El abogado Julio Hikkilo habló esta mañana en la 99.9 sobre la manda judicial que obliga a la suspensión de la demanda que se había aprobado en el partido de General Pueyrredón respecto de las fumigaciones. “Se notificará a la municipalidad para que haga público el tema para que los productores cesen en la aplicación a menos de 1.000 metros de cualquier tipo de plaguicida o elementos prohibidos”, destacó.
Después de la controversia que se había generado en su momento por la fumigación con plaguicidas en el Partido de General Pueyrredón, llegó la respuesta de la justicia que finalmente suspende la ordenanza que había aprobado el Concejo Deliberante Local.
Esta denuncia la llevó adelante el abogado Julio Hikkilo que esta mañana, en la 99.9, brindó algunos detalles sobre el alcance de la medida judicial. “En su momento se dictó una ordenanza que fue fruto de la improvisación porque en materia de medio ambiente era una notoria regresión. Representamos a la asamblea “Paren de Fumigar” y se hizo una presentación inmediatamente cuando se sancionó. La ordenanza salió con fórceps y a medida de los grandes productores de la zona que venían manejando mal la práctica en fumigaciones y plaguicidas”, argumentó.
No sólo la fumigación por sí misma, al parecer, implica un riesgo sino que hay efectos en distintos sectores: “esto afectaba a la población lindante a los cultivos. En la zona Sur hay una gran problemática con el agua potable y la mayoría de los pozos debieron ser cerrados por estar contaminados y mucho de esa contaminación tiene que ver con los cultivos de soja y papa, por ejemplo”, continuó el letrado.
Lejos de haber resuelto la situación hablando con todas las partes, se realizó de manera unilateral y sin respetar algunas normas mínimas. “No se había hecho un estudio de impacto ambiental, había un riesgo cierto a la salud y a la vida. Hay dos alternativas en este tema, hay que hacer los estudios y avanzar en una reglamentación que atienda a todos los sectores involucrados. No pasa todo por un criterio de rentabilidad si es necesario sacrificar un kilo de tomate cosechado por la salud de los vecinos, debemos plantearlo”, afirmó Hikkilo.
Por otro lado, el abogado también considera que será todo un desafío establecer una medida lógica para todas las partes y por eso aseguró que “es difícil porque se debe respetar una zona de 1.000 metros y uno va para la zona de Batán y los productores están viviendo sobre las quintas. Esto demandará que se tenga que trabajar seriamente al respecto. El glifosato es un avance para muchos, pero un retroceso para otros tantos. Habrá que plantearse estos temas seriamente”.
Por ahora, hay una resolución que todavía no está firme pero obliga a la suspensión momentánea de las fumigaciones. “Lo que decreta la manda judicial es la suspensión hasta tanto se dicte sentencia firme. Los actores estarán viajando mañana porque hay que prestar caución al respecto y se notificará a la municipalidad para que haga público el tema para que los productores cesen en la aplicación a menos de 1.000 metros de cualquier tipo de plaguicida o elementos prohibidos”, destacó.
Por último, instó nuevamente a los políticos a sentarse en una mesa amplia de debate para plantear todos los problemas que puedan surgir. “Hay que convocar a todos nuevamente y debatir sobre qué es lo mejor. No hay que tratar de imponer nada al respecto”, finalizó.