Desde la Reforma del Código Penal rumano, el presidente de la república, los diputados y senadores ya no son considerados como empleados públicos, por lo que no se puede actuar contra ellos en casos de conflicto de intereses.
Las embajadas de Alemania y Estados Unidos se sumaron a las expresiones de malestar que despertó la reforma del Código Penal rumano, que despenaliza en la práctica la corrupción política.
Las enmiendas, aprobadas por el Congreso con 240 votos a favor, 57 en contra y 4 abstenciones, establecen que el presidente de la república, los diputados y senadores ya no son considerados empleados públicos. De esta manera, no se puede actuar contra ellos en casos de conflicto de intereses.
“Las enmiendas al Código Penal adoptadas ayer en la Cámara de los Diputados representan un paso atrás para Rumania”, dijo en un comunicado la Embajada de Estados Unidos en Bucarest. El cuerpo diplomático denunció que estas modificaciones fueron aprobadas “sin debate y ninguna opción de que los representantes de autoridades judiciales y miembros de la sociedad civil se pronuncien al respecto”. Alemania aseguró que “sigue con atención y preocupación las actuales medidas legislativas”.
La Fiscalía Anticorrupción había advertido que esta nueva modalidad impedirá que los funcionarios sean “procesados y castigados por delitos de corrupción o similares, incluidos el soborno, el cohecho y el abuso de poder cometidos durante el ejercicio de sus funciones“. Además, señaló que la reforma, aprobada sin debate parlamentario gracias a la mayoría del Ejecutivo de centro-izquierda, “entrará en contradicción con las convenciones internacionales anticorrupción ratificadas por Rumania“.
Traian Basescu, presidente de Rumania, calificó estas enmiendas como “dramáticas” y advirtió que “destruyen diez años de trabajo de las instituciones de anticorrupción”. El jefe del Estado aún tiene que ratificar la enmienda. Sin embargo, ya anunció que devolverá el proyecto al Parlamento para que sea estudiado nuevamente.
La Agencia Nacional de Integridad (ANI) indicó que el Congreso creó una “superinmunidad” que echará a perder las actuales investigaciones contra 25 senadores y diputados. Actualmente, hay otros 28 parlamentarios condenados o en juicio por delitos de corrupción.
La reforma permitirá que los parlamentarios tengan a familiares a su servicio o que los alcaldes asignen contratos públicos a parientes.
Según la ANI, desde 2008 un total de 191 alcaldes y 79 parlamentarios han incumplido la legislación sobre integridad. La medida también beneficiará a los abogados y a otros profesionales liberales que tampoco podrán ser investigados ni sancionados por delitos de corrupción.
A principios de este año, el Parlamento rumano modificó su estatuto interno para evitar que la Fiscalía pudiera detener o registrar el domicilio de un legislador.