El vice gobernador Gabriel Mariotto, está trabajando en una reforma que no permita hacer huelgas a los docentes por tiempo indeterminado.
Gabriel Mariotto tocó ayer el nervio más sensible del sindicalismo criollo: propuso una reforma que considere a la educación como un servicio público esencial para limitar la salvajada de las huelgas docentes por tiempo indeterminado, como la que agrede hoy a millones de familias de su provincia. Por si reclamaban cita de autores, refirió el antecedente de la Constitución de Ecuador, inspirada por un tercerista como él, Rafael Correa, que directamente “prohíbe la paralización de los servicios públicos de salud y saneamiento ambiental, educación, justicia, bomberos, seguridad social, energía eléctrica, agua potable y alcantarillado, producción hidrocarburífera, procesamiento, transporte y distribución de combustibles, transportación pública, correos y telecomunicaciones”. Ni Daniel Funes de Rioja, el referente más visible de la patronal argentina, soñó con tanto.
Mariotto sigue en esto ahora también a Daniel Scioli -el político cuyo hostigamiento le habían confiado desde el Senado de La Plata- quien había pedido lo mismo hace un año y frente a una huelga docente más suave que ésta. También se copia de Mauricio Macri, quien hace unos meses imaginó un proyecto para declarar el servicio de subtes como servicio público esencial. Desde hoy los sindicalistas tienen otro enemigo en el vice bonaerense.
Declarar un servicio como “público esencial” obliga a sus prestadores a no interrumpirlo de manera sorpresiva ni por tiempo indeterminado, e identifica a la actividad como el ejercicio de un derecho humano y personal que no puede ser limitado por decisión unilateral. En todo el mundo hay servicios declarados de esa índole, y se impide la interrupción con paros de los vuelos aéreos, los hospitales y otras prestaciones de las cuales no puede prescindir el público.
En la Argentina el sindicalismo ha impedido durante décadas que se modifiquen las normas para que ciertas actividades sean incluidas en esa caracterización que podría evitar, si se las aplicase, la extorsión de protestas que en lugar de hacerse sobre las patronales, se ejercen sobre los usuarios convertidos en víctimas rehenes.
Todos los años en la OIT los representantes del mundo laboral argentino -los caciques sindicales y el ministerio de Trabajo- cosechan aplausos de los participantes de la cumbre anual en Ginebra al sostener ante el mundo que en la Argentina se ha logrado que no se le impongan a los servicios el rango de público y esencial. Esto rige en muchos países y el testimonio más cercano lo dan los sindicatos aeronáuticos de España, que cada vez que le hacen una huelga a Iberia negocian, desde meses antes, cómo se van a proteger los derechos de los usuarios. Estos saben, mucho tiempo antes, cuándo habrá interrupción de servicios -que nunca son totales- y tienen la posibilidad de ejercer su derecho a organizarse ante esa emergencia.
En la Argentina hubo varios proyectos -algunos pergeñados por el oficialismo desde 2003- que intentaron declarar a algunos servicios como públicos y esenciales, como los vuelos comerciales, cuyos usuarios arriban a los aeropuertos siempre con la duda sobre si habrá o no un paro sorpresivo. Ni pensar en el ánimo de quien debe trasladar un enfermo, cerrar un negocio o tramitar algo impostergable, en un país donde la geografía impide reemplazar los aviones por otros medios. Todos esos proyectos naufragaron en la comisión de Legislación Laboral que domina desde hace años Héctor Recalde, delegado del gremialismo en el Congreso. También cuando Macri propuso esa declaración para los revoltosos del subte porteño, el ministro Carlos Tomada cargó contra él en protección de los fueros sindicales que también ha defendido en la OIT.
En la Argentina existe una ley de Conflictos del Trabajo (25.877) que establece una lista corta de servicios públicos esenciales que deben ser cubiertos con diagramas de emergencia en una huelga. Figuran allí “los servicios sanitarios y hospitalarios, la producción y distribución de agua potable, energía eléctrica y gas y el control del tráfico aéreo”. Si hubiera necesidad de agregar otros, una reglamentación que firmó Néstor Kirchner (el 27/6/ 2006) prevé que lo decida una comisión integrada por el Estado, los gremios y las universidades. Esa comisión nunca se reunió y la responsabilidad no es de las universidades.
El cambio como el que propuso Mariotto citó el caso Ecuador y pidió una reforma de la constitución provincial. No hace falta: con reunir esa comisión bastaría.
La resistencia sindical a este cambio es otro rostro de la Argentina privatizada, porque ha terminado rigiendo las relaciones laborales de los estatales y su patronal por una ley de derecho privado como es la 25.877, y no por una normativa de derecho público como sería un Derecho Contencioso Administrativo. La Argentina no cuenta con una norma federal que rija ese fuero pero varias provincias las tienen. El Gobierno intenta arrastrar por el barro una reforma al Código Penal, pero logró sacar otra al Código Civil y Comercial que remitió parte de su contenido a un futuro Contencioso Administrativo para el cual todavía no hay una comisión redactora que podría incluir el tratamiento de los servicios públicos esenciales.
Frente a la propuesta de este partero de la historia que viene a ser Mariotto, ¿se animarán por lo menos a reunir la comisión del decreto 272 que amplíe a la educación, por lo menos, como servicio de prestación imprescriptible? El ecuatoriano Correa los va a felicitar.