El abogado Martín Ferrá habló en la 99.9 sobre la presentación que realizó y señaló que “el viernes pasado fueron presentadas las piezas procesales para documentar la situación irregular ante la Cámara de Apelaciones”.
El Dr. Martín Ferrá presentó ante la Cámara de Apelaciones una denuncia contra el accionar del juez Santiago Inchausti en la causa que se denominó públicamente como “Lavado Total”; pero el abogado insiste en explicar que nada tiene que ver con el lavado de dinero todo lo que se ha hecho hasta el momento.
En la 99.9, el letrado señaló que “al margen de las múltiples irregularidades en la causa, solicité a la cámara de apelaciones que se formara una causa penal para investigar la posible comisión de delitos de acción pública contra el magistrado en su actuación durante la instrucción de la causa que podría tipificarse como abuso de autoridad y violación a los deberes de funcionario público, prevaricato, falsedad ideológica de instrumento público e infracción de la ley anti discriminación ante la posibilidad de una persecución ideológica hacia la comunidad gitana”.
Esta presentación ya tuvo respuesta por parte de la justicia que pidió que se ampliara la cuestión y así lo hizo Ferrá: “el viernes pasado fueron presentadas las piezas procesales para documentar la situación irregular ante la Cámara de Apelaciones. El juez ha hecho una deducción matemática que no da ni siquiera para comprobar que se hayan cometido los delitos que se están indicando”.
Hasta ahora, sin demasiadas justificaciones válidas se estuvo accionando indebidamente según el abogado contra muchas personas: “en todo el proceso, fueron 14 los detenidos. Los que yo asistí estuvieron entre 50 y 60 días privados de su libertad y es un tiempo que obviamente no se pueden recuperar. El daño es irreparable”. Además señaló que “se han secuestrado más de 50 vehículos de los cuáles todavía no se restituyó ninguno. Algunos están siendo remitidos a Capital Federal para ser utilizado por el Ministerio de Seguridad. Cuando uno empieza a descubrir estas arbitrariedades, cuesta creerlas”.
Ante este tipo de actitudes de un juez, Ferrá decidió no quedarse sentado mirando y accionar: “¿Los ciudadanos tenemos que tolerar este tipo de abusos? Es un abuso funcional, un abuso del poder que ejerce el magistrado. Cuando un funcionario judicial se excede de la ley comete el delito de abuso de autoridad. Esto no se puede tolerar y no lo debemos consentir los abogados defensores, además de sancionarlo a través de la Cámara de Apelaciones”, concluyó.