Salud. Ocurrió en Morón. Los acusan de haberle hecho un mal diagnóstico, que derivó en las muertes. Hay dos prófugos. Investigan otros 200 casos ocurridos en la misma clínica.
“Me sacaron al amor de mi vida. Quiero justicia”. Luis Zayas no puede ocultar su dolor. Tampoco su indignación. Su esposa, Mariela González, falleció junto a su bebé de ocho meses de gestación, en mayo del 2013, en el Instituto Agüero de Morón. Poco después los familiares denunciaron a los médicos por mala praxis y ahora la Justicia hizo lugar a su reclamo: imputó por doble homicidio culposo a siete de los profesionales que atendieron a Mariela. Cinco de ellos declararon y están en libertad. Otros dos permanecen prófugos, con pedido de captura internacional.
En mayo del 2013, tras un primer examen médico, Mariela González fue medicada con un corticoide y volvió a su casa. Sin embargo, el dolor siguió, por lo que la embarazada regresó el domingo 12 de mayo a la clínica. Allí, los obstetras que la atendieron notaron que su bebé estaba muerto. Le practicaron una cesárea y quedó internada en terapia intensiva. Tres días después, la joven entró en coma farmacológico y murió en la clínica. Según los médicos, tanto Mariela como su bebé fallecieron por una hepatitis fulminante que ella venía incubando y se manifestó aquel domingo.
El lunes la fiscal de la causa, Cecilia Corfield, allanó la clínica y detuvo a dos de los médicos: “Con la repercusión que tuvo el caso, otros imputados se acercaron a declarar. Pero todavía quedan dos que están prófugos y que ya tienen pedido de captura internacional”. Para determinar que hubo mala praxis, la fiscal se basa en una pericia médica que se hizo en La Plata. Determinó que la mujer sufrió el llamado síndrome de HELLP, una complicación obstétrica severa que ocurre en la etapa final del embarazo (ver aparte). “Los especialistas dijeron puntualmente que si se hubiese diagnosticado a tiempo el síndrome de HELLP, que se realiza a través de un informe de laboratorio y que no se hizo, la mujer hubiese estado viva y probablemente el bebé también”.
Luis tiene el dolor a flor de piel, se le nota en los ojos y también en el nudo en la garganta que no le permite continuar. Tiene que frenar, tomar aire y volver a empezar: “Lo que siento es muy doloroso. Nadie controló nada, y acá sigue muriendo gente y y los médicos siguieron trabajando. Estuve 22 años con Mariela y me la sacaron. A ella y a mi bebé. Quiero justicia, quiero que esto no se repita nunca más”, dijo ayer en la puerta de la clínica. Además contó que conoce otros casos parecidos al de su mujer: “Sé de mucha gente que se arrimó y me contó sus casos. Se destapó una olla: espero que paguen”.Corfield además investiga otras 200 muertes que se produjeron dentro del Instituto en 2013:
“En el allanamiento secuestramos el libro donde se registran los fallecimientos y nos encontramos con un número muy alto de muertes en relación a la cantidad de pacientes”.La imputación por homicidio simple contempla penas de entre seis meses y cinco años de prisión, y un período de inhabilitación de cinco a diez años. Pero “el mínimo de la pena se elevará a dos años si fueren más de una las víctimas fatales”, detalla el Código Penal.En su relato del horror, Luis recuerda que el cuerpo de su mujer quedó tirado en un espacio en construcción, junto a una pared de cartón. “Estuvo toda la noche así. A mi hijo lo pusieron adentro de una heladera. Hay cosas que no entran en la cabeza. Mi señora estuvo seis horas en una sala común con dolores y nadie nos explicó nada”.