El abogado Andrés Barbieri presentó hace más de 3 años una denuncia contra la gestión del ex intendente Gustavo Pulti por la formación de cooperativas que recibían dinero del programa PRIS de origen nacional y hoy no se sabe cuál fue el destino de más de 40 millones de pesos. “Llegamos a la conclusión en aquél momento que había cooperativas que no existían, con domicilios donde no había nadie. Otras estaban conformadas no por sectores vulnerables, sino por dirigentes de la Unión Obrera de la Construcción”, agregó.
Ayer la Fiscalía de Delitos Económico se hizo presente en la Municipalidad buscando documentación para la IPP que se lleva adelante investigando al ex intendente Gustavo Pulti en una causa donde se denuncia la utilización de fondos públicos en programas que eran manipulados políticamente.
Los detalles de esta denuncia los brindó el abogado Andrés Barbieri en la 99.9, quien justamente hizo la presentación. “Esto se inició en 2012, es una denuncia que promoví ante la justicia federal. Son fondos provenientes del Ministerio de Desarrollo Social que manejaba Alicia Kirchner con los municipios mediante el programa PRIS (Proyectos Regionales Integrados) y estaban destinados a los sectores más vulnerables. Se formaban cooperativas y el estado municipal les deba trabajo en obras públicas, la construcción de viviendas, hacer cordón cuneta y demás”, explicó inicialmente.
Luego comenzaron los problemas: “estas cooperativas se formaron en la secretaría privada del intendente Pulti a través de un Sr. González que es familiar del mismo. Llegamos a la conclusión en aquél momento que había cooperativas que no existían, con domicilios donde no había nadie. Otras estaban conformadas no por sectores vulnerables, sino por dirigentes de la Unión Obrera de la Construcción”.
Como ejemplo, había una nombre destacado como el de Mario Puche integrante del Movimiento Atahualpa: “había una de Puche a la que se le exigía hacer movilizaciones para mantener las cooperativas. Fue quien tomó el Concejo Deliberante y fue expulsado y luego procesado. Se lo premiaba con una cooperativa. Está en las declaraciones incluso que se pedían favores sexuales para estar en las cooperativas”.
A pesar de lo que pudo demostrar, no se avanzó por la inacción de aquellos que debían investigar el tema en profundidad: “la Justicia Federal estuvo 3 o 4 años con el expediente y cuando debió tomar resoluciones, literalmente se sacó la causa de encima y la envió a la justicia provincial. La excusa era que si bien los fondos eran del estado nacional, al ingresar al patrimonio municipal eran fondos provinciales. Ahí pasa a la fiscalía de delitos económicos donde le dieron un verdadero impulso para tomar medidas como la de ayer donde se secuestró una serie de documentación donde se acreditaría como era la maniobra”, aclaró.
Las cifras son siderales y nadie sabe donde fue a parar ese dinero que provenía del estado nacional: “hice dos presentaciones donde reoriente la causa y acompañé informes del Tribunal de Cuentas que son categóricos. Dicen que se pagó un 100% y hay compra de materiales sólo por un 33%. Estamos hablando de 41.497.000 pesos y después pidieron una ampliación de más de 8 millones”.
Los movimientos eran tan extraños que los propios funcionarios del gobierno de Pulti se habrían negado a realizar los pagos a estas cooperativas. “Los pagos los realizaba la municipalidad a pedido insistente del intendente Pulti. El Contador Municipal se negaba pero la Ley Orgánica faculta al intendente a insistir para que los pagos se liberen. Todos los pagos a las cooperativas fueron objetados por el Contador”, indicó Barbieri.
Por último, el abogado aclaró que esta metodología no se daba con todas las cooperativas, pero hay muchas involucradas: “no digo que todas las cooperativas hayan funcionado así, pero aparecen muchas denunciadas en el expediente y la maniobra fue certificada”, concluyó.