Sanidad defiende el método para dar la cifra de fallecidos, que solo cuenta a los que han sido testados.
Los datos de defunciones registradas en la Comunidad de Madrid en la segunda quincena de marzo dejan entrever que la cifra real de fallecidos por coronavirus en la comunidad es muy superior a la que reflejan los datos oficiales. Hay un aumento de la mortalidad sin explicación de unas 3.000 muertes.
Los jueces de los registros civiles de Madrid firmaron durante la primera quincena del estado de alarma (entre el 14 y el 31 de marzo) 9.007 licencias de enterramiento, según los datos difundidos este martes por el Tribunal Superior de Justicia. Esa cifra es más del doble de las muertes registradas durante todo el mes de marzo el año pasado, 4.125, según el Instituto Nacional de Estadística (INE).
Los datos del INE no están disponibles por quincenas, pero a partir del dato mensual se puede estimar una media de 133 muertes diarias en marzo de 2019, que multiplicadas por 18 días son 2.394 entre el 14 y el 31 de marzo del año pasado. Es decir, en la segunda quincena de marzo de este año se han producido en la Comunidad de Madrid 6.613 fallecimientos más que en el mismo periodo del año anterior. Esta cifra es muy superior a las muertes por coronavirus que refleja la estadística oficial, que para esas fechas es de 3.439.
La clave de esta diferencia está en la definición de caso de muerte por coronavirus. El Ministerio de Sanidad pide a las comunidades que le comuniquen sus cifras de fallecidos confirmados por Covid-19, es decir, en la estadística oficial solo aparecen los casos en los que la infección se ha confirmado mediante un test diagnóstico. Esto, por definición, excluye a todos los fallecidos en residencias de mayores que no llegaron a ingresar en un hospital y a las personas que murieron en sus domicilios sin que les hicieran la prueba. En estos casos la causa de la muerte que se consigna en el certificado de defunción no es el coronavirus sino la parada cardiorrespiratoria o la insuficiencia respiratoria.
Algunas comunidades han informado públicamente de fallecimientos de casos sospechosos, especialmente en el caso de residencias de mayores. Sin embargo, en la estadística oficial no entran por no estar confirmados mediante test PCR. El ministro de Sanidad, Salvador Illa, ha defendido este martes el método para contabilizar los casos: “España tiene una definición de caso clara, de las más exigentes de Europa”, ha señalado. Las comunidades, por tanto, notifican siguiendo esa definición de caso: positivo en un test diagnóstico.
El número oficial de fallecidos en Madrid desde el inicio de la pandemia es de 5.321. Para comparar esta cifra con la facilitada por el Tribunal Superior de Justicia habría que restar de ese total las muertes oficiales por coronavirus anteriores al 14 de marzo (213) y las posteriores al 31 de ese mes (1.669, según los partes que difunde a diario Sanidad), lo que arrojaría un total de 3.439 muertes en Madrid oficialmente atribuidas a la pandemia en la segunda quincena de marzo. Este dato es casi la mitad de las 6.613 licencias de enterramiento de más firmadas por los jueces de la Comunidad en esos días respecto al mismo periodo de 2019, lo que indica que puede haber hasta 3.000 muertes en Madrid por coronavirus que no figuran en la estadística oficial.
El dato de Madrid conocido este martes y el desvelado ayer por el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha van en la línea de lo que han detectado los informes sobre exceso de mortalidad que publica el Instituto de Salud Carlos III, que también se basa en los certificados de defunción de los registros civiles. Según el último informe, actualizado a 6 de abril, en España hubo un 51,2% más muertes de las esperadas entre el 17 de marzo y el 6 de abril. El exceso de mortalidad en Castilla-La Mancha fue del 196%. En Madrid, del 121,6%.
Estos datos los está proporcionando durante la crisis el sistema de vigilancia de la mortalidad diaria (MoMo), creado en 2004 para monitorizar el impacto sobre la salud de las olas de calor en España. Este sistema identifica las desviaciones de mortalidad diaria observada con respecto a la esperada según series históricas de mortalidad. Por ahora no se puede atribuir estos excesos de mortalidad directamente a una sola causa como sería el infradiagnóstico de Covid-19; puede haber otras, como que el sistema sanitario esté colapsado y no pueda atender correctamente a algunas personas o bien que se haya producido lo que los epidemiólogos llaman “efecto cosecha”, que las defunciones de personas con salud más deteriorada se hayan adelantado unos meses.
Los informes del Instituto Carlos III alertan de que los datos de defunciones observadas son provisionales. El sistema se alimenta de las defunciones que notifican los registros civiles informatizados al Ministerio de Justicia. “Cabe destacar que en estos momentos el retraso entre la fecha de defunción y la de notificación se está incrementando”, añaden estos documentos.
El aumento de fallecimientos a medida que avanzó la propagación del virus ha desbordado los registros civiles, encargados de inscribir las defunciones y expedir las licencias de enterramiento. Los registros están saturados y las defunciones tardan en incorporarse a las estadísticas. Para poder atender todas las solicitudes, el Ministerio de Justicia ordenó la ampliación del horario en los registros de toda España, que ahora funcionan los siete días de la semana (antes los fines de semana las licencias de enterramiento corrían a cargo del juez de guardia) en horario de mañana y tarde (hasta ahora funcionaban de 9.00 a 14.00).