24% entre 6 y 9; el 14% entre 9 y 12. Sólo el 5% superaba los 18 años de cárcel.
La estadística también arrojó que en total hay 71.464 presos detenidos en 285 unidades, sumando las 33 federales, las 54 de la provincia de Buenos Aires y las 198 del resto del país, pero que si a estos se suma la población con detención domiciliaria, la cifra alcanza a 72.693 personas.
En tanto, si también se le agregan los detenidos en comisarías u otro tipo de destacamento, asciende a 76.998 reclusos.
En el informe se efectuó una comparación con los datos de 2006 y de ahí surge un incremento del 34,6% respecto de la cantidad de detenidos que había en todo el país ese año: se pasó de 54.000 internos a 72.693, es decir 18.693 más en 9 años.
En la provincia de Buenos Aires, especialmente, se registró un incremento notable, ya que la cantidad de reclusos era de 23.878 en 2006 y en 2015 ese número se había elevado a 33.482, es decir 9.604 presos más.
En tanto, el Servicio Penitenciario Federal tuvo un alza más leve, con 9.380 presos en 2006 y 10.274 el año pasado.
Al respecto, el informe destaca que “desde la década del 90 existe una tendencia creciente en la población penitenciaria, más allá de algunos períodos de leves bajas o amesetamiento como los años 2006 y 2007”.