Es uno de los objetivos más ambiciosos del Gobierno; en total proyectan una inversión de $ 100.000 millones en 4 años.
El Gobierno puso en marcha uno de sus planes más ambiciosos en términos políticos, económicos, sociales y electorales: con una inversión en torno de los $ 100.000 millones en los próximos cuatro años, espera construir 120.000 nuevas viviendas sociales, reurbanizar las 505 comunidades más vulnerables del país y otorgar créditos con parte del capital o tasas subsidiadas, para construir o mejorar otras 456.000 casas. Todo eso permitirá sacar a cuatro millones de personas de la crisis habitacional que enfrentan, un tercio de los 12 millones que viven en situación precaria, según los números que maneja extraoficialmente la Secretaría de Vivienda y Hábitat.
Si logra completar esa agenda, la administración de Mauricio Macri se habrá anotado una medalla difícil de igualar. Por caso, el ex presidente Néstor Kirchner prometió entre 2004 y 2005 la construcción de 420.000 viviendas, de las cuales sólo se hicieron sólo 198.000, menos de la mitad, a razón de 16.000 por año.
El secretario de Vivienda y Hábitat, Domingo Amaya, terminó de delinear semanas atrás la última versión del proyecto, que tiene el visto bueno del presidente Mauricio Macri y el ministro del área, Rogelio Frigerio.
En forma paralela, ordenó estudiar mecanismos de auditoría para que los fondos para obras lleguen a los destinatarios finales y no se desvíen en el camino, algo que ocurrió con diversas obras lanzadas por la administración de Cristina Kirchner, cuyo responsable era el ex secretario de Obras Públicas José López, según confirmó Amaya a LA NACION. El Gobierno denunció en la Justicia algunas de esas irregularidades. Entre ellas, las de las viviendas construidas por la organización Tupac Amaru, que conduce Milagro Sala.
Amaya firmó 21 convenios con gobernadores y 60 acuerdos específicos con provincias y municipios desde abril. Todos apuntan a establecer pautas concretas de la inversión pública en vivienda: fijan plazos de ejecución, montos a desembolsar y la cantidad de habitantes que serán alcanzados por el proyecto.
La construcción de viviendas se llevará este año $ 12.000 millones. Una parte de esos fondos se destinará a pagar la deuda que dejó el kirchnerismo y concluir unas 30.000 casas con distinto grado de avance. La otra, a iniciar 20.000 unidades, que deberían comenzar a mover la rueda del flamante plan.
Aunque el país muestra un déficit fiscal difícil de controlar, Amaya cree que eso no será un problema para hacerse de los fondos que necesita para financiar las obras. “Todo esto está en el presupuesto. Hacienda es el que debe darnos los recursos”, explicó.
El Gobierno también ensayará mecanismos para que los dueños finales de las viviendas hagan algún tipo de pago para quedarse con la casa. “La idea es que todo tiene que costar un poco”, sostuvo el funcionario, que elaboró el plan junto con Marina Klemensiewicz, titular de Hábitat y Desarrollo Humano, e Iván Kerr, de Desarrollo Urbano y Vivienda.
Otros $ 8000 millones se destinarán al mejoramiento del hábitat. El Gobierno parece haber puesto en segundo plano la idea de relocalizar asentamientos precarios, salvo en los casos en que estén en zonas inundables, por ejemplo. En cambio, mejorará el entorno. Definió un plan para eso.
Según los números no oficiales con los que se manejan en la Secretaría de Vivienda, en el país hay unas 6300 villas o asentamientos de difícil habitabilidad. La administración de Macri intentará mejorar esos entornos mediante la creación de espacios verdes, la relocalización de algunas unidades y la apertura de calles a través del tendido de cordones y cunetas.
El último es un punto fundamental, porque esa delimitación le da cierto orden a la construcción de las futuras viviendas y evita la denominada “favelización”.
Vivienda puso el foco en 20 proyectos. Hay una inversión de $ 253 millones para las localidades salteñas Morrillo, La Unión, Rivadavia Banda Sur y Victoria del Este. Están entre las 100 poblaciones más vulnerables de la Argentina.
En Jujuy, en tanto, se retomó la construcción de 1682 viviendas paralizadas. El Gobierno sostiene que la mayoría estaba a cargo de la Tupac Amaru. Costarán $ 473,8 millones y abarcarán 17 localidades, incluidas Tilcara, Humahuaca y La Quiaca.
En el conurbano bonaerense, otro foco de vulnerabilidad a nivel nacional, comenzó la relocalización de familias en zonas críticas. En Avellaneda se puso en marcha un plan de $ 230 millones para la construcción de 440 nuevas viviendas en el barrio La Alianza. La harán la gobernación de María Eugenia Vidal, la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo y el municipio, en manos del ultrakirchnerista Jorge Ferraresi, uno de los primeros en avisar que Cristina Kirchner volvería al poder en 2019.
El Gobierno promete que en dos años permitirá la relocalización de 440 familias que hoy habitan el asentamiento Villa Inflamable, donde unas 1800 familias viven en el corazón del Polo Petroquímico de Dock Sud. El Estado debería haberlas mudado hace años, pero sus futuras casas nunca fueron construidas.