El balneario de Florianópolis ha sido atacado en las últimas dos semanas por delincuentes y grupos narcos, quienes han incendiado colectivos y oficinas públicas. Desde el Gobierno ya enviaron 350 soldados a vigilar las calles de uno de los lugares turísticos del país vecino.
Una nueva ola de violencia vive Florianópolis, uno de los lugares más importantes del Estado de Santa Catarina, en Brasil. Pero esta vez el Gobierno local no pudo hacerle frente a los ataques de los grupos narcos y tuvo que intervenir la fuerza federal para controlar la seguridad.
Allí, 350 soldados de la Fuerza Nacional de Seguridad vigilan esta ciudad y otras localidades, con el fin de evitar los incendios de autobuses públicos y atentados con bombas molotov contra las oficinas públicas.
Las autoridades policiales indican que en los últimos 17 días se produjeron más de 100 hechos violentos. Incluso, ante el miedo generado, los choferes decidieron no circular de noche desde el pasado jueves, por lo que sólo hay transporte público entre las 7 y las 19 horas.
Esto también afectó a los comerciantes, quienes aseguran que las ventas han bajado mucho.“La población está con miedo de viajar al centro y sufrir un atentado o quedarse sin ómnibus para volver. Para esto hay solución, pero no quieren tomarla” declaró el dueño de un restaurante.
La Fuerza Nacional de Seguridad rápidamente inició la llamada “Operación Frontera”, que tiene como objetivo atacar el tráfico de drogas, liderado por una organización llamada Primer Grupo de la Capital (PGC), una organización que puede estar emparentada con los grupos delictivos de San Pablo, comandados por el Primer Comando de la Capital o PCC.
El ministro de Justicia, José Eduardo Cardozo, informó que “para el operativo se hará una instalación de cercos policiales por aire, tierra y mar y habrá barreras fijas en las autopistas y rutas provinciales”. También controlarán la frontera con Argentina.
En el marco de esta operación, la policía detuvo a 25 personas, entre los que se encontraban varios abogados, sospechosos de estar involucrados con los grupos delictivos. Pero algunos de los allanamientos no pudieron hacerse efectivos debido a que un comisario les habría avisado a los narcotraficantes.
También se produjo el traslado de cabecillas del PGC a prisiones de alta seguridad fuera de Santa Catarina, ya que se informó que desde el interior de las cárceles comandan a las bandas para que realicen los atentados.
Los medios de este país han informado que estos hechos de violencia comandados por el PGC es una forma de protestar contra las condiciones que se viven en las prisiones de Santa Catarina, donde se dice que los presos no reciben ni atención médica ni abastecimiento de agua, además de distintas torturas por parte de la policía.