El Gobierno británico propuso este jueves 11 en el Parlamento una reforma para doblar la tasa que deben pagar los inmigrantes de fuera de la Unión Europea (UE) cada año para tener acceso al sistema sanitario público en el Reino Unido, hasta situarla en 400 libras al año (456 euros).
El llamado Cargo Sanitario a la Inmigración (IHS, en inglés) establece hasta ahora que los inmigrantes no comunitarios con permiso de trabajo, estudio o reunificación familiar con una duración de más de seis meses en el Reino Unido deben pagar 200 libras anuales (228 euros) para ser atendidos.
Desde que se estableció esa tasa, en 2015, el Gobierno británico ha recaudado más de 600 millones de libras (684 millones de euros), según informó en un comunicado el Ministerio de Interior.
“Nuestro sistema de sanidad siempre está ahí cuando lo necesitamos, pagado por los contribuyentes británicos. Damos la bienvenida a que los inmigrantes de larga duración usen el NHS (sistema público sanitario), pero se trata de un sistema nacional, no internacional”, dijo la secretaria de Estado británica de Inmigración, Caroline Nokes.
“Estamos un paso más cerca de implementar los cambios a la tasa sanitaria y el dinero extra que recaudaremos irá directamente a mantener y proteger nuestro sistema sanitario”, agregó.
La secretaria de Estado sostuvo que es “justo que la gente que viene al Reino Unido haga una contribución para que funcione” el sistema, y considera que “incluso con la subida del precio, continúa siendo una buena oferta para aquellos que quieren vivir en el Reino Unido temporalmente”.
Según la nueva propuesta, los estudiantes tendrían un descuento en ese cargo y pasarían a pagar 300 libras anuales (342 euros).
El Ministerio británico del Interior, que gestiona las normas relativas a inmigración, indicó en un comunicado que el NHS “gasta 470 libras (535 euros) de media por persona cada año”.
El comunicado detalla que las tasas sanitarias no se aplicarán a los extranjeros que hayan obtenido la “residencia permanente” en el Reino Unido.Londres y Bruselas continúan negociando un acuerdo que fije las condiciones de salida del Reino Unido de la Unión Europea, un pacto que detallará los derechos que tendrán tras el “brexit” los ciudadanos comunitarios en el Reino Unido y los británicos en el resto del bloque.