El Dr. Hermes Binner, ex gobernador de Santa Fe y segundo candidato presidencial más votado en 2011, opinó hace unas semanas que los niveles de violencia, asesinatos y narcotráfico de Argentina son similares a los México y Colombia. Por suerte, no es verdad.
Por cuestiones académicas, sigo el caso del narcotráfico en México casi a diario, así que tengo frescos los números de la guerra que se está librando en ese país desde el año 2006. También seguí el caso colombiano durante la década del ‘90, y puedo afirmar que estamos muy lejos de la terrible realidad de esos dos países latinoamericanos.
Lo que me asusta es que varios políticos argentinos -Binner no fue el único en afirmar algo por el estilo- piensen que “esto” que vivimos a diario es realmente todo lo que el narcotráfico puede hacerle a un país y su sociedad. Me preocupa porque alguien puede pensar “bueno, no es tan terrible” y bajar la guardia ante este flagelo. Saben que nuestra actualidad está a años luz del infierno en que podríamos convertirnos si los cárteles que se dedican a comercializar drogas se instalasen aquí.
La violencia nuestra de cada día no desaparecería. Se sumarían unos 28 muertos más por día, asesinados de las formas más aberrantes, como la decapitación, por poner sólo un ejemplo.
Desde 2006, año en que el ahora ex presidente Calderón le declaró al guerra a los cárteles del narcotráfico, se reconocen oficialmente 60.000 víctimas fallecidas estrictamente por esa causa. Algunas asociaciones civiles hablan de hasta de 80.000 muertos en esta guerra; entre ellos, narcotraficantes, por supuesto, pero también miles de policías, miembros de otras fuerzas, ciudadanos inocentes, políticos, jueces y cientos de periodistas.
Solamente el año pasado se registraron 27.199 homicidios en México, cifra superior a los 25.757 de 2010, informó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) considerando datos preliminares a partir de la estadística de defunciones. El organismo expuso que la proporción de homicidios durante el año 2011 fue de 24 por cada 100 mil habitantes, dato que se compara con los 23 por cada 100 mil habitantes en 2010.
Indicó, además, que Chihuahua fue la región con mayor número de homicidios, con 131 por cada 100 mil pobladores; y Yucatán tuvo el menor índice, con tres casos. En un comunicado, el INEGI explicó que las cifras surgen de los registros administrativos, básicamente de defunciones accidentales y violentas.
La oficina de la Procuradora General de la República (PGR), Marisela Morales, hizo un balance de las pérdidas registradas por las fuerzas del orden en México desde diciembre de 2006 a junio de 2011: murieron 2.888 soldados, personal naval, policías y agentes de los servicios de inteligencia. El 45% eran policías municipales, lo que demuestra que las comunas, células básicas de la organización política de un país, soportan el mayor peso de la guerra.
Estas mafias pretenden imponer su ley a los poderes locales, por la sangre si es necesario. Y para ello, influyen cada día un poco más en el juego democrático y en los procesos electorales. Treinta y cinco alcaldes han sido asesinados desde 2006; en su mayoría, a manos del crimen organizado. Es un buen momento para preguntarle a Binner, por ejemplo, cuántos intendentes o concejales han sido asesinados por el narcotráfico en Argentina. La respuesta obvia es: ninguno.
Decenas de pequeños empresarios fueron secuestrados en los últimos años, especialmente en los Estados del norte mexicano, cercanos a la frontera con Estados Unidos. Más de doscientas mil personas abandonaron Ciudad Juárez para instalarse en Estados Unidos o en el interior del país. Grandes pueblos cercanos a la frontera estadounidense, escenarios de enfrentamientos mortales entre los cárteles que se destruyen entre sí, se fueron quedando sin habitantes. Se calcula que más de dos millones de personas se desplazaron de sus lugares de residencia para huir de los diferentes grupos armados que se mueven libremente por extensos territorios de México.
Pese al tamaño de la tragedia derivada de este conflicto, los señores de la droga, lejos de haber desaparecido, cuentan actualmente con más poder económico e influencia política que hace seis años. Y su presencia territorial, antes acotada a la frontera norte, se ha diseminado por varios Estados hasta golpear las puertas de Ciudad de México y llegar a la frontera sur del país.
