El Colegio de Magistrados apoyó la iniciativa y pidió la equiparación salarial con la Nación.
El Colegio de Magistrados de la Provincia insistió ayer en su apoyo al proyecto de ley que elabora la Suprema Corte de Justicia bonaerense, para la autarquía financiera del Poder Judicial. Y reiteró su reclamo de equiparación salarial con la Justicia Nacional, así como la intangibilidad salarial para los jueces.
Como viene publicando EL DIA, la iniciativa fue anunciada en junio pasado por el gobierno bonaerense, cuando el gobernador Daniel Scioli se reunió junto al ministro de Justicia, Ricardo Casal, y el presidente del máximo tribunal, Daniel Soria. En aquella ocasión, el gobierno bonaerense anunció que analiza la presentación de un proyecto en la Legislatura para que el Poder Judicial tenga independencia en el uso y administración de recursos.
La autarquía representaría para ese poder la disposición de sus fondos para administrar el servicio de Justicia, el mantenimiento edilicio y la política salarial. El anuncio del gobierno realizado en junio, se daba en el marco de un duro reclamo que el Colegio de Magistrados bonaerenses realizara por los salarios de jueces y funcionarios del Poder Judicial.
En esa oportunidad, la entidad emitió un crítico comunicado en el que reprochaba que el Ejecutivo provincial había fijado “sistemática y arbitrariamente las recomposiciones salariales”, y se quejaba por la pérdida del salario de los magistrados. Ahora, un nuevo respaldo a la intención de la autarquía por parte de los jueces bonaerenses renueva el reclamo de que esa independencia en la administración financiera para el Poder Judicial otorgará ala Corte la facultad para resolver la cuestión salarial de sus magistrados y funcionarios.
En un nuevo comunicado difundido ayer, la entidad expresa que “apoya la iniciativa de avanzar en ese y en todos los caminos que permitan la equiparación salarial con la Justicia Nacional”, así como la intangibilidad de los salarios.
PROYECTO
El borrador de un proyecto de ley para establecer la independencia financiera del Poder Judicial, que sería administrado por la Corte para salarios, infraestructura y el servicio de justicia, comenzó a circular en ámbitos del máximo tribunal y otros sectores del Poder Ejecutivo, como el ministerio de Economía, donde se analizan los pormenores de la iniciativa antes del ingreso a la Legislatura.
En caso de que la ley prospere, un porcentaje del presupuesto provincial será administrado por la Suprema Corte, conteniendo la estructura de costos. En la actual situación, el presupuesto asignado al Poder Judicial es administrado por el ministerio de Economía de la Provincia, y respecto de la política salarial, ésta la define el Poder Ejecutivo, al sentarse a discutir en paritaria con los empleados, algo cuestionado por los magistrados, que proponen que sea la propia Corte el interlocutor para la negociación salarial.
RECLAMO DE LA AJB
En ese marco, los trabajadores judiciales nucleados en la Asociación Judicial Bonaerense (AJB) emitieron un duro reproche en el cual advirtieron que fueron “excluidos de la discusión” por los detalles del proyecto, que aún se analiza en los ámbitos de los distintos poderes. Según expresó el secretario general del gremio, Hugo Blasco, la entidad no fue convocada a discutir el proyecto de autarquía judicial. “Los trabajadores y los bonaerenses ignoramos lo que están discutiendo entre la Corte y el Gobierno”, señaló.
“Queremos discutir las condiciones de nuestro trabajo, de nuestro salario y la calidad de la Justicia. La Corte y el Poder Ejecutivo tienen la obligación de llamarnos para hablar sobre la autarquía judicial”, señaló el representante de los trabajadores de ese poder. Y en ese sentido subrayó que “la autarquía por sí misma no significa nada porque un proyecto autárquico con esta situación presupuestaria del Poder Judicial es más de lo mismo. Es administrar la misma cantidad de recursos y no va a modificar la situación actual”.
Autarquía
La autarquía financiera para el Poder Judicial implica sea la Suprema Corte la encargada de administrar su presupuesto en salarios, infraestructura y servicio de justicia.