Importaron la maquinaria gracias a las licencias que aprobaba la administración de Alberto Fernández para acceder a dólares baratos; la Procunar recibió una denuncia sobre narcotráfico en las plantas.
Todo lo que envuelve a los laboratorios HLB Pharma y Ramallo, los responsables de las ampollas de fentanilo que envenenaron a por lo menos 76 personas, con 52 fallecimientos confirmados, es tan sospechoso como anunciado. Sospechoso por sus vínculos con el poder y por los enormes negocios que amasó el grupo liderado por los hermanos García Furfaro. Anunciado, por el camino que transitó en el pasado y que dejó a su paso antecedentes para lo que hoy es una tragedia.
Meses antes de que quede en el centro de la escena por los problemas de calidad que investiga ahora la justicia federal, la firma había tenido una denuncia en la Procuraduría de Narcocriminalidad (Procunar). Todo empezó a partir de una nota que fue enviada a una fiscalía de Rosario. Se trataba de una acusación anónima en la que se afirmaba que HLB Pharma vendía droga. En ese entonces, se inició una investigación que ahora fue integrada a la causa que tiene el juez Ernesto Kreplak y también hermano de Nicolás, el ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires.
San Isidro y Ramallo no son las únicas instalaciones farmacéuticas de los García Furfaro. En el primero, los hermanos Ariel, Diego y Damián tienen dos predios en unos de los lugares más caros de San Isidro; en la localidad cercana a San Nicolás, montaron una planta industrial en un lote propio con dos naves que dan cuenta de la potencia económica de la familia.
Los hermanos, junto a unos socios internacionales, habían logrado los acuerdos necesarios para abrir un laboratorio nuevo en Paraguay. Específicamente, en Ciudad del Este, uno de los vértices de la Triple Frontera, epicentro de la mercadería ilegal, el narcotráfico y financiamiento al terrorismo en el Cono Sur. Incluso compraron maquinaria nueva con el ventajoso régimen de las SIRA, un sistema que permitía importar, previa autorización oficial, al valor de un dólar oficial muy por debajo de la cotización del dólar bolsa. Aquella maniobra millonaria terminó en una causa penal que investiga si en aquella importación se incurrió en un posible delito. El expediente lo tramita la justicia penal económica, puntualmente un juzgado que maneja Pablo Yadarola.
La instalación que estaba en ejecución cuando estalló el escándalo se hizo mediante acuerdo, en un parque industrial de la ciudad paraguaya. La puesta en marcha se frenó al conocerse las muertes por el fentanilo en la Argentina, pero la fábrica se encuentra en una etapa avanzada. Se encuentra en el “Complejo Empresarial Global”, En la ruta nacional PY02, al km 331,5. El proyecto está abocado a productos biológicos, aquellos que se fabrican a partir de organismos del tejido humano. Con esa tecnología, es también más fácil fabricar productos sintéticos, desde ibuprofeno hasta fentanilo.
Las relaciones políticas en el país vecino siempre estuvieron muy aceitadas, tal vez, por las cercanía que tejió Ariel García Furfaro con el expresidente Horacio Cartés, investigado y sancionado por lavado de dinero, contrabando y corrupción. Incluido el caso Lava Jato. De hecho, a relación entre el mandatario y el dueño de los laboratorios quedó registrada en una foto entre ambos que se tomó el 24 de noviembre de 2023.
El interés de los hermanos en Paraguay ese puede ver en las salidas del país y, puntualmente, en los varios cruces de frontera que quedaron registrados, documentos a los que accedió LA NACION.
Ariel y Damián García Furfaro hicieron juntos por lo menos 11 viajes, mayormente al país vecino. Entre las coincidencias migratorias aparece otra persona, de nacionalidad española: Ignacio Méndez Azarraga Pérez, asociado a la empresa Axiom Ingeniería, dedicada a proveer servicios de arquitectura y diseño para la industria farmacéutica.
Con Ariel realizó 8 salidas del país con destino a Paraguay, España y Panamá. La agencia tributaria española lo identificó en 2024 como uno de las 1052 personas físicas con deudas fiscales superiores a €600.000. Su compromiso ascendía a €1.844.221.
