La abogada Marta Nercellas, junto a otros colegas, denunció penalmente a Sergio Massa por malversación de fondos públicos durante su gestión como ministro de Economía. “No fue una mala praxis, fue un uso doloso de recursos con fines electorales”, afirmó. La causa avanza con lentitud en la Justicia.
La abogada Marta Nercellas reiteró la gravedad de la denuncia penal que presentó, junto a María Eugenia Talerico y el Dr. Guillermo Sabsay, contra el exministro de Economía y excandidato presidencial Sergio Massa. Según explicó en diálogo con Noticias y Protagonistas (FM 99.9), el eje de la presentación apunta al uso fraudulento de 15 mil millones de pesos del Tesoro Nacional durante la campaña electoral de 2023. “No fue una mala praxis, fue un uso doloso de recursos con fines electorales”, subrayó.
“La denuncia la hicimos entre las PASO y las generales, en plena campaña. Lo aclaro porque es importante remarcar lo lento que funciona la Justicia, incluso ante hechos que provocan un daño directo al país”, indicó Nercellas. Y fue contundente al describir el accionar del exfuncionario: “En toda la vida pública de Massa, creo que le escuché una sola verdad: cuando asumió como ministro en 2022 y dijo que ese cargo era incompatible con una candidatura. Lo dijo… y luego lo violó”.
Según explicó, la presentación se elaboró con el respaldo de economistas que colaboraron técnicamente con el análisis del paquete de medidas tomadas por Massa luego de las primarias. “No denunciamos errores técnicos o decisiones mal aplicadas. Denunciamos algo mucho más grave: una conducta deliberada, un conjunto de medidas que vulneraron no solo la economía, sino también la ley electoral y el financiamiento de los partidos políticos”, explicó.
En esa línea, detalló: “Las medidas que tomó después de las PASO fueron todas de impacto electoral: bajas de impuestos, aumentos de asignaciones, bonos, alivios fiscales, sin ningún tipo de respaldo financiero. Dejó al Banco Central sin reservas y con un pasivo récord. Todo eso, para conseguir adhesión social con plata del Estado”.
Nercellas también marcó una paradoja: “Muchas de esas medidas pueden parecer simpáticas porque estaban dirigidas a sectores vulnerables. Pero lo que en realidad hacían era usar el hambre y la necesidad como estrategia electoral, porque no había forma de sostenerlas sin generar inflación. La gente terminó pagándolo con el impuesto inflacionario”.
Consultada por el avance del expediente, señaló: “La causa no fue archivada, pero avanza a paso lento. Nosotros pedimos todos los oficios y pruebas necesarias. La fiscalía los tramita de a uno, a pesar de que los propusimos todos juntos. Además, nadie fue convocado todavía, ni siquiera a declarar como testigo”.
Una de las solicitudes clave es la participación de expertos: “Pedimos que se cite a economistas de cualquier línea, no buscamos parcialidad, solo claridad. Queremos que expliquen si esto fue una simple negligencia o un delito doloso. La fiscalía aún no lo resolvió. Esta semana insistimos antes de la feria judicial”.
La abogada reconoció que la lentitud responde también a la estructura judicial. “La fiscalía que debe investigar está vacante. Hay otro fiscal subrogando. Y eso, sumado a la falta de peritos y personal técnico, demuestra que también hay un vaciamiento del Poder Judicial, que no es casual. Es una política de Estado”.