Fue uno de los cambios que se habían solicitado durante el debate en Diputados. Se incorporaron también medidas para evitar la terciarización. El ámbito de los entrepreneurs festejó el avance de la ley, que ya tiene media sanción. Se espera un rápido trámite en el Senado.
La Ley de Emprendedores consiguió esta semana media sanción en la Cámara de Diputados, tras un arduo debate entre legisladores que no ahorraron críticas a la política económica y al avance del desempleo.
En ese marco, se instituyeron en el recinto importantes cambios en el texto original propuesto por la Asociación de Emprendedores de Argentina (ASEA) y consensuado en comisiones.
La iniciativa plantea la creación de Sociedades por Acciones Simplificadas (SAS), una figura jurídica que facilitaría abrir una empresa en 24 horas, llevar la contabilidad online y acceder a fuentes de financiamiento colectivo.
La votación en general fue definida por 189 votos positivos a siete negativos, con nueve abstenciones por parte de los legisladores cuyos emprendimientos propios o familiares podrían ser alcanzados por la Ley.
A partir de las modificaciones sugeridas por los diputados durante el debate en particular, se incorporaron al proyecto a los emprendimientos sin fines de lucro.
Es decir que las ONG y cooperativas podrán acceder a los mismos beneficios que las “startup” con objetivos comerciales.
Asimismo, luego de que varios legisladores expresaran sus temores de que la ley fuera utilizada para flexibilizar o terciarizar la mano de obra, se hizo referencia en el texto a la Ley de Contrato de Trabajo.
Tras estas correcciones, el proyecto fue girado al Senado de la Nación.
“Me encuentro feliz de que haya salido la Ley que vengo impulsando dentro del Congreso y que hace mucho tiempo venimos trabajando con ASEA y otros organismos, y con una cantidad de votos realmente importante”, dijo a este medio Facundo Garretón.
“Espero ahora que vaya rápido al Senado y se trate, con el objetivo de que este mismo año salga y tener 90 días para instrumentar. Si esto pasa sería fantástico”, agregó.
“Luego de dos años de trabajo, de lograr acuerdos con todos los bloques partidarios y de trabajo y de insistir en que haya una ley, se acaba de dar el primer paso en Diputados y en pocos días va a estar tratándose en el Senado”, señaló el Presidente de ASEA, Esteban Wolf.
“Es la primera vez en la historia del país que los emprendedores se juntan para poder tener una ley propia; y una vez más se demuestra que el gran lema que tienen todos los emprendedores, que es que el 90% se basa en insistir”, opinó.
En la Asociación esperan que el tratamiento en la Cámara Alta sea rápido. “Argentina no puede esperar más. Si queremos ver despegar la economía necesitamos darles a los emprendedores las herramientas y los incentivos para que se animen a pensar en grande”, dijo a este medio Manuel Tanoira, Director de Políticas Públicas de ASEA.
“Creemos que esta es una ley clave porque baja las barreras de entrada a la hora de emprender y crea un incentivo para la industria de capital emprendedor”, continuó.
No solo hubo festejo del lado de los emprendedores sino que también los inversores, que también se verían alcanzados por la ley, celebraron la media sanción.
“Es bueno que se incluya a las cooperativas, lo mismo que a las asociaciones y fundaciones. Creo que la ley tiene que apoyar todo tipo de emprendedorismo, el que tiene ánimo de lucro y el que no, y no tiene que ser restrictiva respecto a algún tipo societario particular”, dijo a este medio al respecto Diego González Bravo, miembro fundador de ASEA y además director de la recientemente refundada Asociación de Venture Capital de Argentina (ARCAP).
Cambiar de clima
El objetivo final, de acuerdo a los sectores que impulsan esta modificación, es mejorar el clima de negocios en el país.
Sucede que, si bien este año Argentina subió dos posiciones en el Ranking “Doing Business” del Banco Mundial y alcanzó el puesto número 116, en el indicador de “facilidad para abrir una empresa” cayó tres lugares, hasta el escalón 157 entre 190.
En ese marco, el proyecto reduce los plazos administrativos para constituir una empresa, permitiendo abrir una cuenta bancaria y un CUIT o CDI en 24 horas. De cumplirse esos requisitos bajo la figura de SAS, la firma quedaría habilitada para comenzar a operar.
