La integrante de la Asociación de Abogados por la Justicia y la Concordia, habló en la 99.9 sobre el hábeas corpus que presentaron por los derechos de los ancianos detenidos en las cárceles.
La Asociación de Abogados por la Justicia y la Concordia, es parte de un grupo de entidades que han presentado un habeas corpus en favor de ancianos detenidos en cárceles. Según indican, a estas personas “no se les reconocen los derechos constitucionales básicos y otros que protegen específicamente a la ancianidad y muestran un panorama desolador. Hay dos centenares de personas que van de los 68 a los 86 años en condiciones, todos en esas condiciones, todos ellos acusados por hechos de la lucha contra el terrorismo en la década del 70”.
Los Juicios por la Verdad, han generado todas estas situaciones y están denunciando que todo esto, no permite tener garantías básicas a los detenidos que están en el tramo final de su vida. La Dra. Laura Olea, es una de las integrantes de la Asociación y brindó los detalles en la 99.9: “a partir de la reapertura de las causas hace 20 años y de tres fallos de la Corte que decidieron sortear obstáculos que no son nada más y nada menos que garantías constitucionales, se reabrieron aquellas causas por hechos ocurridos hace medio siglo, en situaciones extraordinarias de nuestra historia contra las fuerzas legales y también civiles, sacerdotes, periodistas, han sido perseguidos judicialmente por esos hechos. A partir de entonces se fue creando un sistema apartado de la ley a través de la jurisprudencia y absolutamente discriminatorio que ha llegado a extremos inadmisibles”.
En ningún caso, a pesar de que se les da libertad a todo tipo de delincuentes condenados, para estas personas que están en procesos, no les permiten ningún tipo de excarcelación incluso con enfermedades avanzadas: “todas estas personas, estos imputados por los llamados delitos de lesa humanidad, se han visto desamparados de los derechos que se le reconoce a cualquier habitante de la Nación. Es así que a través de estos fallos que se apartan de la letra de la ley, se les deniegan las excarcelaciones pese a que no existen riesgos procesales que las justifiquen. Las prisiones preventivas llegan a superar los 10 años cuando la ley establece un límite de tres años, se niegan las libertades condicionales, salidas asistidas cuando se cumplen todos los requisitos que la ley impone, se les exige hasta arrepentimiento, es decir, manifestaciones de confesión. También se han denegado sistemáticamente prisiones domiciliarias o exigido también requisitos que la ley no impone a personas ancianas que superan los 70 años”.
Ni siquiera se han aplicado, según lo que denuncian, aquello que los propios kirchneristas incorporaron a nuestro país y hoy, hay mucha gente encarcelada en situaciones graves: “en diciembre del año 2022 se elevó a jerarquía constitucional, promovido por la diputada Moreau, la Convención de Protección Interamericana de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, que ampara a las personas mayores a partir de los 65 años y que obliga al Estado a adaptar toda su legislación, su jurisprudencia, los actos de la administración a esos derechos reconocidos en esa convención pero no obstante, en estas causas se ha omitido su aplicación. Nos encontramos con situaciones realmente escandalosas y escalofriantes. Tenemos más de un centenar de ancianos de entre 68 y 86 años que están encerrados en las cárceles cárceles que no están en condiciones cuando esta convención dispone y obliga al estado a buscar alternativas a la prisión, ya ni siquiera hablemos de prisión domicilia, alternativas a la prisión. A estas personas se les ha denegado sistemáticamente la posibilidad de cumplir sus detenciones en domicilio y esto nos llevó a 10 asociaciones a presentar el 22 de noviembre un hábeas corpus colectivo por agravamiento de las condiciones de detención y recayó en el Juzgado Nacional de Instrucción 27. La primera resolución que obtuvimos fue un rechazo in límine, pero la Cámara de Apelaciones ha elevado a consulta, que es el procedimiento normado por la ley de habeas corpus. La Cámara revocó esa decisión y le ordenó al juez fijar una audiencia, además de que nosotros tuvimos que presentar un listado de las personas detenidas, a disposición de qué tribunales estaban, las dolencias que padecen. Lo cierto es que el juez se declara incompetente, lo eleva nuevamente a la Cámara de Apelaciones y en el mismo día le ordena que cumpla con lo dispuesto en la resolución anterior, que fije la audiencia y escuche a estas personas. Esa audiencia se celebró el jueves pasado y no pudieron participar todos los detenidos”.
El tema seguirá porque todavía quedan situaciones por definir, a pesar de que no se pudo escuchar a los afectados en su totalidad: “el juzgado ordenó que representantes, algunos representantes de ellos pudieran exponer, el resto estuvo en una sala contigua que no pudieron escuchar absolutamente nada, ni el juez los pudo ver. Se hizo evidente el panorama de crueldad y discriminación al que son sometidos, porque más allá de la edad, están padeciendo enfermedades gravísimas, cánceres de todo tipo, cardiopatías, ACV, personas que se han caído por ACV, atendidas y volvieron a ser encerradas en el mismo lugar con demencia senil. Un panorama realmente de una crueldad espantosa. Lo cierto es que ahora estamos esperando la decisión del juez que ha solicitado que el servicio penitenciario les haga un examen médico a todos ellos y eleve esos exámenes. Esperemos que sean exámenes médicos serios”.