Por las rutas bordeadas de árboles del condado de Flagler, en el norte del estado de Florida, media docena de camiones van y vienen a lo largo de la costa atlántica para descargar miles de toneladas de arena en una playa local.
Reemplazar la arena que se llevaron las olas y el viento es fundamental para proteger los negocios y hogares costeros, así como los ingresos que proporcionan al turismo los habitantes del norte que buscan refugiarse del frío en el soleado estado de Florida.
Reunir suficiente arena a un precio adecuado y a tiempo para la temporada alta de turismo es cada vez más difícil, tras un año de fuertes tormentas que incluso trajo a Irma , el huracán más potente que haya golpeado el estado en más de una década, y que dejó daños por un valor de más de 50.000 millones de dólares.
Los costos del así llamado reabastecimiento de las playas son solo una fracción del total de miles de millones de dólares destinados a la reconstrucción, pero representan una medida crucial para la industria turística, que en Florida mueve unos 67.000 millones de dólares anuales. Pero la necesidad de arena sigue creciendo, y no hay suficiente cantidad para cubrir la demanda.
“Es como comparar el lento progreso de una caries con una pelea en la que te vuelan los dientes de un solo golpe”, dijo el administrador del condado de Flagler, Craig Coffey, al referirse a la arena que se perdió durante Irma y el huracán Matthew, que azotó la costa de Florida en octubre de 2016.
Con un litoral más extenso de cualquier estado del Estados Unidos continental, Florida está gastando más dinero y tiempo en sus playas de que en ningún otro estado, para ensancharlas y construir dunas.
Pero tras siete décadas de reconstrucción de sus playas, el estado ahora afronta dificultades por la falta de arena, la subida de los costos y los escasos fondos públicos aún durante los años más tranquilos. La rápida sucesión de tormentas vigorosas hace que el desafío sea aún más acuciante.
Mientras cambian los patrones climáticos y proliferan los desarrollos inmobiliarios costeros, cada vez son más los estados norteamericanos que en los últimos cinco años implementaron medidas para contrarrestar la erosión de las playas.
Otros países, como México, Gran Bretaña y Australia, también realizan regularmente trabajos de recuperación de sus costas. Y la elevada demanda de arena para la industria de la construcción no hace más que profundizar la escasez global de ese suministro.
A medida que la demanda y los costos aumentan, las comunidades de Florida también deben competir cada vez más por la arena y por los fondos para conseguirla, y algunos municipios hasta contratan a “lobbistas de arena” para que los representen en la Legislatura del estado y en el Congreso nacional.
Después de intentar por más de una década que lo incluyeran en el “fondo federal de arena” destinado a las playas más populares, como Miami, el condado de Flagler decidió recurrir al dinero de los impuestos municipales, de aportes privados y de fondos de emergencia para reconstruir las dunas y proteger a los vecinos que se inundaron tras el paso de Matthew e Irma, y de las norestadas que vinieron después. Los trabajos empezaron el mes pasado y tendrán un costo estimado de 26 millones de dólares.
El condado Brevard, al sur de Flagler, quiso ampliar un contrato que había firmado con una empresa después del paso de Matthew, para que también cubriera las consecuencias de Irma por el mismo precio, pero el contratista rechazó el acuerdo.
Las nuevas cotizaciones llegaron con aumentos de entre un 11 y un 39% y el condado se quedó con la oferta más baja, dijo el comisionado del condado, John Tobia, que aspira a que parte de los impuestos municipales destinados a comprar arena se usen, en cambio, para reparar las dañadas rutas de su localidad.
El condado de Brevard, donde se encuentra el Centro Espacial Kennedy, también tiene problemas con las tortugas marinas.
Las tortugas marinas que anidan a lo largo de la costa este de Florida gozan de la protección de una ley federal que prohíben cualquier trabajo en las playas durante el periodo de incubación, entre mayo y octubre.
Las normativas medioambientales también indican que tipo de arena se puede usar, ya que el color de esta influye en su temperatura -cuando más oscura, más rápido se calienta-, y eso a su vez puede modificar el género de las tortugas durante su gestación.
Como las reservas de arena offshore están agotadas y extraerla de nuevos depósitos implica un largo papeleo burocrático para obtener permiso, cada vez son más los gobiernos municipales que hacen traer arenas de las minas en camión -en vez de dragarla del lecho marino y bombearla hasta la costa-, por más que su costo por metro cúbico sea cinco veces superior.
“La escasez de arena genera conflictos”, señaló Dave Bullock, que se jubiló el mes pasado de su cargo de administrador de la isla-barrera de Longboat Key, en el oeste de Florida, que tras el paso de Matthew agotó sus reservas de arena offshore.
Como un ejemplo reciente de esos conflictos, dos comunidades costeras vecinas, Siesta Key y Lido Key, mantienen una disputa legal en la que reclaman 1,8 millones de toneladas de arena de un canal de navegación que comparten ambos municipios.
Los defensores del medioambiente señalan que la erosión de las playas es fundamentalmente un fenómeno natural, y que los esfuerzos para revertirlo generan un círculo vicioso, ya que fomentan el desarrollo inmobiliario a lo largo de la costa.
Eso a su vez pone en riesgo a más personas y bienes públicos, que a su turno demandan mayores esfuerzos y fondos para protegerlos. Según los activistas medioambientales, la solución permanente y a largo plazo sería retrotraer el desarrollo inmobiliario sobre las costas.
Pero, de todos modos, es probable que la demanda de arena siga creciendo, según Derek Brockbank, director ejecutivo de la Asociación de Preservación de Costas y Playas de Estados Unidos, un grupo de presión a favor de los gobiernos y empresas de las localidades costeras.
Según Brockbank, el cambio climático y el desarrollo inmobiliario sobre las costas han generado una urgente necesidad de proteger las tierras altas, un proyecto que demandaría 5000 millones de dólares a lo largo de una década y que debería ser incluido en cualquier ley nacional de infraestructura que se aprueba de ahora en más.