Esteche cumple su condena en un complejo de casas apenas cercadas, junto a la cárcel de máxima seguridad de Ezeiza.
Fernando Esteche, líder de la agrupación Quebracho, condenado a tres años y ocho meses de prisión efectiva, pasa sus días de detención en un instituto denominado “abierto y de preegreso”. Se trata de un complejo de casitas de dos ambientes, apenas cercadas por una alambrada y una barrera con un guardia, situado junto al penal de Ezeiza.
Según informó el Servicio Penitenciario Federal a la Justicia, está allí alojado “por expresa directiva de la Superior Instancia Ministerial”, según la nota a la que accedió La Nación, elevada por el director de Régimen Correccional inspector general Adrián Petruzzi, al director Emiliano Blanco.
Consultado por La Nación, el Ministerio de Justicia expresó que Blanco, director del Servicio Penitenciario Federal, le aclaró al ministro Julio Alak que “no existe ninguna directiva ni observación ni comunicación del Ministerio sobre dónde alojar a Esteche”. Las fuentes oficiales dijeron que la información que brindó el director de Régimen Correccional a la Justicia “es errónea”.
Esteche fue condenado en 2010 junto con Raúl Lescano, alias “el Boli”, por el ataque a un local partidario del ex gobernador neuquino Jorge Sobisch, ocurrido en abril de 2007, cuando protestaban por el asesinato del maestro Carlos Fuentealba. La Corte Suprema de Justicia dejó firme el fallo en diciembre pasado y Esteche fue detenido.
A pesar de que empezaba a cumplir su pena, pues solo había estado preso seis meses durante la instrucción del caso, fue alojado en el Instituto Abierto de Preegreso Nuestra Señora del Valle (Unidad 33). Se trata de un complejo de casitas bajas, situado junto a la cárcel de máxima seguridad de Ezeiza. Se accede tras pasar un alambrado y un retén de seguridad, y luego otro control desde donde se aprecia un predio abierto por donde los detenidos tienen libertad para moverse. Tiene heladera y cocina en la casita, y un espacio acondicionado como biblioteca con una computadora.
El presidente del Tribunal Oral Federal N° 3 Guillermo Gordo, a cargo del control de la ejecución de la pena de Esteche y Lescano, pidió informes al Servicio Penitenciario Federal sobre las condiciones de detención. Allí es cuando les informaron por escrito que había sido el Ministerio de Justicia el que había indicado que los pusieran en el instituto de preegreso.
Sin embargo, el Ministerio negó que fuera correcta esta información que el Servicio Penitenciario le brindó a la Justicia.
La nota del director de Régimen Correccional Petruzzi señala que para decidir el lugar de alojamiento se tuvo en cuenta “el perfil mediático” que poseen los acusados por ser “activos militantes sociales” y porque “la condena a cumplir es de corta duración”.
Como Esteche fue sentenciado a tres años y ocho meses de cárcel y ya llevaba cumplidos seis meses de detención en el momento en que su condena quedó firme, le restan cumplir tres años y dos meses de condena. Puede acceder a la libertad condicional con los dos tercios de esa pena, que se cumplirían al año y cuatro meses, es decir, a principios de 2015. Indicó el jefe penitenciario que la Ley de Ejecución Penal establece que se deben usar “todos los medios de tratamiento interdisciplinario” para la “reinserción social” de los presos.
Tesis doctoral
En este caso, señalaron que los informes criminológicos “dan cuenta de [que se trata de] detenidos en los que se vislumbra un pronóstico de reinserción social favorable”. Aclaró el jefe penitenciario que el régimen de Lescano y Esteche es el mismo que el de los otros internos que están en ese lugar de preegreso. La excepción es que Esteche está haciendo su tesis de doctorado en Ciencias de la Comunicación. La de licenciatura la completó en los seis meses de detención anterior y dio examen en el penal. Lescano se recupera de una operación quirúrgica.
Entre las razones que esgrimió el Servicio Penitenciario para alojar allí a los detenidos, mencionó que cuando estuvieron presos en las cárceles de Ezeiza y Marcos Paz “tuvieron problemas de convivencia” con presos por delitos de lesa humanidad y con detenidos por delitos comunes, pero que no comparten sus ideas políticas.