La propuesta también apunta a facilitar la llegada de inversiones a nuevas empresas a partir de beneficios impositivos y sistemas novedosos para el entorno local como el “crowfunding”.
Asimismo, el proyecto autoriza beneficios impositivos para las inversiones de capital con ese fin, cuyos aportes podrían ser deducidos del impuesto a las Ganancias.
Más aún, para quienes realicen el desembolso en emprendimientos ubicados en zonas menos desarrolladas, la deducción se incrementa del 75% hasta el 85% del gravamen.
Le tocó a uno de los principales impulsores del proyecto, el diputado tucumano de Unión PRO Facundo Garretón, presentar los fundamentos del proyecto.
Al defenderlo, el miembro informante del oficialismo explicó que actualmente abrir una empresa “puede demorar entre 3 y 18 meses dependiendo de la provincia donde se encuentre”.
Aseguró que esto sucede, por un lado, por la burocracia que esta ley intenta eliminar, y por otro lado por la dificultad para acceder a financiamiento.
Sobre todo, insistió en que son las Pyme las que generan entre el 70% y el 80% del empleo en la Argentina, y esas empresas la fundan los emprendedores. “Creo que estamos en el camino correcto para tener una verdadera nación emprendedora”, cerró Garretón.
El diputado Marcelo Monfort, de la UCR de Entre Ríos, fue otro de los muchos legisladores que hablaron a favor de la “Ley ASEA”. Celebró el hecho de promover aceleradoras y clubes de inversores angeles, “un tipo de financiación que ha sido casi inexistente en Argentina”.
Indicó también que el modelo económico vigente hasta 2015 generó que los emprendedores argentinos buscaran en el exterior este tipo de capitales.
Cooperativas y empleo
Muchos de los partidos que acompañaron el proyecto en general, expresaron importantes disidencias y pidieron cambios sustanciales.
Axel Kicillof (FpV) fue el primero en pedir que se incluya a las ONG, “que tienen derecho a ser emprendedoras y recibir los beneficios de esta ley”.
Dario Giustozzi (Juntos por Argentina) también apuntó que “no todos tienen el espíritu emprendedor con la vocación de lucro” y también pidió la inclusión de las cooperativas, algo que reiteraron también a su turno Marco Lavagna (FR) y Julio César Raffo (Diálogo y Trabajo), entre otros.
Por su parte, Pablo Kosiner (PJ) resaltó que en el proyecto propuesto por la mayoría “han quedado algunas cosas pendientes” y nombró entre ellas “incorporar en el artículo 2° a las cooperativas o a las empresas recuperadas como emprendedores, y lograr un mayor protagonismo del Estado a los efectos de controlar que las tasas para los préstamos no sean muy altas”.
Para hacer frente a estas solicitudes, se modificó la redacción del capítulo I del título I del texto, para definir como “Emprendimiento” tanto a actividades con fines de lucro como sin él.
Deben también ser llevadas adelante en la República Argentina “por una persona jurídica nueva o cuya fecha de constitución no exceda los siete años”.
“En cuanto algunas modificaciones específicas, como la inclusión de las cooperativas, está bueno que se haya sumado. Fue uno de los puntos planteados por otros bloques”, dijo al respecto Garretón a iProfesional.
Y se distinguió a las iniciativas que tienden al lucro como “Emprendimiento Dinámico”, en donde los “emprendedores originales conserven el control político de la persona jurídica, entendido este como los votos necesarios para formar la voluntad social, elegir a la mayoría de los miembros del órgano de administración y adoptar decisiones en cuanto a su gestión”.
“Esto se encuentra orientado a emprendimientos con fines de lucro. Muchos fondos invertirán en estos, por lo cual era necesario diferenciar los dos conceptos”, explicó el diputado de Unión PRO sobre uno de los puntos más debatidos durante la sesión.
Lavagna y Kosiner insistieron luego en que se incluyera también a las cooperativas en la posibilidad de recibir aportes de capital.
Otro de los reclamos que finalmente fue incorporado fue el de evitar que esta ley se transforme en un instrumento de terciarización o precarización laboral.
Facundo Moyano (FR) se refirió al “sesgo flexibilizador” del proyecto. Y Jorge Taboada (Chubut Somos Todos), quien votó en contra del proyecto en general, aseguró que esta ley en su opinión “es un avance más los convenios colectivos de trabajo” para “flexibilizar al máximo a los trabajadores”.
