Son cuatro comunidades que reclaman el reconocimiento por parte del gobierno de Rolando Figueroa. La Provincia había advertido con «intervenir» si las medidas afectaban el orden social.
Los referentes de las comunidades mapuches que reclaman al gobierno de Neuquén la entrega de cuatro personerías jurídicas mantienen la protesta en Casa de Gobierno y ahora instalaron caballos en la que es una de las principales esquinas del centro. «Solo intiman y amenazan», cuestionaron a los funcionarios de la Provincia, que esta semana advirtieron que iban a «intervenir» si se ponía en riesgo el «orden social».
La protesta en la esquina de Roca y Rioja de Neuquén capital comenzó el martes en reclamo de la entrega de cuatro personerías jurídicas a comunidades de la provincia, varias en la zona de Vaca Muerta.
Se trata de las comunidades Newen Kura (ubicada en Rincón de los Sauces), Fvta Xayen (en el paraje Tratayén, Añelo), Kelv Kura (Portezuelo) y Ragilew Cárdenas (Picún Leufú), que hoy no tienen papeles que las reconozcan oficialmente.
Eso implica también que no estén incluidas en los relevamientos territoriales ni que puedan exigir la aplicación de la consulta previa, libre e informada.
En un comunicado difundido este jueves, plantearon que el gobernador «dice que si entrega las personerías pierde autoridad y poder político. Que 290 días de espera paciente es poco». El gobierno se había comprometido a tramitar los reconocimientos en un acta que firmó el ministro Jorge Tobares en septiembre del año pasado.
Caballos en Casa de Gobierno y la advertencia del gobierno
Este jueves, los manifestantes ratificaron la continuidad de la protesta en Casa de Gobierno y hasta llevaron caballos a la esquina de Roca y Rioja.
El gobierno, a través de una nota de prensa, se había referido el martes a la noche a las «acciones directas» llevadas a cabo por las comunidades en conflicto y calificó de «fundamental recordar que el ejercicio del derecho a peticionar debe enmarcarse dentro de la constitucionalidad y la normativa vigente».
Y planteó que «las medidas que tensionen el orden social o que puedan constituir transgresiones administrativas y/o penales, nos obligarán a instar a las autoridades judiciales a intervenir para asegurar la institucionalidad y el orden social».