La Academia dejará que la vicepresidenta dé difusión o archive el estudio sobre el lenguaje sexista en la Carta Magna.
El informe de la Real Academia Española (RAE) sobre la adecuación del lenguaje de la Constitución Española será remitido exclusivamente a la vicepresidenta Carmen Calvo y no al conjunto de la sociedad española, según ha podido saber EL MUNDO. Será Calvo, autora del encargo, la que dé difusión pública al texto o guarde en un cajón un trabajo que se puede resumir muy sencillamente: no hay motivo lingüístico para reformar la carta magna.
Algo de contexto: en julio de 2018, cuando el PSOE acababa de llegar al Gobierno, Calvo compareció ante la Comisión de Igualdad parlamentaria y anunció que encargaría a la RAE un peritaje sobre el lenguaje presuntamente machista de la Constitución y sobre la posibilidad de reformar su redacción de acuerdo a criterios de lenguaje inclusivo. La RAE designó entonces una comisión de cuatro académicos que se ocupara de ese informe: Paz Battaner, Pedro Álvarez de Miranda, Ignacio Bosque e Inés Fernández-Ordóñez. Su trabajo estuvo listo antes de las Navidades de 2018, pero su aprobación y entrega desapareció de la agenda. La RAE estaba en un momento de transición, con la llegada de Santiago Muñoz Machado a su dirección, y el Gobierno se enfrentaba a un curso electoral que resultó ser doble. El asunto del lenguaje de la Constitución quedó olvidado hasta noviembre pasado, cuando Calvo, entonces vicepresidenta en funciones, retomó el encargo. Los últimos plenos de la Academia del año pasado y los primeros de 2020 se han dedicado a debatir los flecos del texto. Un dato más: durante los primeros meses de 2019, el Gobierno de Pedro Sánchez llegó a un acuerdo de colaboración económica que alivió con cinco millones de euros los recientes apuros financieros de la RAE.
¿Con qué se va a encontrar Calvo? La principal conclusión del estudio de la Academia es que no hay nada en la Constitución que, según criterios estrictamente lingüísticos, necesite una reforma. La RAE le dirá al Gobierno que el lenguaje de 1977 con el que fue redactada la Carta Magna sigue siendo perfectamente correcto y comprensible en 2020. Si en Moncloa creen que la Constitución debe ser redactada de nuevo con desdoblamientos del tipo “los españoles y las españolas” para hacer alusión explícita a las mujeres, que lo justifique por causas políticas y no lingüísticas.
Eso es lo que le dirá expresamente la RAE a Calvo. Lo que quedará en el aire es la extrañeza que sienten algunos académicos consultados, que no entienden que el Gobierno busque el machismo de la Constitución “en su epidermis”, en su redacción, y no en asuntos de verdadero contenido como el artículo que se refiere a la sucesión de la Jefatura del Estado. Pero ésa es una apreciación política que está fuera de las competencias de la RAE.
En total, la Constitución Española incluye 491 palabras de género masculino no marcado («españoles»; “ciudadanos»; «diputados»…) sobre un total de 18.473 términos, según el recuento que hizo el periodista Álex Grijelmo en el libro Propuesta de acuerdo sobre el lenguaje inclusivo. Su texto es el más largo de todas las constituciones de Europa, pero aún así es más breve que la mayoría de los estatutos de autonomía y su prosa es concisa. Sus redactores últimos fueron Fernando Abril Martorell (vicepresidente del Gobierno de Suárez) y Alfonso Guerra, que encargó al escritor, senador y académico Camilo José Cela una corrección lingüística y de estilo.
La Constitución, hay que recordarlo, tiene padres, sus siete ponentes, todos hombres, pero no tiene madres. La palabra mujer aparece dos veces en todo la Constitución: en el artículo 32, que reconoce el derecho al matrimonio, y en el 57, que da prioridad a los varones en la sucesión de la jefatura del Estado. En su articulado no hay ninguna referencia a la discriminación histórica de las mujeres.
Una ojeada a la Constitución deja la impresión de que su redacción es sencilla; no abundan las frases en las que el desdoblamiento pueda ser un caos ilegible. En muchos artículos, el sujeto de los derechos es un simple “todos”, como ocurre en el Artículo 15: “Todos tienen derecho a la vida y a la integridad física y moral”. O en el Artículo 27: “Todos tienen el derecho a la educación. Se reconoce la libertad de enseñanza“.
¿Es posible una reelaboración de la Constitución en el que ese “todos” se convierta en “todos y todas”? Los ponentes de la Real Academia Española han manejado ejemplos de otras constituciones de América Latina en las que se ha aplicado la doctrina del desdoblamiento. Algunos artículos tomados como ejemplo son de lectura dificilísima. Lo que se gana en simbolismo se pierde en comprensión.