Ante la creciente presión policial en Barcelona, fenómenos como el de los narcopisos se ha trasladado a Hospitalet.
iles de vecinos de Hospitalet de Llobregat han salido a las calles en las últimas semanas para clamar contra una inseguridad que, según datos oficiales, sitúa a la ciudad como la de mayor índice delictivo de Cataluña, solo superada por el distrito de Ciutat Vella de Barcelona.
Con un incremento del 6,2 % en los delitos registrados en 2024 respecto al año anterior, y entre los que destaca el tráfico de drogas, que se disparó un 48,5 %–, esta ciudad limítrofe con Barcelona vive un polvorín de narcopisos, robos y microcriminalidad que se traslada desde la capital catalana.
Barrios como Bellvitge, La Torrassa o La Florida se han convertido en focos de quejas ciudadanas, con la formación de patrullas vecinales como respuesta desesperada a la «falta de presencia policial».
La oposición, ERC y PP han retomado la petición del un pleno extraordinario para abordar con urgencia los problemas de seguridad, de los que también responsabilizan por «abandono» a los diferentes gobiernos socialistas, el anterior de Nuria Marín, y el actual con David Quirós. Mientras tanto, los sindicatos de la Guardia Urbana alertan de una plantilla bajo mínimos: solo 340 agentes frente a las 440 plazas presupuestadas.
Los balances de criminalidad del Ministerio del Interior y la Generalitat confirman lo que los vecinos denuncian a diario: Hospitalet encabeza el ranking de ciudades catalanas en índice delictivo, duplicando o triplicando las cifras de Terrassa, Sabadell o Badalona en la mayoría de tipologías penales. Se deja de lado Barcelona por su escala demográfica (1,6 millones de habitantes frente a los 300.000 de L’Hospitalet).
En el segundo trimestre de 2024 se registraron 9.818 incidentes delictivos en la ciudad, cifra que escaló a 10.771 en el mismo periodo de 2025, un repunte que incluye no solo delitos graves, sino también incidencias menores como ruidos, peleas o vehículos en doble fila, en los que Hospitalet duplica a Badalona, la segunda en el ranking, y a los que la Guardia urbana también tiene que hacer frente.
Por tipos de delitos, el tráfico de drogas lidera el aumento: un 48,5 % más en 2024, impulsado por la proliferación de narcopisos: 23 se han cerrado en lo que va de año, aunque por cada uno clausurado surgen dos o tres nuevos, denuncia la Guardia Urbana. Le siguen los robos con violencia e intimidación, con un incremento del 23,1 %, y los hurtos, que crecieron un 12,4 %. En delitos contra la libertad sexual, el incremento en Hospitalet fue del 23 % en 2025.
«Duplicamos y triplicamos a cualquiera de las otras grandes poblaciones de Cataluña, exceptuando Barcelona», resume Juanjo Torán, portavoz del sindicato mayoritario de la Guardia Urbana (SPL-CM), quien atribuye esta deriva a la presión policial en Barcelona que «expulsa» el problema a barrios fronterizos como La Torrassa, Pubillas o La Florida.
La frustración ha pasado de las redes sociales a las calles: el 1 de octubre, unos 3.000 vecinos recorrieron desde la Plaza de la Bòbila hasta el Ayuntamiento, para denunciar que «estamos hartos de ver cómo nuestros barrios se degradan». En Bellvitge, uno de los epicentros de las quejas, se han organizado patrullas vecinales ante la «inacción municipal».
Unas patrullas, que empezaron a surgir en mayo en zonas como Bellvitge y Plaza Encina, y que responden a una «desesperación» por la ausencia de agentes: «los vecinos están organizando patrullas vecinales ante la inacción del gobierno municipal socialista en seguridad», han denunciado desde el PP. Aunque eso sí, la policía advierte que este tipo de iniciativas «no es lo deseado».
Torán deja claro que «lo idóneo sería que no hiciese falta, que la administración garantice la seguridad», pero reconoce que «cuando no hay presencia policial, la delincuencia crece y la gente se siente desprotegida».
Este policía local habla, sobre todo, del fenómeno de los narcopisos en la ciudad, que describe como el núcleo de la creciente inseguridad en Hospitalet. Y es que asegura que estos puntos de venta y consumo de drogas no son un problema nuevo en la zona metropolitana de Barcelona, pero su explosión en Hospitalet responde a un desplazamiento directo desde la capital catalana, provocado por la intensificación de la presión policial e inmobiliaria allí.
