Ya nadie duda de la falta de profesionalismo y operatividad de la Policía provincial. Y son pocos los que hoy discuten la necesidad de crear fuerzas más pequeñas, ágiles y ordenadas.
El intendente Gustavo Pulti ha dicho más de una vez en público que considera que la fuerza policial debería depender del Municipio. Basa esa afirmación en dos pilares fundamentales: el conocimiento territorial que tiene la Comuna de los barrios, sus problemas y marginalidades; y la necesidad -tantas veces ignorada desde el poder central- de que la jefatura de la fuerza quede en manos de quien, por pertenencia o permanencia, conozca Mar del Plata como la palma de su mano.
Las fallidas experiencias de funcionarios trasplantados que desconocen la realidad distrital y sólo buscan “hacer la plancha” para transcurrir con tranquilidad el último tramo de su carrera, son ya suficientes como para no entender que hay que cambiar y que hay que hacerlo pronto.
Y esa afirmación pública se condice absolutamente con lo que el funcionario dice en privado cada vez que el tema aparece en la conversación. Es tal el convencimiento de Pulti, que se ha dispuesto a insistir con el tema hasta lograr una solución positiva a su pedido.
Surgen entonces dos preguntas, de cuyas respuestas depende, a primera vista, el éxito de cualquier acción que se emprenda.
En primer lugar: ¿es factible lograr de la administración provincial la aceptación del traslado?
Es difícil. El propio ministro Casal se ha mostrado muy poco convencido cada vez que el tema se le ha planteado. Pareciera que la idea de desmembrar una fuerza llena de problemas, pero que otorga a los gobernantes un fuerte poder territorial y tantas veces formas “no convencionales” de financiamiento, no está hoy en los planes políticos ni del Gobernador ni de su encargado de la seguridad ciudadana.
Pero no es menos cierto que el aumento de la criminalidad y los permanentes cuestionamientos sociales al accionar policial pueden convertir la cuestión en una papa caliente cuyo costo político supere ampliamente aquellos “beneficios”. Scioli lo sabe, y mira de reojo la posibilidad de desprenderse de un verdadero problema al que no ha podido encontrarle solución alguna.
Sería bueno entonces que la ciudadanía, que reclama permanentemente soluciones, acompañase al Intendente en el esfuerzo y se expresase en un mismo sentido desde sus instituciones representativas y cada vez que fuese menester. Una presión social firmemente dirigida al objetivo sería mucho más de lo que pueda soportar un gobierno al que la inseguridad parece haberlo desbordado.
La segunda demanda refiere a la posibilidad cierta de que el traspaso traiga consigo las soluciones que la gente reclama.
Es posible que las cosas no puedan cambiar de la noche a la mañana, pero es seguro que el manejo local de la fuerza le dará por fin a la cuestión algo que el ciudadano común reclama desde hace mucho tiempo: caras y nombres concretos ante los que pueda reclamar, denunciar y exigir.
Una fuerza de más de 60.000 hombres manejada desde La Plata es absolutamente inoperante para resolver los problemas actuales en todos los grandes distritos de la provincia. Mientras que una policía de 3.500 o 4.000 hombres conducida desde el mismo lugar de su accionar garantiza una agilidad y una organización que hoy brillan por su ausencia.
Es, entonces, viable y hasta aconsejable que la idea de Gustavo Pulti pueda cuajar en realidad en el futuro no tan lejano.
Los reiterados cambios de jefatura no hacen más que poner en evidencia una situación de postración que pretende maquillarse con acciones que sólo sirven para exasperar más a la gente y acentuar los cuestionamientos que tiene hacia la fuerza.
No se trata de variar periódicamente los nombres. Se trata de modificar definitivamente una estructura antigua, desanimada, desarmada en relación al delincuente y sobre todo traspasada por una corrupción endémica que parece estar muy presente al momento de decidirse a tomar las decisiones que aseguren un cambio.
