El 70% está a favor de la medida pero baja al 48% cuando se le informa del coste. La Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía denuncia la desinformación.
Al conocer cuánto cuesta al año mantener un preso en la cárcel (30.000 euros), la mayoría de los españoles está en contra de la cadena perpetua revisable, según un estudio publicado hoy por la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA). En cambio, antes de conocer este dato, el 70% de los encuestados sí que se mostraba conforme con esta medida.
Esto demuestra, según la APDHA, que “cuanto más informada está la población más en contra está de la cadena perpetua revisable impulsada por el Gobierno del Partido Popular”. Desde 2008, ha aumentado un 15% el número de españoles en contra de la prisión permanente revisable que este jueves aprueba definitivamente el Congreso.
El estudio también demuestra el desconocimiento que tienen los españoles del estado de las cárceles y del Sistema Penal ya que, según estima la organización, “no somos conscientes de que España es el tercer país más seguro de la UE y tiene la segunda tasa de encarcelamiento de Europa. Por eso la petición de endurecimiento de penas no está justificada”.
En este sentido, la mayoría de los encuestados cree que el porcentaje de condenados por delitos graves (homicidio, asesinatos o contra la libertad sexual) es superior al 25%, cuando la realidad es que es inferior al 2%. Sólo un 12,5% acierta con el dato.
En cambio, más de la mitad de los entrevistados considera injustas las penas del Código Penal para los delitos menores. Según el estudio, la mayoría cree que un delito de tirón de bolso sin que la víctima caiga al suelo ni tenga lesiones debería estar castigado con servicios a la comunidad en vez de con las penas establecidas actualmente, que oscilan entre dos y cinco años de prisión.
Sólo el 7,3% de las personas encuestadas sabe que no existe un límite máximo de cumplimiento de condena, siempre que se acumulen diversos delitos. El 47,2% cree que sí hay un número de años máximo.
En cuanto a la relación que debe mantener el Estado con las víctimas, el 66,7% afirma que se debería proteger más su intimidad. También la mayoría estima que se les debería conceder un mayor apoyo económico, aunque también cree que el apoyo psicológico y social actual es el correcto.