Rubén Ariel Rivero fue denunciado por abuso en Olavarría en 2009. Está suspendido pero no lo destituyeron. Y pide la prescripción de la causa.
Para Rubén Ariel Rivero no existe Justicia capaz de juzgarlo, porque la ley está escrita para medir a los otros y no alcanza a sus actos. Pertenece a esa clase de personas que no dudan en elogiar a alguien, siempre y cuando ese alguien sea él mismo, y que le cuesta entender cuando no lo quieren en algún lugar, porque en el fondo no acepta que exista gente que no lo quiera.
Lo curioso es que para Rubén Ariel Rivero todo empezó como él siempre había querido. En Olavarría lo recibieron con grandes expectativas, ya que lo habían esperado durante meses para que ayudara a impartir Justicia.
Pero la terminó eludiendo. Y aún lo hace.
El fiscal general de Azul, Eduardo Serradell, lo recibió casi emocionado. Es que los meses anteriores, con distintos funcionarios renunciando o pidiendo la jubilación, se habían hecho duros. El trabajo había sobrecargado a todos y los expedientes habían formado pilas. Sin embargo, ahora todo parecía haber acabado. En un acto breve pero fundacional para el distrito, en la Sala de Audiencias del Juzgado Correccional N°1 Serradell le tomó juramento a Rubén Rivero como fiscal de Olavarría.
“Tiene experiencia en fiscalías de instrucción y grande es la esperanza que ciframos en el nuevo fiscal”, afirmó el funcionario ante los medios aquel viernes 14 de agosto de 2009.
Tras apoyar la mano derecha sobre el cuero verde de una Biblia, y leer el texto del juramento que sostenía en la mano izquierda, Rubén Ariel Rivero se ajustó la corbata y habló con los periodistas. “Empecé a trabajar a los 16 años en el ámbito judicial”, se presentó el flamante fiscal, entonces de 41 años. Enseguida aclaró que, antes de terminar sus estudios de Derecho, había sumado varios años como agente de la Policía Bonaerense en su ciudad, La Plata. “Fui oficial sumariante dentro de la Policía, donde comencé a estudiar de abogado. Me desempeñé en diferentes áreas, en Brigada de Investigaciones, en áámbitos académicos y en Policía Científica. Fui analista de Inteligencia y me retiré”, resumió. “Empecé en Defensoría Oficial, fui propuesto como auxiliar letrado, luego como secretario del juez de Ejecución y finalmente, siendo tercer promedio, fui nombrado instructor en 2001”, se enorgulleció.
Lo que se dice un tipo derecho.
Ya envalentonado, a falta de otros oradores, el doctor Rivero demostró la medida de su humildad. “Siempre, amén de los esfuerzos que uno hace, está sujeto sobre los hombres el peso del azar. Pero, igualmente, la eficacia me destacó en toda mi carrera. Y este reconocimiento llegó finalmente en un ámbito tan importante como la ciudad de Olavarría”.
Solo tres semanas ejercería el cargo en paz.
A Rivero le asignaron la UFI N°4 de Olavarría, donde recibió causas penales complicadísimas. También lo ayudaron a instalarse en un bonito chalé blanco de una planta, con cochera y flores en el patio delantero, en la ochava de Bartolomé Mitre y Vicente López. La casa, si bien de dimensiones moderadas, requería de una ayuda extra para mantenerse en condiciones. Por eso el fiscal hizo lo que cualquiera haría y preguntó en el trabajo dónde podía contratar a alguien.
Un sargento de la Policía Bonaerense que trabajaba como custodio en la Fiscalía le propuso algo que, creyó, podía servirles a todos. Le sugirió que contratara a su hija, una adolescente de 16 años que necesitaba trabajar. Y Rivero estuvo de acuerdo.
La menor empezó sus tareas en la casa del fiscal cuatro días antes de que todo estallara. Según declararía tiempo después, se estaba empezando a adaptar al trabajo cuando pasó eso que Rivero trata de dejar atrás como sea.
Fue el martes 8 de septiembre, alrededor de las 18.10, cuando estaban solos. El final fue con la adolescente corriendo por la calle, desesperada, yendo a buscar a su mejor amiga para contarle lo que acababa de sufrir. El comienzo, de acuerdo al relato que le haría ella a la Justicia, fue con el fiscal dándole una suerte de charla paternal sobre su futuro.
Lo que ocurrió en el medio Rivero no quiere que se ventile. La hija del policía contó que estaban en la habitación principal de la casa, la misma que el fiscal compartía con su pareja. Aseguró que el hombre le empezó a hablar hasta que la hizo sentarse sobre su falda, para tocarle una pierna con una mano y con la otra tomarle las suyas. Agregó que le tocó el angelito que tenía colgado en el cuello, que le dijo que nunca la iba a abandonar y que a continuación empezó a hacerle comentarios sobre lo carnosos que, creía él, eran sus labios.
Al fin, de acuerdo con la denuncia de la adolescente, el fiscal le tomó la cabeza y la empujó a la suya para intentar besarla en la boca. Ella logró levantarse de un salto y salir corriendo de la casa para nunca más regresar.
Lo ocurrido llegó al papá de la víctima, quien al día siguiente presentó la denuncia penal por abuso. Y el escándalo estalló.
Al principio, Rivero lo disimuló. En Olavarría juran que lo veían paseándose en pareja, sugiriendo a quien mirara que llevaba en el cinto el arma que la Policía le había dado, amparado por la demora inicial de sus colegas.
Pero nada puede callarse para siempre y menos una denuncia por atacar a una menor de edad, por lo que el expediente acabó llegando a manos de un fiscal de Azul, Néstor Prado.
