El abogado de la Fundación Apolo cuestionó el uso público del caso por parte de la policía de Río de Janeiro, advirtió sobre la falta de reacción del Estado argentino y planteó que la causa presenta elementos que deben ser revisados en el plano político y diplomático.
El abogado de la Fundación Apolo, José Magioncalda, expresó su preocupación por la situación de la joven argentina detenida en Río de Janeiro y sostuvo que el Estado nacional debe asumir un rol activo frente al caso. “La Cancillería tiene que cumplir su obligación de intervenir”, afirmó en diálogo con la 99.9, al tiempo que advirtió sobre la escasa atención que el tema recibe tanto en el ámbito institucional como en la opinión pública.
Según explicó, el episodio se desarrolló en distintas etapas. En un primer momento, se sostuvo que la joven había realizado gestos racistas contra un empleado de un bar tras una discusión por la cuenta, lo que derivó en su detención, la colocación de una tobillera electrónica y la retención de su pasaporte. Sin embargo, posteriormente se difundieron videos que, de acuerdo con su interpretación, mostrarían que los gestos fueron una reacción frente a una agresión previa con connotaciones sexuales. “Hasta es difícil verificar si esto fue realmente una cuestión de racismo o simplemente una respuesta a alguien que se estaba comportando de manera agresiva”, señaló.
Magioncalda también cuestionó la utilización pública del caso por parte de la policía brasileña. Indicó que las imágenes habrían sido empleadas en una campaña con un mensaje ejemplificador contra la discriminación, lo que —a su entender— desdibuja el objetivo de impartir justicia. “No pareciera que se esté haciendo justicia, sino más bien una campaña antidiscriminación que toma como eje a una extranjera para dar un mensaje”, sostuvo. En esa línea, consideró que la exposición de datos personales y la difusión de la imagen de la joven resultan improcedentes, incluso ante la eventual existencia de un hecho delictivo.
El abogado remarcó además que el caso posee una dimensión política que excede la defensa judicial individual. “Hay un componente político donde el Estado argentino tiene que intervenir”, insistió, y vinculó esa necesidad con antecedentes de violencia contra ciudadanos argentinos en territorio brasileño y con la obligación de resguardar a los nacionales en el exterior.
Finalmente, planteó que las advertencias oficiales sobre condiciones de seguridad en otros países constituyen una herramienta diplomática habitual en naciones con mayor tradición institucional. “Ese tipo de gestos ayudan a modificar conductas y también tienen peso en cualquier mesa de negociación diplomática”, concluyó.