En el propio kirchnerismo hay diferencias. Críticas del CELS y de D’Elía.
“No quiero que sigan tirando discapacitados desde un puente”, expresó el diputado nacional por el kirchnerismo Carlos Kunkel, cuando salió a defender su proyecto de ley para regular y restringir las protestas. La iniciativa establece condiciones de legitimidad y obliga a notificar con 48 horas de antelación las manifestaciones ante la Policía.
Pero el proyecto ya desató diferencias dentro del kirchnerismo y sectores que apoyan sus políticas. Es el caso del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), que cuestionó la iniciativa y advirtió que constituye un “retroceso”. También el dirigente oficialista Luis D’Elía calificó la propuesta como “contradictoria” y reprochó que no se haya consultado a los “movimientos sociales del espacio”.
Puntos de discordia
El CELS expresó: “preocupa el proyecto de ley Convivencia en Manifestaciones Públicas presentado por diputados del Frente Para la Victoria. Es un retroceso respecto de estándares sobre protesta social que se fueron construyendo durante todos estos años”. En ese sentido, el organismo presidido por el periodista Horacio Verbitsky mencionó como ejemplo “clasificar ciertas protestas como ilegítimas, exigir la notificación previa a la policía y establecer plazos exiguos para la mediación”.
La entidad advirtió que el texto busca “ampliar” el control estatal sobre el “derecho a la protesta mientras persisten casos de represión violenta de manifestaciones y cuando aún no se ha hecho justicia por asesinatos cometidos en protestas sociales como el 19 y 20 de diciembre de 2001, el Parque Indoamericano, la represión a la comunidad qom en Formosa o los asesinatos en Ledesma”. D’Elía, en tanto, afirmó que “a (el diputado kirchnerista Juan Manuel) Pedrini, que es el autor de esto, le faltó convocarnos a todos los movimientos sociales que formamos el espacio kirchnerista y preguntarnos qué opinábamos sobre el tema, qué matices teníamos, en qué cosas acordábamos, en qué cosas no. Se cortó por la libre y nos genera públicamente un debate que tendríamos que haber tenido puertas adentro”. En declaraciones radiales, también manifestó que el proyecto “suena feo, suena contradictorio”, y dijo que Pedrini debería haber “convocado a todos los movimientos del espacio, al Evita, a nosotros, a la Tupac Amaru”.
Por su parte, el gobernador de Córdoba, José Manuel de la Sota, señaló que “no hace falta” una ley que restrinja las protestas porque “se pueden controlar con las leyes vigentes”, pero indicó que sí deben regularse “las huelgas salvajes de los servicios públicos”. Kunkel, uno de los autores del proyecto, defendió el texto y dijo no querer que “se siga tirando discapacitados desde un puente”, en alusión al hecho ocurrido a principios de marzo en un piquete de portuarios, en el que manifestantes arrojaron a un joven con una pierna ortopédica desde el Puente Avellaneda cuando quiso cruzar en moto para llevar a su mujer embarazada a un control de urgencia.
El proyecto, que será discutido en el Congreso, donde el oficialismo cuenta con suficientes aliados para aprobarlo, estipula que la manifestación será “legítima” cuando no impida el normal funcionamiento de servicios públicos, ni la circulación total de persona y vehículos, entre otros.