Paralelamente, esta “guerra no convencional” fue delineando una geografía política caracterizada por la existencia de zonas donde impera un poder paralelo. Así, en Estados como Chihuahua, Tamaulipas, Michoacán, Veracruz y Sinaloa existen vastas zonas sometidas a la tiranía de los cárteles de Sinaloa, Los Zetas, El Golfo, La Familia y otros. Son territorios donde las autoridades estatales desertaron de sus responsabilidades o directamente están a las órdenes de la mafia.
Los cárteles aseguran su dominio a través del terror. En septiembre, en Veracruz, fueron encontrados treinta y cinco cuerpos sin vida frente a un gran centro comercial; las víctimas eran delincuentes conocidos por la policía. Una organización bautizada “Nueva Generación” se adjudicó la masacre. La PGR la calificó de “brazo armado del cartel de Sinaloa” y habló de un ajuste de cuentas con los Zetas. La masacre fue también una advertencia lanzada al Estado: al día siguiente, la ciudad sería sede de una reunión de fiscales de toda la República. Las matanzas se reanudaron en noviembre. Dieciséis cadáveres calcinados aparecieron en Culiacán, capital de Sinaloa; y veintiséis cuerpos fueron abandonados en pleno centro de Guadalajara, la segunda ciudad de México.
En los Estados del norte y el oeste, los sicarios instituyeron un ritual macabro: la decapitación. El diario Reforma contabilizó cuatrocientas cincuenta y tres en 2011. El 13 de mayo de 2012 se encontraron cuarenta y nueve ajusticiados (cabezas y brazos cortados) en la ruta nacional que une Monterrey, capital del Estado de Nuevo León, con la frontera texana.
Felipe Calderón, antes de dejar la presidencia el 1 de diciembre, defendió su polémico operativo militar antidroga y subrayó la corresponsabilidad de Estados Unidos en la violencia que vive el país. Al momento de presentar su último informe de gobierno, sostuvo que la tarea más difícil que ha enfrentado es la del combate al crimen organizado y que tomará muchos años ver el fruto. También responsabilizó a Estados Unidos por la violencia que sacude a México al señalar que “ellos son los consumidores, ellos son los proveedores del dinero, ellos son los proveedores de armas para el crimen organizado”. Por lo pronto, los muertos sólo los pone México.
Sería bueno que nuestros políticos pensaran antes de hablar, o se informaran antes de sentenciar sobre temas que obviamente desconocen. Aun los mejores y más serios, como Hermes Binner, ven un micrófono y pierden la objetividad.
Periodistas caídos
México es el tercer país más peligroso para los periodistas, según denunció la “Campaña por un Emblema de Prensa” (PEC), organización civil que busca proteger a los comunicadores en situaciones violentas. Al presentar sus estadísticas de periodistas asesinados en lo que va de año, precisó que en México murieron 10 comunicadores. El país más peligroso ha sido Siria, con 32 periodistas asesinados; y el segundo Somalia, con 16.
En tercer lugar está México, con una decena de periodistas muertos en un contexto “de frecuentes casos de mutilaciones y niveles de inseguridad crónica en algunas regiones”, indicó la PEC. Brasil y Pakistán ocupan el cuarto lugar entre los países más peligros, con siete asesinados cada uno. En el sexto lugar está Honduras, donde murieron seis periodistas.
Esto ha hecho que decenas de medios de comunicación cierren sus puertas; incluso los que se difundían por medio de blogs para evitar reunirse en un lugar físico determinado. Quienes escriben en ellos también son perseguidos por los cárteles.
Armas del Tío Sam
Los cárteles mexicanos recurren al tráfico hormiga a través de su frontera norte. Abastecen sus arsenales acudiendo a las armerías estadounidenses, donde la venta es libre. El tráfico incluye armas pesadas, lanzacohetes, lanzagranadas, fusiles de asalto y armas capaces de traspasar blindados.
Existe una relación directa entre el escaso control sobre la venta de armas y rifles de asalto en Estados Unidos y la violencia homicida perpetrada en México, sostuvo un informe publicado por universidades estadounidenses. “Lo que presentamos como evidencia apunta a que hay una relación directa entre facilitar el acceso de este tipo de armas en Estados Unidos y el aumento de homicidios por rifles de asalto en la frontera de México”, afirma Omar García Ponce, investigador de la Universidad de Nueva York (NYU) y coautor del estudio.
Afirmó, además, que los homicidios cometidos con rifles de asalto (entre los que se incluyen el AK-47) pueden atribuirse en su abrumadora mayoría al crimen organizado, debido a que un ciudadano común difícilmente adquiere un arma de este tipo, diseñada para el combate militar.