La fiscal María Isabel Sánchez, responsable de la investigación por los casos de violación que apuntan a Claudio Valente, habló esta mañana con la 99.9. Destacó que “en los términos de la investigación, el caso está resuelto”.
Los casos de violación que hoy pesan sobre Claudio Valente, conocido como el “violador serial”, han sido unificados bajo una sola investigación y llegarán a juicio como una única causa.
Todas las IPP cayeron en manos de la fiscal María Isabel Sánchez. Esta mañana en la 99.9, explicó: “al menos, en los términos de la investigación, el caso está resuelto. Por orden de los jueces de Garantías tenemos la acumulación de todas las causas que había en distintas fiscalías por lo que, desde ayer, están todas en mi poder”.
Todo parece indicar que Valente fue, efectivamente, quien violó a distintas mujeres en nuestra ciudad. En ese sentido, las pruebas son contundentes: “en las causas que habían sido tramitadas en las fiscalías 5 y 6, los ADN eran positivos, más allá del reconocimiento de las víctimas. En la que llevaba yo, hubo también reconocimiento de personas de carácter positivo. Esto hace que se pueda pedir la prisión preventiva por todas ellas, como si fuera una sola causa”.
En total, son cinco causas que quedaron ligadas entre sí, aunque podría sumarse una más: “hay un trámite en la Fiscalía 1 que está en ciernes. Si las víctimas lo reconocen, se podría después unir esa causa en el trámite del juicio oral”.
Al momento de su detención, Valente ya contaba con antecedentes delictivos, pero nunca había sido denunciado por violación: “no tenía antecedentes como violador, sino por delitos contra la propiedad, aunque con privación ilegítima de la libertad”.
La divulgación del identikit hizo que Valente pensara en abandonar la ciudad. De hecho, fue detenido momentos antes de que pudiera escapar. “Puede haberse visto cercado por la difusión del identikit, que en las redes sociales fue compartido. Ese puede haber sido un motivo que motivara su partida de la ciudad”, agregó Sánchez.
Por los delitos cometidos, la Fiscal también específico que “la pena que se puede pedir es de 50 años”. Aunque agregó que “no hay muchos tribunales que pongan penas tan altas, y hay una sala de Casación Penal que ha establecido que la pena máxima que se puede poner en cuestiones privativas de la libertad es de 30 años, por ciertos tratados internacionales donde participó Argentina”.
Mientras espera la elevación a juicio oral y sigue trabajando en la investigación, Sánchez analizó cómo suelen terminar las penas por casos de violación: “se debe modificar la Ley de Ejecución Penal para que, si son 20 años, sean de cumplimiento efectivo. Si no, no sirve demasiado la revictimización para lograr una pena ejemplificadora que luego no se cumpla”.