Una tasa de 23 suicidios cada 100.000 habitantes coloca a Uruguay solo por debajo de Guayana y Surinam. Las cifras duplican a las registradas por accidentes de tráfico u homicidios.
El suicidio se ha convertido en una de las mayores heridas sociales que aquejan a Uruguay, según coinciden los especialistas y confirman las cifras. Es una tendencia creciente desde hace 20 años. Durante 2022, 823 uruguayos –un promedio de dos personas por día– se quitaron la vida. Ese número representa una tasa de 23 suicidios cada 100.000 habitantes, más del doble del promedio regional, que se encuentra en 9 cada 100.000, y solo por debajo de Guayana y Surinam . En 2019, la tasa uruguaya era de poco más de 21, según un informe global de la Organización Munidal de la Salud.
La ministra de Salud, Karina Rando, divulgó estos datos el pasado 17 de julio, señalado en el calendario local como Día Nacional para la Prevención del Suicidio. Durante su exposición en el Parlamento, Rando hizo notar la paradoja que entraña el caso de Uruguay, un país que figura en el ranking de las Naciones Unidas entre los más felices del mundo –número 28 de la lista total y cuarto en América, detrás de Canadá, Estados Unidos y Costa Rica– y al mismo tiempo presenta estas cifras de muertes por suicidio. Las razones que subyacen a este fenómeno, explicó, están asociadas a aspectos personales y sociales, que trascienden los efectos de la pandemia de la covid-19. “Por eso es tan importante que su tratamiento no sea solo médico, porque habitualmente no hay una sola causa”, dijo Rando.
De acuerdo con la información oficial, 8 de cada 10 personas fallecidas por suicidio en Uruguay fueron varones (78% varones, 22% mujeres); las tasas más altas se registraron en mayores de 75 años y también en la franja que va de los 25 a 29 años. La ministra indicó que entre octubre de 2022 y junio de 2023 los servicios de salud atendieron a 2.896 personas que intentaron suicidarse, de las cuales el 50% tenía menos de 29 años. En estos casos, el 71% eran mujeres.
“El suicidio es un problema de salud pública, refleja un malestar comunitario”, dice el sociólogo Pablo Hein, investigador del Grupo de comprensión y prevención de la conducta suicida de la Universidad de la República. En Uruguay, sostiene Hein, ha habido un debilitamiento de ciertas instituciones sociales, como el club deportivo, el sindicato o la agrupación política, que históricamente generaron solidaridad y favorecieron la cohesión comunitaria. En el devenir individualista de la sociedad, agrega, los suicidios terminan siendo “emociones mal resueltas” por el individuo. “Los éxitos son del individuo y los fracasos también”, remarca.
De acuerdo con los especialistas, en el caso de los hombres adultos mayores -los más afectados por el suicidio en Uruguay- entran en juego la pérdida de lazos afectivos, el desgaste físico y la aparición de enfermedades crónicas, en una sociedad que no da el lugar que otrora les daba a sus mayores. Además, entre estos hombres adultos suele predominar la dificultad para pedir ayuda. Por otro lado, la adolescencia y primera juventud (la otra franja más vulnerable) son etapas de crisis existenciales, pautadas por la entrada a la sexualidad y el pasaje al mundo adulto.
“En la enseñanza –escuelas, institutos de secundaria– está la fuerza más grande para prevenir el suicidio”, asegura Yaravi Roig, maestra y escritora uruguaya que creó la ONG Resistiré en 2016, en pleno duelo por el suicidio de su única nieta, Sofía. Resistiré está abocada a trabajar con los “sobrevivientes” del suicidio, como familiares, amigos, compañeros de clase o de trabajo.
Roig recuerda que el suicidio es la causa de muerte violenta más frecuente en Uruguay, con cifras que duplican a las provocadas por accidentes de tráfico u homicidios. Frente al incremento de los los últimos años, considera que el foco debe ponerse en la prevención en los adolescentes y jóvenes. “Tenemos que escuchar, preguntar, sin juzgar”, sostiene Roig.
Desde 2011, el Estado uruguayo ha implementado tres planes de prevención del suicidio, que contemplan, entre otras acciones, la atención integral en salud mental, la obligatoriedad del registro de intento de autoeliminación o el funcionamiento de una línea telefónica gratuita de atención. El Instituto Nacional de la Juventud y Unicef desarrollaron el año pasado la campaña Ni silencio ni tabú, con 300 talleres en centros de enseñanza de todo el país, donde adolescentes de 14 a 19 años pudieron hablar y conversar sobre sus emociones, entre pares y acompañados por adultos referentes.
Pese a estas iniciativas, las muertes por suicidio han seguido aumentado en Uruguay y los intentos de consumarlo alarman a las autoridades. “Probablemente tengamos más de 270 intentos de autoeliminación por mes”, dijo la ministra Rando a propósito de las cifras presentadas la semana pasada.
Entre las medidas que se implementarán a partir de 2024, la ministra destacó que todos los integrantes del Sistema Nacional Integrado de Salud podrán acceder sin costo y bajo indicación médica a los medicamentos antidepresivos más utilizados. Por otro lado, las personas que hayan padecido un intento de autoeliminación recibirán una parte del pago del tratamiento que requieran y se ampliará la cobertura de psicoterapia de 25 a 30 años. También los adolescentes tendrán una consulta anual con un psicólogo, para evaluar si hay indicios de depresión o trastorno mental.
“A los especialistas de la psiquiatría y la psicología hay que dejarles el espacio de intervención necesario para atender las crisis. No podemos patologizar todos los problemas de la vida cotidiana”, señaló el sociólogo Hein en una disertación en el Parlamento. Hein forma parte de un proyecto interdisciplinario sobre salud mental de la Universidad de la República, que ha puesto el foco en la zona este del país, especialmente afectada por el suicidio.
Según explicó, el proyecto contempla tres instancias: la prevención del suicidio, con la participación de todo el entramado social; la intervención, a cargo de los especialistas; y la posvención, como se conoce el trabajo con los familiares y allegados de los fallecidos. “Uruguay tiene las capacidades humanas y los datos para trabajar sobre este tema, que no se arregla en uno o dos años. Es un trabajo de largo aliento”, concluyó Hein.