El anuncio fue realizado este jueves, en Torre Ejecutiva, en una conferencia de prensa.
El presidente uruguayo, Luis Lacalle Pou, y su gabinete de ministros, firmaron este jueves un proyecto de ley que propone la mayor reforma del sistema de seguridad social del país desde 1996, apuntando a recomponer la sostenibilidad financiera de largo plazo.
El texto, que será enviado al Congreso en las próximas horas, mantiene el régimen mixto (con un pilar de aportación a un sistema colectivo y otro de ahorro individual), y aumenta la edad de jubilación legal desde los 60 a los 65 años, con un esquema de transición.
Los actuales subsistemas especiales para policías, militares, profesionales universitarios y empleados bancarios convergerán al régimen general. La reforma también prevé la creación de un ingreso jubilatorio mínimo, para contemplar a aquellas personas que no alcancen a configurar la causal de retiro.
El mandatario, que lidera una coalición de centroderecha de cinco partidos, destacó el trabajo de dos años que insumió diagnosticar los problemas del régimen vigente y diseñar esta propuesta de modificación. El opositor Frente Amplio, de izquierda, participó en la comisión técnica, pero no acompañó con su voto los documentos.
Rodeado por sus ministros en una conferencia de prensa en la Torre Ejecutiva, la sede de Gobierno, Lacalle Pou planteó esta reforma como “necesaria, sostenible y solidaria”. El y sus socios tienen mayoría en el Poder Legislativo. “Cuanto antes se vote, mejor (…). La urgencia debe acompañarse ahora por el Parlamento”, afirmó el presidente.
Según dijo, su administración no está midiendo “costos políticos” al presentar este proyecto, porque a su entender las consecuencias las pagaría quien no haga una reforma sabiendo que es imprescindible. “No lo estamos calibrando según cuándo son las elecciones” nacionales, previstas para octubre de 2024, aseguró.
El déficit de la seguridad social equivale hoy a unos nueve puntos del PIB del país, lo que explica en parte el persistente desequilibrio en las cuentas públicas del país. Y el envejecimiento poblacional proyectado anticipa que el problema se agravaría si no hubiera cambios paramétricos en el régimen.
Bono climático
Aunque no son hechos conectados, el anuncio de una reforma tuvo lugar el mismo día en que Uruguay concretó la emisión de un bono “sostenible” por US$ 1.500 millones, el primero de estas características lanzado por el país.
Es un título soberano con vencimiento en 2034 cuyo pago de interés estará indexado al cumplimiento de ciertos indicadores ambientales.
El Ministerio de Economía y Finanzas oriental informó que US$ 1.000 millones fueron integrados por los inversores en efectivo y US$ 500 millones correspondieron a una recompra de bonos ya circulantes. La demanda fue por US$ 3.960 millones.
La emisión del nuevo Bono Indexado a Indicadores de Cambio Climático se realizó a un rendimiento de 5,935% anual (y un cupón de 5,75%), lo que supuso un diferencial de 170 puntos básicos respecto al bono de referencia del Tesoro de Estados Unidos.