Los narcopisos
Y ahora, este tipo de negocio se ha «trasladado», se ha «expulsado» el problema a Hospitalet. En Barcelona, especialmente en barrios como el Raval, la policía ha adoptado una táctica efectiva de vigilancia disuasoria: «ellos lo que hacen es poner un coche policial delante de un narcopiso cuando se le ha localizado. Y a todo el que entra y sale de esa comunidad se le identifica, se le cachea y cuando llevas una semana quitándole la droga a todo el que entra y sale, es un narcopiso que no sirve».
Esta estrategia, aplicada de forma masiva, asfixia el negocio al interrumpir el flujo de clientes y mercancía. El resultado, dice Torán, es que «estás fastidiándoles el negocio. ¿Y qué es lo que hacen? Se trasladan a una zona en la que no haya tanta presión. ¿Y eso dónde es? Ahora mismo Hospitalet».
Esta migración no es casual, sino estratégica. Hospitalet, con sus barrios fronterizos como La Torrassa, Pubilla Casas o La Florida, todos pegados a Barcelona, se convierte en el destino ideal por su proximidad al «mercado amplio» barcelonés, pero con menos escrutinio. Torán enfatiza la falta de recursos locales: «En Hospitalet no tenemos suficientes efectivos para poner un coche patrulla delante de cada narcopiso que se detecta y tenemos una patrulla. Tenemos una unidad de paisano que se dedica a eso, a los narcopisos y al trapicheo y al tráfico de droga, pero no dan abasto».
El impacto en la ciudad es claro: microcriminalidad, prostitución y un «efecto multiplicador». De hecho, Torán resalta cómo un solo narcopiso genera un ecosistema de inseguridad que trasciende las drogas, porque «lo que hace es atraer delincuencia alrededor del narcopiso, porque ahí va gente que va a drogarse y entonces para drogarse necesita dinero para comprar el chute, para comprar el tiro. Y eso lo que crea es una microcriminalidad alrededor de donde esté ese narcopiso». Eso incluye hurtos, robos menores y altercados para financiar el consumo, convirtiendo barrios enteros en zonas de riesgo.
Además, añade otra cuestión: «en muchos de los narcopisos se ha encontrado prostitución. Por lo tanto, la criminalidad, la delincuencia, la inseguridad que genera un solo narcopiso en un barrio es enorme». Torán ilustra la escala con datos municipales: «Imaginaros que desde la alcaldía se está publicitando que ya se han cerrado 23 narcopisos. Imagínate y estamos hablando solo de qué es lo que genera uno, ¿no? Pues se han cerrado 23, pero por cada uno que se cierra se abren dos o tres en Hospitalet, porque en Barcelona no pueden. En Barcelona no dejan que se empadronen 25 personas en un piso. En Hospitalet no hay control sobre eso».
Pero Juan Torán aborda también las limitaciones operativas y legales que frenan la respuesta: «detectar narcopisos es relativamente fácil. Lo que no es fácil, con las leyes que hay y con los medios con los que disponemos, es poder entrar en todos a la vez o poder entrar de manera más rápida sin tener que hacer un seguimiento de, a lo mejor, dos o tres semanas para poder demostrar a un juez que en ese narcopiso entran 50 personas cada día a comprar droga y a consumir». Torán dice que esta situación ha explotado ahora, pero la Guardia Urbana ya lleva «años denunciando» esta situación.
Pleno exrtraordinario
Desde la oposición, la portavoz del Grupo Municipal del PP, Sonia Esplugas, ha pedido en reiteradas ocasiones que «ante la falta de compromiso del gobierno socialista con la Guardia Urbana, desde el Grupo Popular queremos que el gobierno dé explicaciones públicas sobre la situación de inseguridad que sufre la ciudad y los motivos por los que no se está negociando con la policía local, pues al final son ellos parte de la solución, mientras el alcalde Quirós está demostrando ser parte del problema».
De ahí que haya decidido reactivar, junto con ERC, la petición para que se celebre un pleno extraordinario para abordar la situación. Ha recordado que, a principios de septiembre, «reclamamos formalmente la celebración de un Pleno extraordinario de seguridad, y, esperando la convocatoria formal, decidimos en un ejercicio de responsabilidad, dejar esta petición sobre la mesa condicionándola a que el gobierno municipal retomase, en el plazo de una semana, las negociaciones con la Guardia Urbana respecto a sus reivindicaciones laborales».
Pero la concejal del PP también lamenta que el alcalde «no asuma su responsabilidad» ante la inseguridad que vive en el municipio y «se dedique a culpar al resto de instituciones, a las normativas y a otras leyes de ámbito nacional, para maquillar su inoperancia en la gestión de competencias municipales tales como el cumplimiento de ordenanzas municipales, el control de la seguridad y la resolución del conflicto con la Guardia Urbana».