El funcionario detalló las ventajas de la iniciativa para regular la telefonía móvil y explicó por qué no fijarán precios, aunque aclaró que pueden frenar aumentos. Dejó abierta la posibilidad de licitar espectro y afirmó que siguen trabajando en Libre.ar.
El secretario de Comunicaciones, Norberto Berner, difundió a comienzos de mes un proyecto de reglamento de usuarios de telefonía móvil que se debatirá en una serie de foros hasta el 23 de octubre. En diálogo con Página/12, el funcionario detalló las ventajas de la iniciativa y explicó que no regularán precios, aunque aclaró que están en condiciones de frenar aumentos por razones de interés público. Además, dijo que vienen trabajando con las empresas y los municipios para que se incremente la inversión en antenas y dejó abierta la posibilidad de licitar más espectro para brindar banda ancha de alta velocidad. Al ser consultado sobre la creación de una empresa estatal de celulares, respondió que Arsat sigue trabajando en el proyecto, pero sostuvo que quizás el objetivo se haya malinterpretado. “Cuando se propone a Libre.ar como operador móvil virtual, no se piensa como una solución para la calidad de las telecomunicaciones sino para generar competencia en determinados lugares donde no la hay”, agregó.
–Usted afirmó que uno de los principales problemas de la telefonía celular es la falta de inversión de las empresas, ¿el reglamento de usuarios puede ayudar a revertir esa situación?
–Todas las medidas que tomamos tienen como objetivo incentivar una mayor inversión. El reglamento de usuarios ofrecerá más herramientas para reclamar y les exigirá a las empresas una mejor atención de esos reclamos. En la actualidad, de cada cien reclamos de servicio de telefonía que recibe la Comisión Nacional de Comunicaciones (CNC), 70 corresponden a telefonía fija. Esto no es porque las líneas fijas funcionen peor que las móviles sino porque el mecanismo que las regula genera más incentivos para hacer los reclamos al garantizar una solución de los problemas. En el caso de la telefonía móvil, si hoy las empresas no responden se les puede aplicar una multa, pero no se le da una solución al usuario. Lo que buscamos generar es un esquema de mediación para brindar soluciones, más allá de las sanciones que correspondan, pero en definitiva lo que les va a convenir a las empresas es mejorar la calidad del servicio para que haya menos reclamos y tener que gastar menos dinero para atenderlos.
–Las empresas afirman que no han instalado más antenas para mejorar la cobertura porque las municipalidades les ponen muchos obstáculos.
–Es cierto que hay una cuestión interjurisdiccional. Una parte de la regulación le corresponde al gobierno nacional y otra al gobierno local. No ha quedado del todo claro cómo es esta relación y cada municipio tiene su ordenanza con distintos niveles de restricción. Lo que hemos hecho es convocar a las empresas, generar una propuesta de despliegue común para cada municipio y hablar con los intendentes para avanzar con la implementación.
–¿Eso ayudó a destrabar la situación?
–Los planes de las empresas están apareciendo y los estamos compartiendo con los municipios para tratar de mejorar. Al mismo tiempo, estamos trabajando con Vialidad Nacional y la Agencia de Administración de Bienes del Estado para localizar nuevos sitios que sean útiles para las empresas.
–Cuando el terreno está identificado, ¿cuáles son las objeciones que plantean las municipalidades frente a la instalación de antenas?
–El impacto en la salud, el visual y el que generan en la cotización de las viviendas. La Organización Mundial de la Salud ha dicho que debajo de determinados umbrales las radiaciones no ionizantes son tan perjudiciales como el café. La CNC realiza mediciones, las universidades han intervenido, y los resultados muestran que las instalaciones que ponen las empresas son muy buenas. Además, hay que tener en cuenta que mientras más antenas haya, el riesgo es menor. Los teléfonos de última generación detectan la distancia a la que está la radio base y si está más lejos incrementan la potencia. En lo que respecta al impacto visual, las empresas deben ser más creativas y disimular las antenas, ya sea como árboles o tanques de agua, lo cual a su vez va a disminuir el impacto que provoca sobre el valor de la propiedad tener una antena cerca. Eso se soluciona con mejor ingeniería.
–Las empresas también sostienen que su expansión está condicionada por la falta de espectro radioeléctrico.
–Las empresas dicen que con más espectro podrían resolver los problemas. Puede ser, pero hay una obligación que establece que deben aplicar el sistema más eficaz, más eficiente y la última tecnología disponible sobre el espectro que ya poseen y no cumplieron. Tenían que ofrecer servicios de tercera generación (3G) y se durmieron. Desde 2007 existe en Argentina la posibilidad de instalar 3G, pero nunca avanzaron con un plan serio de traspaso de 2G a 3G.
–¿Dónde figura esa obligación de utilizar la última tecnología?
–En los pliegos de privatización, en los pliegos de asignación del espectro y en el resto de la normativa vigente. Al no cumplir se les hizo un cuello de botella y vinieron a golpearle la puerta al Estado para que solucione el problema con las frecuencias que están disponibles, pero nunca acompañaron el crecimiento del mercado con un plan de la industria porque no lograron ponerse de acuerdo.
–¿Se tenían que poner de acuerdo en qué?
–En compartir las redes y en armar un plan de despliegue para cambiar de 2G a 3G.
–¿Una empresa sola no lo podía hacer?
–Sí, pero se pusieron de acuerdo para no hacerlo.
–Porque si lo hacía una sola iba a terminar subsidiando a las otras.
–Exacto, pero ya les dijimos que la red se tiene que compartir, tiene que funcionar muy bien y el diferencial de calidad tiene que pasar por otro lado.
