Quedó detenido, al igual que otros cinco auxiliares docentes. Habría otros 23 involucrados y un delegado sindical está en la mira.
Un psiquiatra y cinco auxiliares docentes quedaron detenidos por un nuevo caso de estafas con licencias truchas en el sistema educativo estatal de la provincia de Buenos Aires. Fue luego de ocho allanamientos que se realizaron en Lanús y Lomas de Zamora ordenados por la Justicia platense a partir de una investigación iniciada por una denuncia anónima que reveló una defraudación contra el Estado de varios millones de pesos.
Según confirmaron a Clarín en los Tribunales platenses, el médico Rubén Massobrio (72) quedó acusado de “defraudación contra la administración pública y falsificación de documento”. La operatoria ilegal involucraría a otros 23 porteros y cocineros de la zona sur del conurbano que obtenían suplencias por enfermedades inventadas por ese profesional.
La mayoría de los certificados que firmaba Massobrio eran por “trastornos de ansiedad”; depresión recurrente” o “ataques de pánico”. Se trata de patologías consideradas “leves” en el estatuto del docente, pero que tienen como mínimo 30 días de exclusión del lugar de trabajo.
Fuentes del caso dijeron a este diario que Massobrio habría habilitado 35 mil días de licencias en 14 meses, el equivalente a 95 años. Es decir, se estima que confeccionó un promedio de cuatro certificados por día hábil entre diciembre de 2017 y febrero de 2019, que es el período que abarca la investigación.
Aún se desconoce cuántas licencias psiquiátricas estaban realmente justificadas.
En la denuncia que tramita el fiscal Alvaro Garganta hay más. Los investigadores sospechan que un delegado del gremio UPCN de esa zona era el que gestionaba el acceso a las autorizaciones médicas para no ir a trabajar. Para eso, utilizaban las facilidades que ofrecía Massobrio —a cambio de entre 800 y 1000 pesos por historia clínica— y también usaban los nombres de otros especialistas a quienes les falsificaban las firmas. Estos matriculados fueron notificados pero se supone que desconocían la situación. “No sabían que les robaban sus nombres”, dijo un investigador. Por eso no están imputados.
La operatoria ilegal fue denunciada por la Oficina de Fortalecimiento Institucional (OFI), que depende del Ministerio de Justicia provincial. Es un ente análogo a la Oficina Anticorrupción que opera en Nación. La fiscalía —a partir del aporte que hicieron desde la Dirección General de Escuelas bonaerense— pudo establecer que las suplencias mal otorgadas se concretaron “por lo menos durante todo 2018”. Pero se sospecha que la organización que integraban gremialistas, médicos y agentes estatales operaba desde años anteriores.
“Entregamos toda la documentación requerida y colaboramos con cada uno de los pedidos que hizo el fiscal. Pero se sigue trabajando en el caso”, dijo el subsecretario de Recursos Humanos de Educación Ignacio Sanguinetti a Clarín. “Esta denuncia la hizo la OFI con información que le aportamos nosotros cuando detectamos que Massobrio había otorgado certificados por más de la media”, dijo Sanguinetti. Además explicó: “En la investigación detectamos que los auxiliares nos contaron que a veces los certificados los pedían desde el gremio UPCN, por lo que también está investigado un delegado de ese sindicato”.
En los operativos se secuestraron seis celulares, certificados médicos, recetarios, dos cuadernos con anotaciones y ocho sellos médicos.
Antecedentes
En los últimos años hubo siete causas por irregularidades en el otorgamiento de licencias médicas. Las autoridades educativas calculan que, en total, la defraudación contra la Dirección alcanzaría a más de 11 millones de pesos.
Algunos de esos episodios: un psiquiatra del hospital Mi Pueblo, de Florencio Varela, fue desplazado de su cargo y denunciado por entregar certificados ilegítimos a 16 auxiliares. El costo para el Estado de esa “truchada” fue de 350 mil pesos, por lo menos. Esa vez quedaron involucrados las autoridades del Consejo Escolar de ese distrito y delegados de Soeme, que es el gremio de empleados de Minoridad y Educación que conducía hasta enero del año pasado el sindicalista Marcelo Balcedo, detenido en Uruguay por lavado de activos y estafas contra la entidad gremial.
También hubo episodios en Avellaneda (con 100 empleados vinculados y un delegado de ATE); en Quilmes; en Jose C. Paz (donde quedaron bajo la lupa 268 agentes y se habría defraudado a la Provincia en 6,4 millones de pesos); en Ezeiza (con 16 trabajadores implicados) y otra en Lanús, donde se realizaron varias detenciones.
La provincia de Buenos Aires tiene un plantel de casi 70 mil trabajadores no docentes. Son los que realizan tareas en las cocinas, en los comedores y de limpieza en los más de 6.800 edificios escolares del sistema estatal. En 2016, el área de personal tenía asentados 24 mil suplentes. Ahora, el último registro marca que hay 12 mil empleados con el beneficio de alguna licencia. “Con mayores controles y a partir de las investigaciones contra estas mafias, hemos logrado reducir las suplencias en el sistema”, explicaron las autoridades.