El gobernador bonaerense Daniel Scioli enviará al Congreso un proyecto de ley de Penalización del Delito de Barrabrava y Reventa de Entradas. Se contemplarían penas de 2 a 8 años de prisión.
El gobernador de la Provincia de Buenos Aires, Daniel Scioli, enviará al Congreso de la Nación un proyecto de ley para la “Penalización del Delito de Barrabrava y Reventa de Entradas, y para la creación de fiscalías especiales para los eventos deportivos”.
El proyecto de ley al que INFOnews tuvo acceso de manera exclusiva contempla penas en cuanto al “delito de barrabrava” para el que “se prevé, en su figura simple, una pena de prisión o reclusión de dos a ocho años”.
En el texto que se enviará al Congreso se sindica como barrabravas a quien o quienes “formare parte, en forma abierta o encubierta, de una asociación o grupo de hecho que tenga por objeto apoyar a un club de fútbol, integrada por diez o más personas, y que participare en sucesos de violencia, faltas al orden público o delitos indeterminados con motivo o en ocasión de espectáculos futbolísticos, sus prácticas o entrenamientos deportivos, antes, durante o después de realizados”.
Las penas y alcances sostienen que “para los fundadores, cabecillas, jefes u organizadores de estos grupos y todo aquel que obtuviere provechos, utilidades personales o económicas, el mínimo de la pena será de cuatro años de prisión o reclusión”.
Reventa de entradas
En el artículo donde se penaliza la reventa de entradas se contempla a aquellos “que, por cualquier medio, obtuvieren o generaren lucro a través de la reventa de entradas para un espectáculo masivo, ya sea de carácter artístico o deportivo, perjudicando al fisco al no tributar impuestos nacionales, provinciales, municipales y/o los correspondientes a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, cualquiera a sea la magnitud del fraude o el monto involucrado”.
Las penas mínima “ascenderá a 3 años de prisión y su máximo se elevará a 8 años de prisión”. Y “tal como lo prevé el actual sistema de defraudaciones, en los casos de que el culpable fuere funcionario o empleado público, sufrirá además inhabilitación especial perpetua”.