–Las empresas podrían haberse puesto de acuerdo antes, pero la exigencia del Estado también podría haber llegado antes.
–Ahora lo están haciendo. En los últimos meses han mejorado bastante y el compromiso de inversión también es mayor. Sin duda, si lo hubieran hecho antes podrían haber acompañado mejor el crecimiento del mercado, pero las inversiones tendrían que haber sido mucho mayores. En los últimos años, la relación entre los ingresos y la inversión de las telefónicas estuvo cerca del 8 por ciento. Las empresas dicen que fue más porque contabilizan como inversión el subsidio para facilitar la venta de terminales, pero eso no es inversión de red. Las consultoras internacionales sostienen que una inversión del 20 por ciento de los ingresos equivale a expansión, que un 15 por ciento es igual a mantenimiento y que un 10 por ciento significa que se están yendo. El problema es que desde hace varios años el nivel de inversión de las empresas está por debajo del 10 por ciento.
–Si las empresas hubieran invertido más, ¿el Estado ya les habría asignado más espectro?
–Se iban a licitar frecuencias y existió una serie de problemas que oportunamente explicó el ministro (Julio) De Vido y que llevaron a suspender esa licitación, pero no se descartan nuevas licitaciones de espectro. Pueden venir y vamos a ver con qué modelo, sobre todo pensando en el desarrollo de servicios de cuarta generación (4G). Igual es necesario que la inversión crezca porque las nuevas tecnologías requieren más antenas y más fibra óptica.
–¿El espectro que podría licitarse es el mismo que se iba a otorgar el año pasado?
–No. El espectro que estaba previsto otorgar es el que devolvió Movistar a partir de la fusión de Unifon y Movicom. Son frecuencias muy distintas que no les sirven a todas las compañías por igual. Las que se podrían licitar en el futuro son frecuencias de 1700, 2100 y 700 Mhz que sirven para 4G. Están pensadas para Internet de banda ancha y permitirán alcanzar velocidades de entre 20 y 30 megas.
–¿El proyecto de la empresa estatal de telecomunicaciones Libre.ar sigue vigente?
–Sí, Arsat está trabajando muy fuerte, pero quizás el objetivo se haya malinterpretado. Cuando se propone a Libre.ar como operador móvil virtual, no se piensa como una solución para la calidad de las telecomunicaciones sino para generar competencia en determinados lugares donde no la hay. Cuando Arsat avanzó en el trabajo que le indicó el ministro De Vido, detectó que lo que necesitábamos es calidad en las redes porque el esquema de operador móvil implica utilizar las redes existentes. Por lo tanto, no se iba a crear un producto de mayor calidad que el que ofrecen las empresas en la actualidad
–Le iba a comprar tráfico a las telcos.
–Es un esquema similar al de Nuestro, la compañía de servicio móvil que organizó Fecosur con la interconexión que le da Personal, pero el problema iba a seguir siendo la calidad del servicio. Por eso nos pusimos a trabajar para tratar de solucionarlo. Arsat sigue trabajando en Libre.ar, pero necesitamos que la red mejore.
–Pero si la calidad de la red mejora, ¿Libre.ar seguiría siendo necesaria?
–La necesidad de Libre.ar es generar competitividad y la idea de una empresa que fije un precio testigo o un servicio diferencial es buena.
–¿Van a regular precios?
–Se mantiene el esquema de regulación de precios establecido en la resolución 490 de 1997. Esa norma dice que los precios son libres, pero que por razones de interés público se puede requerir autorización previa o aplicar algún tipo de restricción.
–¿Por qué directamente no los regulan?
–Las asociaciones de consumidores están pidiendo eso porque es lo único que el proyecto de reglamento de usuarios no contempla, pero de todos los casos que hemos estudiado en el mundo sólo dos declaran a la telefonía celular expresamente como servicio público (Colombia y Chile) e incluso en esos países la tarifa está desregulada. Lo que hay son esquemas muy parecidos al nuestro, de autorización previa. De todas formas no descarto la discusión, aunque tenemos compromisos jurídicos que habría que revisar.
–¿Qué compromisos?
–Los pliegos de privatización de los ’90. Igual se puede trabajar sobre los precios. Nosotros lo hemos hecho con el aumento programado para septiembre.
–Pero si una empresa quiere aumentar y no acepta una sugerencia en contrario, ¿qué puede hacer el Gobierno?
–Podríamos frenar el aumento por razones de interés público, pero la idea es mantener la responsabilidad en los operadores, y si los operadores explican claramente los motivos no va a hacer falta recurrir a esa opción.
–El precio del minuto para el cliente prepago es considerablemente más caro que para el pospago, ¿van a sugerirle a las empresas que revisen esa situación?
–Lo primero que se les va a exigir a las empresas es que identifiquen a sus clientes prepagos y que les brinden un detalle de cuánto pagan por el minuto y qué promociones tienen. A partir de ahí, se va a poder analizar con más elementos el precio del prepago, tal como se analiza el precio del pospago.
–¿Van a extender la vigencia del crédito para los clientes prepagos?
–La propuesta es que dure al menos 180 días corridos y cuando el crédito se acumula se tiene que debitar priorizando las recargas que tengan vencimiento más próximo.
–¿Las empresas les explicaron por qué ahora el crédito de las recargas vence en plazos cortos?
–No terminaron de explicarnos claramente cuál es la razón. Puede ser que exista una razón técnica para que tengan vencimiento, pero nos parece que un mínimo de 180 días es un plazo razonable.