Muchas campañas electorales se financiaron con cajas “ocultas” de la Policía. Muchos kilos de droga, mucho cuerpo vendido al mejor postor y mucho automóvil desguasado terminaron convertidos en coloridos carteles o lujosos spots televisivos del oficialismo de turno.
Todos lo saben. Todos lo sabemos. Entonces, ¿para qué seguir negándolo?
Pero si el cambio que la sociedad pide a gritos va a quedar como rehén de los pequeños intereses políticos y de las mezquindades personales, todo será en vano. Si el “no porque no” se torna una constante en cada cuestión que se plantea, los delincuentes seguirán llevándonos una ventaja que por momentos parece indescontable.
Tienen mejores armas, circulan en automóviles más modernos y veloces que los patéticos móviles que desde La Plata se convierten tan sólo en una cuestión cuantitativa, sin importar la magnitud de su deterioro cualitativo.
Y tienen, además, un ordenamiento legal que, presumiendo garantismo, no es otra cosa que la voluntaria claudicación de un sistema político que nutre demasiadas cosas con la delincuencia y transa demasiadas cuestiones con la marginalidad.
Así las cosas, son ellos contra nosotros. El negocio del delito versus la necesidad de vivir en paz. La ineficiencia calculada y consentida contra al menos el intento de barajar y dar de nuevo.
Se trata de ponernos todos de acuerdo, tirar para el mismo lado y convencernos definitivamente de que la vida y los bienes de los marplatenses están por encima de cualquier otra consideración, división o interés político.
Si lo logramos, estaremos dando un paso gigantesco en el sentido correcto.
Las zonas liberadas
“No hay zonas liberadas en Mar del Plata”, repitió como un alumno aplicado el nuevo Jefe Distrital. Cabe preguntarse cómo hizo para saberlo tan taxativamente cuando hace muy pocas horas llegó a la ciudad y no ha tenido tiempo real de recorrer toda el área bajo su jurisdicción.
Meras palabras, entonces, surgidas de una lección bien aprendida de la superioridad y que preanuncian un fracaso más de otro comisario más dispuesto a poner su oído más a disposición del poder en La Plata que a la de la gente.
Es deseable que esta nueva experiencia que se abre con muy escasa expectativas (dados los antecedentes del oficial en cuestión, que sólo recogió quejas tras su paso por la ciudad de Tres Arroyos, en la que se afirma que el delito creció desmesuradamente durante su gestión) sea la última ocasión en la que el viejo modelo de conducción de la fuerza insista machaconamente con decisiones que nada tienen que ver con la realidad que hoy afecta a los marplatenses.
Hombres desconocedores del territorio, generalmente venidos de lugares con una problemática absolutamente diferente, convencidos de que su negocio personal consiste en pasar su tiempo en la ciudad con la menor cantidad de problemas posibles, aunque para ello tengan que “transar” con la delincuencia, no serán por cierto solución para el reclamo ciudadano. Mar del Plata es un atlas de zonas liberadas a todo tipo de delito. Lo sabe el ciudadano, lo saben las autoridades y, por supuesto, lo sabe el entusiasta funcionario al que ahora le toca el turno. Aunque quiera hacerse el tonto.
Apenas unos lunares
La jurisdicción de la Comisaría 1° es campo celestial para los ladrones de automóviles. La zona conocida como “el triángulo de las Bermudas” (Libertad, la costa, Alberti, Dorrego) se traga más coches por día que el tsunami en Japón. La zona que debe ser atendida por las seccionales 3° (Puerto), 4° (Alberti y Chile) y 6° son el lugar soñado de cuanto delincuente ande dando vueltas arriba de una moto a la espera de alguna desprevenida víctima a quien robar, violar o matar. Son sólo muestras. Botones podridos de una realidad putrefacta a los que podríamos agregar muchos otros ejemplos de una Policía que ya no le sirve a la gente. Pero no hace falta; todos sabemos de qué se trata.