Entre las coincidencias también hay un personaje al que llamaban en la fábrica “el mexicano”. Mario Emilio Ochoa Arango, en realidad guatemalteco. Viajó cuatro veces con Ariel García Furfaro. Según pudo averiguar LA NACION, frecuentaba el laboratorio y se trataba del representante para América latina del fabricante de la maquinaria que se colocó allí.
En 2023, HLB Pharma tuvo otro problema con la Justicia. La Aduana le hizo una denuncia por sobrefacturación de importaciones. Se trataba de una maniobra que, en tiempos de cepo y brecha cambiaria, permitía a los importadores declarar un valor de mercadería superior al que realmente salía lo que iban a traer del país y, triangulando con otro destino (especialmente de bajo control fiscal), hacerse de dólares baratos en el mercado oficial y girarlos al exterior. HLB Pharma lo hizo con medicamentos por unos US$556.000 y con maquinaria, por US$4,5 millones.
No se podía empezar a hablar de semejante maniobra si no era con la anuencia de algún funcionario ya no sólo que mirase para otro lado sino que era necesario que lo autorice. Algo así como un cómplice en el Estado. Algo salió mal en aquel 2023 ya que entonces se inició la causa que hoy tramita en el fuero penal económico. La hizo la propia Aduana.
Los depósitos se registraron en Panamá y las compras se habían realizado a China. El fentanilo de HLB era chino. Lo que en ese momento no se supo es que las maquinas ni siquiera estaban destinadas a la Argentina, lo cual estaba prohibido por los regímenes de importación.
Fueron compradas para ser instaladas en la Triple Frontera, en el nuevo laboratorio de microbiología. En ese momento, intercedieron personajes de la política para evitar que avance la investigación. Habría sido determinante un un llamado del gobernador de Catamarca, Raúl Jalil. Allí se iba a instalar -o se instaló- otro proyecto, justo en la provincia cuyo gobierno era uno de los principales compradores de las plantas y de otra empresa del grupo, la droguería Alfarma
Los García Furfaro tienen más empresas en el rubro farmacéutico. Alfarma, como se dijo su droguería, es otra de las allanadas por la Justicia en este causa y es por donde pasaba gran parte de su facturación, unos $7600 millones mensuales. En 2020, le compraron el emprendimiento a Carlos Tita, un empresario de Rafaela, Santa Fe, conocido por su peso en el rubro y por su vieja sociedad en conjunto con Ricardo Lorenzetti, llamada Apreme SRL.
Fue en Santa Fe, más precisamente en Rosario, donde el vínculo entre los García Furfaro y los laboratorios comenzó a cultivarse. Ariel García Furfaro estuvo preso en la Unidad 9 de La Plata por un intento de homicidio. Durante su privación de la libertad, estudió abogacía y una vez recibido y fuera del penal, empezó a trabajar en Rosario.
Jorge Salinas, quien se convirtió en su mentor, lo ubicó en el Laboratorio Apolo. Salinas fue investigado por el caso de la efedrina y porque explotó en este laboratorio en medio de la investigación.
García Furfaro lo defendió a Salinas, como también a Andrés Gerardo Lamboy (amigo de Salinas), el dueño del depósito fiscal donde operaba el rey de la efedrina, Mario Segovia. Uno de los domicilios de Alfarma continúa siendo 1 de Mayo 32, Sunchales, departamento de Rafaela. Incluso, el laboratorio de Ramallo fue alquilado y luego “comprado” a los Araujo, abogados de los acusados en la explosión de Apolo.
Muchos empleados del laboratorio de Ramallo fueron reclutados en Rosario. Dentro de los operarios, siempre hubo sospecha por la proveniencia de algunos de ellos, de apellido Cantero. Algunos, también, dijeron a este medio que Ariel García Furfaro solía cargar ampollas antes de ir a jugar al casino de la capital santafesina.
Fuente: La Nación – Por Camila Dolabjian y Diego Cabot