Sospechada de proteger a un funcionario judicial con fuertes vinculaciones políticas, es hora de que la jefa de los fiscales bonaerenses dé un paso al costado.
Las graves acusaciones al fiscal general Julio Novo, del departamento judicial bonaerense de San Isidro, por su presunto encubrimiento de actividades vinculadas con el narcotráfico, pusieron bajo la lupa los posibles nexos entre la Justicia y el perverso negocio de la droga y, también, entre esos dos mundos y el de la política bonaerense.
En el caso del fiscal Novo, la conexión con la política estaría dada por su superior, la procuradora general de la provincia de Buenos Aires, María del Carmen Falbo, quien ha quedado en una posición compleja tras la decisión del jurado de enjuiciamiento bonaerense de iniciarle juicio político a Novo y su indagatoria resuelta por la jueza federal de San Isidro, Sandra Arroyo Salgado. Recientemente, según informó LA NACION, un testigo que declaró ante el fiscal federal de San Isidro, Fernando Domínguez, afirmó que la procuradora protegió a Novo al archivar todas las denuncias presentadas contra él por sus subordinados.
Durante varios años, Falbo habría hecho caso omiso de una denuncia que, en 2009, realizaron más de diez fiscales en contra de Novo por “abuso psicológico” y “violencia laboral”. La mayoría de esos fiscales dependían de él. También lo denunciaron el fiscal federal Fernando Domínguez y el diputado provincial Marcelo Saín.
Por su parte, la jueza Arroyo Salgado allanó tres sedes de la fiscalía general de Novo, a quien imputó, junto con dos fiscales que dependían de él y dos secretarias, de encubrimiento agravado, atentado contra la autoridad por estorbo al acto funcional, abuso de autoridad y violación de los deberes oficiales.
Arroyo Salgado investigaba una red de funcionarios judiciales que encubría la acción de importantes narcotraficantes. Esa causa tiene puntos de contacto con la del tráfico de efedrina, la del narco colombiano “Mi Sangre”, el caso de los hermanos Eduardo y Gustavo Adolfo Juliá, y los crímenes de Unicenter y San Fernando.
En opinión de la diputada Elisa Carrió, “hay que destacar la valentía del fiscal (Luis María) Angelini, que se animó a denunciar a su propio jefe”. Los vínculos de Novo y la política bonaerense -afirmó la legisladora- “son demasiado fuertes”.
Allí, en la vinculación de Novo con la política es donde varias fuentes judiciales ubican la labor protectora que Falbo había ejercido sobre Novo pese a las denuncias y acusaciones que el fiscal acumulaba en su contra. Esa labor debería costarle el puesto a la procuradora general.
En plena campaña electoral, la vorágine política impidió que se reparara en el llamativo sobreseimiento con el que el juez de Garantías N° 3 de La Plata, Pablo Raele, benefició al entonces gobernador bonaerense y candidato presidencial, Daniel Scioli, en una causa en la que se lo investigaba por enriquecimiento ilícito.
Lo extraño fue que el magistrado trató de evitar que se difundiera la noticia y que, previamente, no ordenara un peritaje contable que permitiera fundar su resolución. Otro aspecto muy sospechoso fue que el fiscal no apelara el sobreseimiento, que, de esa manera, quedó firme. Tratándose de una causa de tanta relevancia, cuesta creer que el fiscal obrara de esa manera sin la orden o el consentimiento de la procuradora Falbo, a quien, por otra parte, la unen estrechos vínculos con Aníbal Fernández.
También perjudican a la jefa de los fiscales bonaerenses datos que comenzaron a filtrarse sobre presuntas graves irregularidades de la Procuración General en el manejo de los recursos públicos en materia edilicia.
Hace tres años, Falbo cerró las fiscalías de San Martín con la excusa de levantar un edificio en el lote y dejar de alquilar casas en los alrededores. Mientras durara la obra, Falbo alquiló un galpón para ubicar las fiscalías, pero, mientras tanto, la obra no habría comenzado, pese a que se adelantó dinero a la constructora. La Asociación del Personal Profesional Judicial (APPJ) denunció las malas condiciones de higiene y seguridad de la fiscalía.
Por todo esto, en la justicia bonaerense son muchos los que consideran que ha llegado el momento de que la doctora Falbo dé un paso al costado o de que prospere un juicio político a la procuradora general, que ocupa esa función de manera más que ineficiente desde hace 12 años.