En la 99.9 hablaron dos representantes de zonas del sur de Mar del Plata que están sufriendo las desfinanciación del sistema de salud y la impunidad para las usurpaciones con complicidad judicial. Los testimonios.
Lejos del centro, de la costa y de los lugares que en redes sociales la Municipalidad de General Pueyrredón se encarga de decir que está cuidando, hay otra Mar del Plata. Profunda, descuidada y con muchos problemas.
La zona sur es uno de esos sectores donde, por ejemplo, la salud está haciendo un retroceso puntual. La presidenta de la Sociedad de Fomento del Barrio Playa Serena, María Inés Benítez, contó en la 99.9 lo que está sucediendo: “en este momento que estamos atravesando de pandemia, el CAPS de Serena, que hace un tiempo tenía guardias pedíatricas los fines de semana, se redujeron los sábados y quedó el domingo. En la nueva decisión de reducción de presupuesto, hace que ya este domingo no tuvieramos guardia pediátrica que ya generó malestar en los vecinos”.
Las personas de ese lugar, quedaron desprotegidas y no son pocas por cierto: “solamente en Playa Serena tenemos 5.000 habitantes estables, pero hay más de 14 barrios. Los lugares de mayor población son San Patricio, Playa Serena y San Jacinto”.
Ahora, cuando hay que atender a un niño, se lo manda al Materno Infantil, algo que genera un problema extra en los vecinos: “cuando se creó el Centro de Asistencia Primaria de la Salud (CAPS) fue para los controles. En la gestión anterior se priorizó el SAME que es lo que funciona actualmente en los centros de salud. Es algo necesario porque concurre con los llamados del 107. Una ambulancia no lleva a un niño que tiene un dolor estomacal o una inflamación en la boca. Cuando van al CAPS, le dicen que tiene que ir al Materno cuando las líneas de colectivos, la 511, funciona cada una hora y el último pasa a las 21. Desde el momento del aislamiento el 221 no funciona. Un remis para ir hasta el Materno, estamos hablando de 1.000 pesos ida y vuelta o bien hay que tomarse 4 colectivos para ir hasta el puerto”.
A esto se le suma la preocupante situación económica que están atravesando las familias y no tienen respuesta alguna del estado: “los vecinos del barrio pagan sus impuestos, no son todos usurpadores y no se los pueden retribuir con un servicio mínimo de salud. Nos pasa que muchos vecinos van a buscar bolsones agachando la cabeza porque es una deshonra”.
DANIEL CACHELA: “Está entongada toda la justicia con los usurpadores”
Las usurpaciones son otro tema común en el sur de la ciudad, con un condimento más: la complicidad judicial. Así lo contó en la 99.9 Daniel Cachela que lo está sufriendo en carne propia en el barrio San Jacinto.
“Es un barrio de gente trabajadora que está creciendo, como toda la zona sur. Hay mucha atracción por los terrenos que hay. El Barrio Rumencó Joven le da otra fisonomía a la zona”, contó sobre los atractivos de la zona.
Ese mismo atractivo es el que termina trayendo a los usurpadores inescrupulosos: “cada vez que alguien viene por acá a pasear, en vez de tratar de comprar un terreno como lo hice yo, empiezan con las usurpaciones descontroladas. Familias enteras se están alojando, se hicieron asentamientos, gente que vino con carpas se instalan con chicos menores de edad”.
En su caso específicamente, pudo corroborar la presencia cómplice de la justicia: “tenemos un problema con un vecino que empezó a alambrar toda la manzana porque dice que es toda de él. Ayer terminamos a las trompadas. Parece que hay una fiscalía en Mar del Plata que es muy livianita para firmar y entregar tierras que no son de ellos. Los terrenos tienen propietarios, pero hacen caso omiso y generan estas batallas”.
La fiscal Irigoyen es la gran protagonista de este tipo de situaciones avalando literalmente la usurpación: “quiero hablar con la fiscal para mostrarle los documentos, tengo las escrituras y el que está usurpando me denuncia como usurpador. Para colmo, el policía me labra un acta como usurpador. Están todos entongados, abogados con fiscales y jueces que dan las órdenes para tomar los terrenos. Hay vecinos que fueron a hablar con la fiscal Irigoyen y les dijeron que si no tenemos la escritura y alguien se mete, los dejemos”.