La Procelac promovió una denuncia contra la cúpula que ya está en la Justicia federal. Los sindicalistas se pusieron a disposición y pidieron no ir presos. No hay imputados.
Una parte de la cúpula gremial de Luz y Fuerza pidió ayer la exención de prisión en la Justicia federal tras ponerse a disposición, luego de conocerse públicamente una denuncia de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac) por presunta asociación ilícita y lavado de dinero.
Esa denuncia les atribuye a seis miembros de la conducción del gremio y a otras seis personas más haber integrado una organización delictiva que cometió lo que en el Código Penal se conoce como defraudación por administración fraudulenta, según la formulación de Procelac.
Fuentes de la investigación indicaron que la presunta defraudación sería por cientos de millones de pesos y habría ocurrido mediante operaciones con cheques, contrataciones de terceros involucrados con el gremio, compras millonarias de fichas de casino y adquisición de bienes.
Entre los nombres de la denuncia aparecen: Gabriel Suárez (secretario general); Jorge Molina Herrera (secretario adjunto); Fernando Navarro (secretario de finanzas); Daniel Lozano (subsecretario de finanzas); Rodolfo Bonetto (secretario gremial); Roque Tapia (subsecretario de previsión social); Alexis Fidelbo, José Galván, Carlos Vaca, Juan Farías, Emilio Chaer y Héctor Juri.
En sede judicial indicaron que contra los gremialistas “no hay imputación ni promoción alguna de acción penal”.
A raíz de una publicación del diario La Nación que indicaba que el fiscal Enrique Senestrari estaba investigando, los nombrados en la denuncia se presentaron ayer en la Justicia federal de manera espontánea para ponerse a disposición del fiscal y pidieron la exención de prisión.
Mecanismo
A los sindicalistas y a otros empleados del gremio se los sospecha por librar cheques contra cuentas bancarias del sindicato que, a partir de endosos, terminaron en manos de personas de confianza del gremio. Algunas de esas personas, según los investigadores, mostraban inconsistencias ante el fisco, algunos no registraban actividad comercial o eran beneficiarios de planes sociales.
Según se desprende de esta denuncia, millonarias cifras fueron otorgadas mediante cheques a personas sin actividad registrada, cuya situación fiscal y patrimonial no guarda relación alguna con los bienes que poseen ni con los fondos que recibieron, por cuanto sospechan que sólo participaron del pasamanos de esos instrumentos.
También se les atribuye el libramiento de cheques del sindicato hacia miembros de su comisión directiva.
Desde el gremio sospechaban ayer que la denuncia había sido originada en una presentación de la gerencia de la Empresa Provincial de Energía (Epec); sin embargo, voceros de esa entidad negaron ayer esa posibilidad y señalaron que la Justicia “actuó de oficio”.
La investigación fue impulsada por los cotitulares de Procelac, Mario Villar y Laura Roteta.
Este medio intentó comunicarse con ambos, pero desde la Procuraduría no brindaron más información.
La cautela es extrema en la Fiscalía a cargo. El fiscal Enrique Senestrari no brindó detalles sobre ese escrito y negó que hubiera alguna imputación contra los sindicalistas.
“Si se trata de una investigación preliminar yo no podría estar comentándola por los medios, no puedo hablar ni una sola palabra sobre una investigación en curso, si así lo fuera. Nadie puede mencionar nada sobre una investigación en curso si no hay personas imputadas. No hay requerimiento de instrucción”, dijo Senestrari.
De todos modos, los abogados Claudio Orosz y Pablo Ramiro Fresneda asumieron el asesoramiento de los sindicalistas y los acompañaron ayer a Tribunales Federales .
“Hicimos un escrito en presentación espontánea, un pedido de eximición de prisión. Además pusimos a disposición toda la documentación y todo lo digital que está tanto en el sindicato como en la casa de cada uno de los mencionados, y negamos ad initio cualquier tipo de actividad que pueda ser considerada delictiva”, dijo Orosz.
La investigación ve la luz a poco menos de una semana en la cual el gremio lucifuercista protagonizó un enfrentamiento con la Policía que terminó con la represión de la fuerza de seguridad y la posterior detención de 10 gremialistas.
Los delitos que figuran en la presentación de la Procelac son los mismos por los que están imputados los principales dirigentes del Surrbac, Mauricio Saillén y Pascual Catrambone.
El gremio emitió ayer un comunicado mediante el cual informó que se puso a disposición de la Justicia, que los domicilios sindicales y de los mencionados en la denuncia “están abiertos” y que no hace falta “orden de allanamiento”.
“Nuestro gremio está librando una lucha en defensa de nuestro Convenio Colectivo de Trabajo y, por más que judicialicen nuestra protesta, no vamos a dejar de insistir”, expresaron.
Multas por la protesta: actuó el Tribunal de Faltas
El Juzgado de Faltas N° 6, a cargo de Raúl Vera Ocampo, multó al sindicato de Luz y Fuerza por la protesta del viernes 6 de septiembre y la cifra que podrían alcanzar dichas infracciones alcanzaría los $ 191.000. Fuentes municipales informaron que el sindicato fue notificado ayer por el juzgado, que los convocó a presentar un descargo en el plazo de tres días. Las infracciones que le imputan al gremio son por “alterar el tránsito” y entorpecer el transporte público de pasajeros y por la “quema de neumáticos en la vía pública”. La unidad de multa está actualmente en $ 382. Por la quema de neumáticos, las multas van de las 100 a 300 unidades, mientras que por entorpecimiento de 100 a 200 unidades.