El artífice de la plataforma FTX fue declarado culpable en noviembre de siete cargos de fraude y conspiración.
Fiscales federales de Manhattan han asegurado este viernes que Sam Bankman-Fried, el magnate de las criptomonedas caído en desgracia por el colapso de la plataforma FTX, merece una sentencia de 40 a 50 años de prisión como responsable de siete delitos de fraude y conspiración. Los fiscales han presentado hoy su recomendación de sentencia en el Tribunal de Distrito de EE UU en Manhattan. La audiencia está prevista para el 28 de marzo, y en ella el juez federal Lewis A. Kaplan anunciará la duración de la condena, a partir de una pena máxima de 110 años.
Bankman-Fried fue declarado culpable el pasado noviembre de robar 8.000 millones de dólares a los clientes de su bolsa de criptodivisas FTX. “Su vida en los últimos años ha sido una [vida] de codicia y arrogancia sin igual; de ambición y racionalización; cortejando el riesgo y apostando repetidamente con el dinero de otras personas”, han escrito los fiscales federales de Manhattan. “E incluso ahora Bankman-Fried se niega a admitir que lo que hizo estuvo mal”.
Los abogados del exmultimillonario, de 32 años, sugirieron al juez Kaplan que lo apropiado sería una pena de entre 5,5 y 6,5 años de prisión, asegurando que los clientes de FTX recuperarían la mayor parte de su dinero y que la intención de su defendido en ningún caso fue robarles. El acusado, que en agosto pasado vio como se le revocaba el arresto domiciliario y tuvo que ingresar en prisión en Nueva York, tiene previsto apelar su condena y la sentencia.
La réplica de la acusación a la petición de la defensa no ha podido ser más contundente. “La justicia exige que se le imponga una pena de prisión acorde con las extraordinarias dimensiones de sus delitos”, afirman los fiscales en un memorando de 116 páginas dirigido al juez y presentado este viernes.
Hace apenas año y medio, Bankman-Fried (conocido por sus iniciales, SBF), era una de las principales luminarias del sector, al frente de la bolsa FTX, de 40.000 millones de dólares. Pero de la noche a la mañana la plataforma se derrumbó y atrajo sobre sí la atención escrutadora del FBI y, a continuación, de la justicia.
Entre los manejos que sentaron a SBF en el banquillo tras ser extraditado a EE UU desde las Bahamas, donde FTX tenía su sede, figuran también la financiación de campañas políticas de representantes de ambos partidos en Washington, fraude de ley y engaño, intento irregular de desbloquear 1.000 millones de su fondo de cobertura congelado por Pekín, inversiones en otras empresas y lujosas compras inmobiliarias, como la del chalet de Bahamas donde Bankman-Fried y su reducido grupo de íntimos especulaban con las criptomonedas. Al círculo de confianza también pertenecía su entonces pareja, responsable del fondo de cobertura Alameda, que resultó un testigo clave durante el juicio al declarar que cometió fraude en la firma conjuntamente con Bankman.
Aunque el bitcoin ha batido este mes récords de cotización, la implosión de FTX y la posterior detención y condena de su principal artífice se consideraron un aviso para navegantes, en un sector insuficientemente regulado. Aunque sobre la laxitud del sector cabe recordar las declaraciones de Damian Williams, fiscal federal del Distrito Sur de Nueva York, tras el veredicto: “La criptoindustria puede ser nueva, pero este tipo de fraude, este tipo de corrupción, es tan antigua como el tiempo”.
El precedente de FTX como paradigma de corrupción se verá consagrado por la sentencia, presumiblemente ejemplar, que se imponga al gurú cripto a finales de mes, mientras los precios de la mayoría de los activos digitales se han disparado, en la senda del bitcoin. La recomendación de los fiscales, no obstante, recorta a la mitad la perspectiva inicial de una posible condena a cadena perpetua. Según los registros judiciales, el agente encargado de supervisar las condiciones de su libertad condicional -que Bankman-Fried logró tras pagar una fianza de 250 millones de dólares, para vivir tutelado por su padres en la mansión familiar de Palo Alto- recomendó una condena de 100 años, sólo 10 años menos que el máximo.