Y todo se supo. Prado le tomó declaración a la mejor amiga de la adolescente, a su papá y a la víctima, a través de una Cámara Gesell. Ordenó pericias, junto evidencias y, el 8 de enero de 2010, procesó a su colega Rubén Rivero por abuso sexual “intimidatorio por relación de poder”. También lo citó a indagatoria.
Esto, claro, quedó supeditado a que la Secretaría de Enjuiciamiento de magistrados analizara y revisara el caso.
Rivero puso en marcha una estrategia que aún hoy lo ampara. Al principio, negó todo, incluso que lo estuvieran investigando. Luego desmintió hasta la suspensión que, de forma preventiva, decidió aplicarle el Jurado.
El fiscal contrató a un abogado de La Plata, Javier Percow, y pidió la nulidad de la causa. “Los resultados a los que llega el Ministerio Público Fiscal no tienen la sustanciación de razonabilidad necesaria que exige la ley”, apuntó el defensor. “Toda decisión jurisdiccional debe ser razonada con inferencias lógicas que impliquen un camino diáfano y transparente en la búsqueda. Y eso es lo que puntualmente se está observando”, señaló al diario El Popular. Fue el 8 de julio de 2010, a tres días de que se conociera que Rivero había sido apartado de su cargo. El propio fiscal habló con la prensa y desmintió hasta lo que no se podía negar. “Yo no voy a estar suspendido. Yo sigo trabajando”, afirmó. “Sinceramente estoy sorprendido pero, además, me siento frustrado y es la primera vez que no encuentro entre los fracasos que tuve en toda mi vida explicación. No es por mi propio obrar”, negó y negó Rivero.
Aún suspendido, el fiscal logró llevar sus objeciones hasta la Corte Suprema. En diciembre de 2011, el máximo tribunal rechazó su último recurso y abrió la puerta para que fuera indagado. Pero el acusado respondió recusando al fiscal Prado, con el argumento de que ya había “adelantado postura y opinión”.
En abril de 2012 la Cámara le cerró la puerta a su planteo. Radio Olavarría lo entrevistó y él anticipó: “Cuando se pruebe mi inocencia no tengo dudas de que voy a volver como fiscal a Olavarría. Pero ni el fiscal Prado ni nadie en el Departamento Judicial de Azul está en condiciones de investigarme, por eso los recusé”.
El 29 de mayo de 2012, casi tres años después de la denuncia, por fin Rivero fue sometido a declaración indagatoria. Entre las pruebas que le presentaron allí había una pericia psicológica demoledora, donde se lee que el fiscal “utiliza mecanismos de negación y disociación”, que muestra “dificultades en las relaciones interpersonales con escasa empatía” y que “proyecta su mundo interno sin tener en cuenta la realidad”.
“Sus verbalizaciones traducen una necesidad de demostrar su sapiencia frente a la mirada del otro”, agrega la pericia. “Tiene rasgos narcisistas que implican una imagen sobrevalorada de sí con sentimiento de superioridad sobre sus pares”, lo cual lo llevaría a “asignarle al otro el rol de admirador” con una “intolerancia a la crítica, omnipotencia y egocentrismo”.
Tras indagarlo, el fiscal Prado lo envió a juicio oral. Pero Rivero tenía otra sorpresa: argumentó que no estaba en condiciones de enfrentarlo. El debate, pautado en principio para abril de 2014, se paralizó ante la necesidad de realizarle nuevas pericias psiquiátricas.
Los análisis, en cierto sentido, lo favorecieron. Dijeron que había “aspectos psicopatológicos que afectaban la capacidad plena de Rivero para intervenir en calidad de imputado en el juicio oral” y se le requirió a la defensa “presentar informes periódicos sobre el seguimiento efectivo del tratamiento impuesto”.
Así, el juicio se pospuso doce meses. Entonces se lo evaluó de nuevo y la Asesoría Pericial Departamental recomendó mantener la espera. Las demoras empujaron las fechas hasta comienzos de 2016, cuando el juez Héctor Torrens le exigió a Rivero que se hiciera nuevas pericias. El acusado se presentó, pero aclaró que no se sometería a ellas porque así lo dictaba el “asesoramiento de su psiquiatra”.
“El encausado se negó a cumplir el examen pericial dispuesto en autos sin dar otro fundamento más que el ‘resguardo’ de su salud por la opinión vertida por la médica psiquiatra a cargo de su tratamiento en consultorio privado; es decir, sin agregar razones científicas que respalden su negativa”, se enojó Torrens. Y fijó el juicio para el 11 de julio de 2016.
Entonces fue cuando Rivero presentó otra carta: pidió que se declarara prescripta la acusación en su contra por el tiempo transcurrido. Todas las respuestas a este pedido fueron negativas, hasta que el caso llegó a una de las salas más polémicas del Tribunal de Casación Penal Bonaerense: la tercera, la de los jueces Víctor Violini y Ricardo Borinsky.
Su fallo: declaró extinguida la causa y sobreseyó a Rivero.
El escándalo fue silencioso. La resolución fue apelada y llegó a la Suprema Corte, que ordenó dictar un nuevo fallo. Esto aún no pasó.
Han pasado muchos años sin Justicia. Aquella adolescente que denunció el abuso creció y se convirtió en madre de una nena. Su papá sigue siendo policía, aunque -según su hija- con más “plata en el cabello y oro en el corazón”. El fiscal Prado, que instruyó el caso, se jubiló y se dedica a tareas de beneficencia.
Y Rubén Ariel Rivero (50), aunque suspendido y cobrando el 60% de su sueldo, sigue siendo fiscal. Nadie se anima a contradecirlo.