Kicillof también pidió “algunas modificaciones, para que este proyecto no sirva de herramienta para eludir la Ley de Contrato de Trabajo a través de la subcontratación de estas nuevas empresas para encubrir una relación laboral”.
Quedó luego en manos de Lavagna insertar en la redacción un artículo que pidió incorporar a las SAS las disposiciones de la Ley de Contrato de Trabajo N° 20.744 y en particular las relativas a las responsabilidades solidarias.
“Creíamos que era aplicable sin aclararlo”, replicó en esa instancia del debate el diputado Daniel Lipovtzki (Unión PRO), quien aceptó la modificación.
Con reservas
Desde ASEA no se cansan de destacar “el enorme compromiso” y apoyo que el proyecto recibió tanto del presidente Mauricio Macri como del Ministerio de Producción que lidera Francisco Cabrera; y sobre todo del Secretario de Emprendedores y Pymes, Mariano Mayer; a quien consideran “un emprendedor desde lo público”
Pero no todas las voces del ecosistema emprendedor están a favor de este proyecto de ley. Cuestionan la posibilidad efectiva de abrir una empresa en 24 horas y que el Fondo Fiduciario para el Desarrollo de Capital Emprendedor (FONDCE) que crea la ley, utilice fondos públicos para la compra de acciones en empresas.
Incluso durante el debate parlamentario se presentaron estas reservas. Pablo López, del Frente de Izquierda de los Trabajadores de Salta, expuso a su turno las críticas de la Unión de Emprendedores de la República Argentina.
Ese grupo teme que el FONDCE sea aprovechado por grandes monopolios y no termine de beneficiar a pequeñas y medianas empresas y “startups”.
López criticó también las SAS porque “requieren menores requisitos que las sociedades actuales, por lo que hay una reforma encubierta de la Ley de Sociedades”.
También consideró que esta ley “va a facilitar la evasión impositiva” y “no garantiza que algún sector de base trabajadora que quiera invertir sus ahorros en financiar una empresa no pueda sufrir una estafa”.
Por su parte, Kicillof remarcó que es si bien el bloque acompañó el proyecto, no son los emprendedores con su esfuerzo individual los que pueden ser el motor de la economía, y reclamó un modelo económico de desarrollo.
“Con solo promover el emprendedurismo no vamos a tener resuelta la cuestión del empleo, el crecimiento y la reindustrialización del país. Las leyes de empleo joven y de emprendedores no pueden sustituir la política de Estado que desde la macroeconomía fomente el crecimiento, la inclusión y la reindustrialización de la Argentina”, dijo el ex ministro de Economía.
También sectores del empresariado advierten que este cambio no será suficiente para atraer inversiones a empresas locales, debido al sistema legal, judicial e impositivo argentino, entre otros factores.
“La pregunta que hay que formularse es si esta ley alcanza para atraer inversores o incentivar a emprendedores argentinos a mantener sus proyectos en el país y no emigrar a los Estados Unidos o Europa. La respuesta claramente es no”, explicó Sebastián Siseles, director regional de Freelancer.com en una nota enviada a los medios días atrás.
Una de sus mayores preocupaciones radica en que la creación de empresas bajo este paraguas podría disparar el armado indiscriminado de emprendimientos financiados parcialmente por el Estado sin ninguna guía o clara proyección.
“En mi opinión es muy importante que el Estado no cumpla el rol de financista. Además, siendo el Estado el que co-invertiría en proyectos, ¿cómo nos garantizamos la idoneidad y experiencia de las personas que decidan a dónde van nuestros impuestos como así también la transparencia del proceso de selección de las empresas a ser invertidas?”, continuó Siseles.
Para el director regional del portal de empleo, “el Estado debe cumplir sus funciones primordiales: seguridad, salud y educación, además de intervenir ante las inequidades en favor de los más necesitados. Crear fondos de inversión y financiar emprendimientos privados escapa a su objeto”.
“Si como sociedad nos quejamos constantemente del dinero invertido en telenovelas, aerolíneas, o que luego de la estatización de las AFJP la ANSES pasó a ser accionista de empresas que cotizan en bolsa, y a su vez criticamos (razonablemente) desmanejos y falta de administración, imagínense lo que sería eso mismo -el financiamiento estatal- en startups que tienen un ratio de fracaso altísimo”, enfatizó Siseles.