La entidad que encabeza Laura Alonso denunció al dirigente del Movimiento Evita por no haber entregado la información sobre su patrimonio cuando se desempeñaba como secretario de Agricultura Familiar durante el gobierno kirchnerista.
Fuentes judiciales consignaron que el organismo pidió que la Justicia indague si el dirigente social cometió “una omisión maliciosa” que el artículo 268/3 del Código Penal castiga con 15 días a dos años de prisión e inhabilitación especial perpetua.
Según la normativa vigente, Pérsico, por su condición de funcionario público, con rango de secretario de Estado, estaba obligado a presentar una declaración jurada patrimonial.
Alonso, titular de una dependencia que responde al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, efectuó esta presentación ante la Cámara Federal porteña, y por sorteo, la causa será instruida por el juez federal Daniel Rafecas.
Pérsico y la ministra de Desarrollo Social, Carolina Stanley, junto con otros dirigentes sociales, negociaron a fin de año la sanción de Ley de Emergencia Social, que fue promulgada por el Congreso.
Esa ley estableció que el Estado le otorgue a las organizaciones de la economía popular fondos por 30 mil millones de pesos hasta 2019.