La principal asociación prohíbe a sus miembros participar en interrogatorios en el extranjero a sospechosos de terrorismo.
Estados Unidos todavía arrastra las heridas de los años oscuros tras los atentados del 11-S. Los abusos en aras de la llamada guerra contra el terrorismo en un clima de miedo a un nuevo atentado propician ahora exámenes de conciencia. Catorce años después de los ataques y tras negarlo reiteradamente, la Asociación Americana de Psicología (APA, por sus siglas en inglés), la mayor del sector, ha admitido que ocultó su apoyo a los controvertidos programas de interrogación a sospechosos de terrorismo llevados a cabo por la CIA y el Ejército estadounidense.
Los psicólogos dieron legitimidad a las torturas aplicadas contra los detenidos, como el ahogamiento simulado o la privación del sueño. Su aval fue clave para que el Gobierno de George W. Bush justificara como lícitas y legales (al estar supervisadas por profesionales médicos) las llamadas técnicas reforzadas de interrogación autorizadas tras los atentados de 2001 y prohibidas por el presidente Barack Obama al llegar a la Casa Blanca en 2009.
Fruto de intereses y fidelidades laborales, la cúpula de la APA “coludió” con el Gobierno Bush para garantizar que las reglas éticas de la asociación no impidieran a sus psicólogos estar involucrados en el programa de interrogación, que se desarrollaba en cárceles secretas de la CIA y prisiones militares, como la de Guantánamo (Cuba).
Esa es la conclusión de un informe independiente solicitado por la APA el pasado noviembre tras la publicación de un libro que detalla su contribución a los abusos a detenidos. El informe, elaborado por David Hoffman, exfiscal general adjunto de EE UU, se difundió a mediados de julio. Sus consecuencias han sido tajantes: la asociación se ha disculpado, cuatro altos cargos se han marchado y la APA ha aprobado prohibir a sus 130.000 miembros participar en interrogatorios en el extranjero de detenidos de EE UU.
“Estamos profundamente trastornados por los hallazgos del informe y estamos determinados en solucionar los problemas”, señala en una entrevista telefónica Susan McDaniel, la presidenta electa de la APA que lideró la asamblea del pasado 7 de agosto en que se aprobó la prohibición.
McDaniel —que nunca ha trabajado en interrogaciones— afirmó desear que la investigación se hubiese efectuado antes, pero evita dar cifras de psicólogos involucrados ni mirar al pasado. Promete una asociación que cuente con la “confianza pública”, pero admite que no será fácil revertir la mala imagen.
Portavoces del Departamento de Defensa y de la CIA consultados por este periódico declinaron hacer una valoración del informe.
El Ejército estadounidense y la CIA no pueden entenderse sin la psicología. Los lazos son estrechos y no exentos de polémica. Desde hace un siglo, los militares han usado el conocimiento psicológico para reclutar y ayudar a soldados, y analizar al enemigo. Durante sus 68 años de historia, la agencia de inteligencia ha recurrido a la psicología para conocer mejor la mente humana, ya sea con experimentos con LSD en los años sesenta para destapar mentiras o manuales sobre qué tipo de dolor infligir en interrogatorios que se aplicaron, por ejemplo, en Centroamérica en los años ochenta.
Tras el 11-S, dos psicólogos —que no eran miembros de la APA— dirigieron el programa de torturas de la CIA. Según un informe del Senado difundido en diciembre, ese programa no aportó información sobre sospechosos de terrorismo que no se pudiera haber obtenido por medios menos agresivos. La CIA y los defensores del programa esgrimen que el programa abortó ataques terroristas.
Stephen Soldz, director de la Escuela de Psicoanálisis de Boston y que lleva casi una década denunciando la contribución de la APA a los interrogatorios, explica que esas técnicas se basan en la llamada teoría de la indefensión aprendida desarrollada en los años sesenta por el psicólogo estadounidense Martin E. P. Seligman. Mediante experimentos con descargas de electrochoques a perros, Seligman determinó que llega un momento en que los perros se rinden.
La aplicación de esa teoría a los interrogatorios, según Soldz, alega que las torturas llevan a un “momento en que el detenido pierde toda esperanza” y cede por completo a las peticiones de los interrogadores. “Esa teoría científica les proporcionó una cobertura: ‘No estamos torturando a gente, estamos haciendo lo que los expertos psicólogos dicen que es necesario para obtener información’”, lamenta el psicoanalista, que publicó en abril un informe con conclusiones similares al de Hoffman.
El documento del exfiscal adjunto apenas analiza el grado de participación de psicólogos de la APA (se sabe que el director ético entrenó a interrogadores del Pentágono) en las agresivas técnicas empleadas con los detenidos, calificadas como tortura por Obama. El informe se centra en el papel de la asociación: suavizó sus estándares éticos para permitir a sus psicólogos colaborar con la Administración de Bush, lo que vulneró el principio profesional de no hacer daño intencional a un paciente.
Con la nueva prohibición, la APA ha pedido al presidente Obama que retire a los psicólogos que participan actualmente en interrogatorios a sospechosos de terrorismo en Guantánamo y otros lugares en el extranjero (como navíos militares).
El Comité Internacional de la Cruz Roja, la única organización independiente con acceso a Guantánamo, denunció en 2004 que los militares estadounidenses utilizaron intencionadamente coerción psicológica y física “equivalente a tortura” contra los reos en la cárcel, abierta en 2002 en esa base estadounidense en Cuba. También reveló que los doctores en Guantánamo comunicaban a los psicólogos que asesoraban a los interrogadores información sobre el estado mental de los presos y sus vulnerabilidades, por ejemplo determinadas fobias.
Tras la difusión del informe de Hoffman, la ONG Médicos para los Derechos Humanos ha reclamado —según explica su analista Sarah Dougherty— al Departamento de Justicia que inicie una investigación delictiva contra la APA por su “papel deliberado en garantizar” que los psicólogos pudieran participar en los abusos. Hasta ahora, sin embargo, el Gobierno de Obama no ha perseguido judicialmente ninguna de esas acusaciones de tortura.