El referente nacional de Republicanos Unidos admitió que no están los votos, pero que luego de la condena era una “responsabilidad moral” hacer la denuncia en el Congreso. Acto en Córdoba.
“Por consejo de mi amigo (Martín) Carranza Torres hoy presenté un pedido de juicio político en contra de la vicepresidenta de la Nación. Sé que no estarán los votos, pero es una responsabilidad moral que había que asumir, luego de la condena por corrupción”, aseguró el diputado nacional Ricardo López Murphy.
El líder de Republicanos Unidos encabezó este viernes un acto en la ciudad de Córdoba, en el cual brindó sus propuestas para aportar a la alianza opositora Juntos por el Cambio.
“Es inadmisible que los argentinos tengamos una vicepresidente condenada por hechos de corrupción sistémica y estructural. Más allá de que seguramente no prosperará, por una cuestión ética teníamos que hacer este pedido”, argumentó el dirigente liberal.
Los fundamentos del pedido de López Murphy en el cual participó Carranza Torres, presidente de espacio en Córdoba, están basados en el mal desempeño de sus funciones y en base a lo que establece el artículo 53 de la Constitución Nacional.
El artículo 53 la Constitución expresa que “sólo la Cámara de Diputados ejerce el derecho de acusar ante el Senado al Presidente, vicepresidente, al jefe de gabinete de ministros, y a los miembros de la Corte Suprema, en las causas de responsabilidad que se intenten contra ellos, por mal desempeño o por delito en el ejercicio de sus funciones; o por crímenes comunes, después de haber conocido de ellos y declarado haber lugar a la formación de causa por la mayoría de dos terceras partes de sus miembros presentes”, dice el escrito presentado por el diputado liberal.
En la presentación que realizó López Murphy, se indicó “que la responsabilidad política que le cabe (a Cristina Kirchner) por los hechos dirimidos durante el transcurso de su mandato como Presidente, fueron probados y son lo suficientemente graves para que continúe ejerciendo el cargo para el cual juró”.
“Desde la sanción del Código Penal a la fecha, este Congreso jamás pudo imaginar, y me atrevo a afirmar que la sociedad argentina tampoco, semejante daño patrimonial a las arcas públicas, a la par de la obscenidad de las maniobras de defraudación liminarmente descriptas en el comunicado del tribunal, que no sólo han afectado durante muchos años la eficiencia de las políticas públicas atravesadas por los hechos ilícitos motivo de condena, sino que dañan severamente la calidad de nuestra democracia que se ve afectada por comportamientos de grave corrupción como los que se le enrostran a Cristina Elizabet Fernández de Kirchner”, sostiene López Murphy en el texto que presentó en la Cámara baja.
Para que el pedido prospere en el Senado, se debe reunir una mayoría agravada, cosa que la oposición está muy lejos de alcanzar.
El proyecto de resolución, de 14 páginas, del diputado de Juntos por el Cambio, enfatizó: “Es deber de este Congreso, como institución fundamental de la República, brindar una señal inequívoca y contundente, dejar de ser guarida de inescrupulosos y abrir un nuevo camino de transparencia, honestidad y austeridad republicana en el manejo de la cosa pública, disipando toda duda a los argentinos y a la comunidad internacional, de cuáles serán los valores sobre los que queremos desarrollarnos”.